Según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2021, el primer año de la entrada en vigencia de la Ley N° 31143, ley que propuso topes a las tasas de interés, 580 mil familias recibieron crédito de prestamistas o casas de empeño. De ese informe también se desprende que el 35% de las personas que recurrieron a un préstamo informal recibió amenazas verbales, daño material, amenaza o daño físico como técnica de presión para el pago de la deuda. Hoy por hoy, según vemos en reportes y noticias, dicho porcentaje y las técnicas de coerción se han incrementado y recrudecido bajo la modalidad “gota a gota”. Ya en el 2023, la SBS reportó más de setenta aplicativos de préstamos informales, y más grave aún, según el análisis de LR Data, en los últimos tres años, más de 3,7 millones de personas descargaron dichos aplicativos. Como consecuencia de brindar su información personal, muchas veces reciben préstamos incluso contra su voluntad, cayendo en una red de extorsión.
Mientras esta situación avanza cobrando vidas humanas, empobreciendo a familias y quebrando Mypes, tenemos una iniciativa de ley que busca suspender la Ley N° 31143, que, como ya está demostrado, es una de las causas que ha originado crecimiento del mercado de préstamos informales, a puertas de su ingreso en la agenda del Pleno del Congreso.
¿Qué deberíamos haber hecho las entidades financieras para cuando la Ley N° 31143 sea suspendida? ¿cómo reconectar con los más de 220 mil peruanos que salieron del sistema financiero? En entidades como Caja Arequipa, sabemos que tendremos la tarea no solo de incluir, si no de reintroducir a familias golpeadas por la informalidad y probablemente con una situación financiera resquebrajada. En ese contexto, revisar el historial crediticio será un aspecto importante más no determinante. Nuestro propósito de inclusión financiera será puesto a prueba e implicará observar el potencial de recuperación de un cliente reestudiando cada caso, basándonos en el análisis de datos, y sobre todo, observando y acompañando, a través de los analistas de crédito, la resiliencia de los clientes.
Esta práctica será fundamental y deberá estar acompañada de incentivos financieros y sobre todo educativos, para dar la bienvenida de vuelta a aquellos que salieron y ojalá, promover el interés de aquellos que nunca estuvieron y potenciar así nuestro rol de inclusión sostenible en el tiempo. Por otro lado, a la par será necesario un plan mayor para la desactivación de la red informal hoy fortalecida y enraizada en la sociedad, articulando esfuerzos los reguladores y autoridades de seguridad y justicia.
Estamos a puertas de tiempos de nuevos retos, cambios y oportunidades en la labor de inclusión financiera. En pocos meses inicia el piloto de moneda digital del BCRP que tiene especial interés en usuarios no bancarizados, y se espera que el ecosistema de pagos digitales incentive y sea la ventana para nuevas oportunidades de inclusión y mayor acceso a otros servicios financieros como el ahorro y crédito. Cada miembro del sistema, desde su rol, tenemos la ocasión de contribuir a resarcir el daño producido por el “gota a gota” y articular alternativas de inclusión social y financiera para más peruanos.
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