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La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, anunció la semana pasada que inició una ronda de reuniones con las diferentes centrales sindicales del país como la Central de Trabajadores del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. En el marco de estas reuniones, confirmó que continuará con la implementación de la Agenda 19 definida por su antecesor y que recoge de manera significativa las demandas de los gremios sindicales.
“Consideramos vital que las decisiones que se vayan a tomar a nivel del Ejecutivo sean consultadas con las centrales sindicales. Ustedes también son parte de la gestión y no solo como parte del verso, sino como una acción concreta y tangible”, comentó la ministra.
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Según especialistas del sector laboral, dichas iniciativas son preocupantes, sobre todo, porque no se ha convocado a todas las partes involucradas.
Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, afirma que la Agenda 19 se lanzó sin tener en cuenta al sector privado o empleador.
“Es una agenda que no nació de un consenso de todas las partes. Hasta el momento no ha habido una convocatoria del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y es un primer mensaje que podríamos darle a la ministra”, anotó.
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En esa misma línea, Nancy Laos, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, afirma que en la elaboración de la agenda no se refleja un diálogo con el sector empresarial, si no propuestas planteadas solo por centrales sindicales.
“Requerimos mucho de la inversión privada. La agenda debe estar centrada en cómo reactivar esta inversión y, consecuentemente, la generación de empleo y puestos de trabajo de calidad”, anotó Laos.
Puntos críticos
Ricardo Herrera, socio principal del estudio Muñiz, afirma que hay temas de la Agenda 19 que podrían generar daño a la economía y, sobre todo, a la generación de empleo formal. Uno de ellos es la prohibición de la tercerización de servicios.
“Hemos perdido un millón 650 mil puestos de trabajo formales de los que solo se han recuperado medio millón. Si implementamos la prohibición [expuesta en la Agenda 19], supondría poner en riesgo 2.5 millones de puestos de trabajo formales”, anotó Herrera.
Por otro lado, anotó que la idea de reincorporar trabajadores públicos cesados sin una plaza presupuestal y sin que el Estado esté en capacidad de financiarlos sería muy peligroso, pues generaría más burocracia y comprometería aún más los recursos públicos con el pago de planillas.
“Se trata de fomentar la meritocracia con Servir y que quienes quieran trabajar para el Estado entren por concurso público y no por este tipo de medidas que parecen populistas”, sentenció.
Por su parte, Dupuy asegura que cualquier agenda del sector trabajo que no tenga como prioridad reducir la informalidad y promover la formalización tiene un punto de partida equivocado, dado que la informalidad se intensificó durante la pandemia, pasando de 70% a 80%.
“Uno empieza a ver cada uno de los puntos de la Agenda 19 y son temas relacionados con aspectos laborales de los sectores formales del empleo. El universo es muy limitado cuando tu primer punto debería ser el sector informal”, afirmó.
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Asimismo, para Dupuy, parte de la problemática alrededor de la Agenda 19 es que esta no se sustenta en las verdaderas necesidades de las personas, sino más bien en un pliego de reclamos relacionados a trabajadores de un sector específico.
Otro elemento preocupante, señala el representante de Comex, es la adscripción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al Ministerio de Trabajo. Esto, porque las competencias de ambas instituciones son distintas y la mencionada adscripción podría romper la naturaleza de Servir. “Si se quiere lograr un servicio público de calidad, es necesario darle un impulso fuerte a la Ley del Servicio Civil”, señaló.
Temas pendientes
Tanto Herrera, como Laos, coinciden en que no se ha tratado en la agenda ninguna propuesta en cuanto a la generación de empleo juvenil. Herrera afirma que en el Perú tenemos 2.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y, para Laos, es un tema que se arrastra de varios gobiernos previos con propuestas que no han prosperado, pero en las que tampoco se está insistiendo.
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Herrera señaló que debería incluirse en esta agenda una regulación transitoria que permita la contratación de trabajadores a plazo fijo por cualquier motivo, algo que ya se está dando en otros países de la América Latina como Chile, Argentina y México.
A esto se suma el siempre prometido aumento de la remuneración mínima vital (RMV).
“Se piensa que el incremento de la RMV beneficiaría automáticamente a las personas, pero regresamos al punto de que eso afectaría únicamente al universo formal. Además, no debería ser una política de agenda, sino que se ve dentro del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) con una serie de indicadores económicos que determinan si efectivamente puede darse”, indicó Dupuy.
No obstante, indicó que no todos los puntos de Agenda 19 son negativos, pues la vacunación de los trabajadores, el fortalecimiento de la Sunafil y la digitalización de distintos procedimientos, son temas que sí se deben impulsar.
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