De Castillo a Boluarte: del despelote a la mediocridad

En diciembre de 2022 nos liberamos del gobierno de Castillo, el más inepto, y si se quedaba un poco más de tiempo, el más corrupto de la historia del Perú. Fue un despelote total. Lo que vino después, con Boluarte, se parece mucho a la vida de Roberto, el personaje de “La vida gris” de Ribeyro: mediocre. Van una muestra del despelote y tres de la mediocridad.

Petroperú es el despelote. Según el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), está empresa está quebrada. El origen del problema está en la nueva refinería de Talara, que “nunca debió hacerse” según Mucho y, dada la transición energética por la que está pasando el mundo, puede convertirse en un museo en un par de décadas. El despelote, sin embargo, fue gatillado durante el gobierno de Castillo.

Hacia fines de 2021, el MINEM y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) armaron el directorio de Petroperú, del que formaba parte Hugo Chávez, hoy con problemas con la justicia, a quien luego se nombró Gerente General. En febrero de 2022, por culpa de Petroperú, la auditora PwC se negó a auditar los estados financieros de la empresa, lo que bajó la calificación de su deuda a grado basura, provocando una sequía de créditos para la empresa.

Ante esto, en mayo 2022, el MEF le dio un préstamo de US$750 millones y una ayuda financiera de S/500 millones. En octubre se aprobó un aporte de capital por S/4.000 millones y se garantizó la emisión de bonos por US$500 millones. Ambos apoyos, en la práctica, fueron a cambio de nada.

Aun no se sabe que se hará con esta empresa quebrada. El despelote le ha costado caro al país.

Veamos ahora tres muestras de la mediocridad del gobierno de Boluarte.

La primera muestra, el incumplimiento de la regla del déficit fiscal. El gobierno se había comprometido a un déficit de 2,4 % del PBI, que al final fue de 2,8 %.

Incumplir la regla es malo porque hay que cumplir con los compromisos y porque la regla ayuda a que la deuda pública como porcentaje del PBI sea baja. Cuanto más baja la deuda, menor es el pago de intereses de la deuda pública y mayor es el espacio para el gasto público primario (remuneraciones, hospitales, carreteras). Cuanto más baja es la deuda, más baja es la tasa de interés a las que el sector público y el sector privado pueden prestarse. Y tener la deuda baja permite enfrentar mejor a las crisis económicas, pues el acceso al crédito no se cierra. Por donde se le mire, el déficit fiscal y la deuda pública bajos son una bendición para el país.

La segunda muestra, la Ley 31969 de fines del año pasado, que otorga beneficios tributarios a los sectores textil, confecciones, agrario, agroexportador y agroindustrial. La Ley es mediocre, huele a naftalina, y contó con el apoyo del Ejecutivo a pesar que el MEF, en el Marco Macroeconómico Multianual había dicho que “…los tratamientos tributarios preferenciales no solo incrementan los costos de cumplimiento y complejizan el sistema para los contribuyentes de menor tamaño, sino que también crean oportunidades de planeamiento y elusión (…)”.

Un beneficio para los sectores textil y confecciones es que los contribuyentes que reinviertan sus utilidades tendrán derecho a un crédito tributario de 20% de dicha reinversión. Es decir, si hay S/100 de reinversión, estos contribuyentes pagarán S/ 20 menos de impuestos. Este es un beneficio tributario desprestigiado. Primero, porque no es bueno perforar el sistema tributario para incentivar inversiones. Segundo, porque la reinversión es parte del negocio, siempre se hace; ahora lo harán pagando menos impuestos. Tercero, fiscalizar este beneficio será casi imposible.

Otro beneficio, para los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, es la menor contribución a ESSALUD, de 6% de las remuneraciones, por debajo de la tasa general de 9%, a partir de enero de este año. Este beneficio les cayó del cielo a los agroexportadores pues se deroga la Ley 3110 de 2020 que estipulaba que los trabajadores de las empresas agroexportadoras grandes aporten 9% de su salario a ESSALUD desde 2025, y los trabajadores de empresas medianas o pequeñas desde el 2028.

La Ley, según estimaciones el Consejo Fiscal, tendría un costo de S/241 millones anuales.

La tercera muestra de la mediocridad es la completa subordinación del Ejecutivo al Legislativo. Esta conducta cuadra con la necesidad de supervivencia del gobierno de Boluarte, bajo el amparo del Congreso, que Alberto Fujimori lo ha precisado: “El gobierno de la presidente Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”.

Tradicionalmente, el Ejecutivo discutía públicamente las propuestas del Congreso que elevaban el gasto o erosionaban la recaudación. Actualmente, ni siquiera se observan las leyes, como pasó con la Ley 31969, o cuando se observan, se las hace silenciosamente, sin hacer mucho aspaviento, como para que el Legislativo no se moleste, y se recurre con menos frecuencia, también silenciosamente, al Tribunal Constitucional, por normas con iniciativa de gasto del Congreso.

Del despelote de Castillo ya nos liberamos. De la mediocridad de Boluarte, está por verse.