Inseguridad ciudadana amenaza a pequeños empresarios: casi 3.000 negocios cerraron y así impacta en su reactivación

De acuerdo al informe de percepción de inseguridad ciudadana, elaborado por el INEI, durante el primer semestre de este año, esta ha aumentado de 82,6% a 86,1% a nivel país, cuatro puntos porcentuales más frente al mismo período del año pasado.

Una cifra que en Lima Metropolitana alcanzó el 89,9%, mientras que en el Callao llega al 88,5%. Por supuesto, no es solo una percepción. En lo que va del año, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha recibido un total de 11.528 denuncias por el delito de extorsión. Algunas de las modalidades más comunes empleadas por los delincuentes están el ‘escopetazo’, chalequeo, cobro de cupos y el ‘gota a gota’.

En base a cifras reportadas por la Asociación de bodegueros del Perú, entre enero y julio se han reportado 9.823 actos delincuenciales contra ellas en la capital. El 42,39% corresponde a cobro de cupos, el 29,45% a gota a gota, un 27, 8% a extorsiones y el resto a asaltos.

Las principales zonas donde se presentan estos casos son Lima Este, con San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate, Santa Anita, seguido de Lima Norte, así como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

Lima Centro no está exenta. Choy, quien también es presidente del Comité de la Pequeña Empresa de Confiep, advierte que estos casos están aumentando en Lince, Magdalena, San Miguel y Miraflores. “Los bodegueros por temor están accediendo a los cobros de cupos”, cuenta.

Una inseguridad que va en aumento y que no solo genera un permanente desasosiego también tiene un costo económico para el país. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha proyectado que la criminalidad le cuesta al Perú 3% de su Productos Bruto Interno (PBI), en base a la data del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 2017.

Como ha explicado Yuliño Anastacio, economista y CEO de Govierna, en una columna en este Diario, el Perú ha experimentado un deterioro de varios componentes críticos del crimen organizado entre el 2021 y el 2023, como se refleja en el Índice de Crimen Organizado Global (ICOG) 2023 como en el Índice Global de Paz (IGP) 2023, que revela no solo un incremento en la violencia, sino también en su costo económico.

“El promedio de criminalidad en el país aumentó de 6,35 a 6,40, lo que a simple vista puede parecernos marginal, pero en el fondo esconde un gran debilitamiento del imperio de la ley y la impunidad. Sin lugar a dudas, el costo económico de la violencia es un factor significativo que frena nuestro desarrollo como país”, refiere Anastasio.

Según el IGP 2023, el impacto económico per cápita de la violencia asciende a aproximadamente US$1.086, lo que puede representar un costo de casi 5% de nuestro PBI. Además del impacto en la calidad de vida y productividad, la violencia obstaculiza la inversión y el crecimiento económico.

Para Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú, definitivamente, no es un secreto que la inseguridad es el primer problema del Perú. “Si no lo entendemos así estamos fritos, no lo vamos a solucionar sin asumirlo. Y quienes deben hacerlo son las autoridades, el Ejecutivo, la Fiscalía, la Policía y también el Congreso“, sentencia.

“La situación genera mucho miedo en el gremio empresarial. Ya no solo afecta a los comercios puerta a calle sino que se ha extendido a otros sectores como transporte, salud o pequeñas empresas que tienen fábricas en Villa El Salvador”, sostiene Choy.

Frente a este flagelo, los empresarios buscan proteger sus negocios y esto genera muchos sobrecostos en los gastos operativos. En el caso de las bodegas, indica, han tenido que incrementar elementos de seguridad, poner rejas, cámaras, sistemas de videovigilancia e ,incluso, muchas bodegas “han asumido como parte de sus gastos el pago de cupos por temor”, apunta.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), estima que todos estos sobrecostos están son entre un 5% y 10%. Normalmente, cuenta, los empresarios asumen estos costos cuando ya han tenido algún tipo de amenaza. En muchos casos, se juntan entre varios y contratan seguridad externa o software de control.

“Estos márgenes, que pueden parecer pequeños, hacen que un negocio sea rentable o no, juegan con su utilidad y terminan afectando a la decisión de que decidan o no ampliar o continuar con su negocio”, asegura.

Ojeda revela que, según pudo conocer, entre un 15% y 20% de pequeños y medianos empresarios han recibido llamadas de extorsión para afectar la sensibilidad de sus negocios.

La modalidad más frecuente es el ‘escopetazo’ (llamadas a diestra y siniestra a empresarios de pymes). “Las mayores amenazas han migrado más hacia la extorsión, a la criminalidad violenta” , indican desde la Asociación de Bodegueros.

Todo esto, agrega Choy, en un contexto en el que las ventas en general no son tan buenas, ya que la recuperación del consumo aún no se percibe totalmente.

La inseguridad es el principal problema del Perú, si las autoridades no entienden eso, estamos fritos”.

Esta situación ha llevado a que 2.600 bodegas tengan que cerrar sus puertas el año pasado, de las cuales pocas han logrado reabrir, reporta Choy. Y podrían cerrar aún más este año si todo sigue igual.

De acuerdo a Ojeda, muchos empresarios en vez de pagar cupos prefieren cerrar. “Pasa con restaurantes, bodegas, spa y otros negocios puerta a calle y expuestos al público. En el caso de muchos de estos negocios, que mueven capital diario, si eres adaltado o extorsionado, sienten que la mejor opción es cerrar”, nos comenta.

Esto, además, impacta en la creación de nuevos negocios y, por tanto, de nuevos empleos. Así también, los empresarios empiezan a ver más las ubicaciones y en “las zonas más seguras, los alquileres se incrementan”, sostiene.

Tal como mencionamos líneas arriba, si bien hay distritos en Lima periférica más expuestos a la delincuencia, Ojeda señala que la policía les ha dicho que esta se va sobrepasando y está llegando también a distritos que se perciben más tranquilos como Surco, Miraflores y La Molina.

Desde Gamarra, Saldaña comenta que todo este contexto genera preocupación y también afecta a las decisiones de inversión y las ventas. “Los empresarios del emporio fabricamos y abastecemos a las mypes mayoristas que tienen su productos en todo el país, pero por miedo deciden no venir a comprar. Eso no solo impacta en la economía de Gamarra sino del país”, apunta.

Como se recuerda, hace pocas semanas, el feriado 30 de agosto, delincuentes balearon a un cambista en el corazón del emporio y esto reaviva la preocupación de los comerciantes, que ya el año pasado salieron a marchar ante el incremento de la inseguridad en sus alrededores.

Saldaña afirma que los emprendedores gamarrinos están indignados y si la situación sigue así, “tendremos que volver a salir las veces que sea necesario. No nos vamos a callar”.

Estos reveses a lo avanzado en seguridad en Gamarra ponen en vilo a la tranquilidad de los empresarios y en riesgo a la recuperación económica del emporio que concentra el 50% de la industria textil del país. “El proceso se frena, aunado a que no hay medidas reactivadoras para las mypes, pero adicional a las mafias, cobro de cupos y comercio informal puede hacer que retrocedamos”, remarca.

Si bien el cobro de cupos ocurre, sobre todo, en el comercio informal que está en los dameros de Gamarra, esto pone en riesgo de extorsiones y delincuencia también a los empresarios formales de las galerías.

De hecho, hasta el momento, Gamarra va al 50% de su recuperación frente a las ventas prepandemia, una cifra que no ha podido avanzar en los últimos años. “Nuestra proyección era llegar al menos a este año al 60% de los niveles de recuperación prepandemia. No sabemos si esto pueda ocurrir. Llevamos tres años en esto”, expresa con preocupación.

Gamarra al día genera, en promedio, un movimiento económico de S/20 millones.

El rol del Estado, por supuesto, está siendo cuestionado ante el creciente avance de la inseguridad. Si bien el Gobierno ha dispuesto para este año más de S/5.700 millones para la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, hay algunos temas de fondo en los que los empresarios remarcan que no se ven mejoras.

Quizá el principal, que destaca Saldaña, es que la Policía captura a los delincuentes pero al poco tiempo, la Fiscalía o el Poder Judicial los libera, lo que hace que las personas y quienes denuncian sientan temor de hacerlo ante la impunidad.

“El avance de la inseguridad es resultado de años de desidia. Invitamos a la presidenta que vaya a Gamarra, a Mesa Redonda, le queda cerca, para que vea la realidad”, refiere Saldaña.

De hecho, adelanta que en el emporio, desde su lado, están trabajando en un plan de seguridad. La idea es que sea una Smart City con una unidad policial con última tecnología para que la seguridad de Gamarra se controle 24/7.

Los empresarios exigen acciones concretas y firmes contra la delincuencia.