
Durante el último mensaje presidencial, el turismo fue presentado como una de las actividades que viene impulsando la economía del país. Se mencionó que esta industria generaría más de US$11.000 millones en divisas este año y que ya han ingresado más de tres millones de visitantes internacionales al Perú. Son señales positivas que muestran una recuperación sostenida, tanto en el turismo receptivo como en el movimiento interno.
La aprobación de la nueva Ley General de Turismo fue uno de los anuncios destacados por el Ejecutivo. Desde el sector aéreo, reconocemos que la norma recoge medidas que pueden generar impacto, como el régimen de admisión temporal de aeronaves sin cartas fianza, que simplifica procesos y reduce costos. También se propone impulsar zonas especiales para atraer inversión privada en destinos estratégicos, lo cual podría traducirse en nuevas rutas, mayor oferta y más conectividad para todos.
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El reto ahora está en cómo se acompaña esa norma con decisiones que faciliten su implementación. En ese sentido, el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez representa una oportunidad. Hoy se operan 27 mangas, pero con el ritmo adecuado podríamos escalar a 46, y hacia fines de noviembre, pasar de 35 a 54 operaciones por hora gracias al uso simultáneo de ambas pistas. Ese potencial de crecimiento requiere que el entorno regulatorio y legislativo acompañe con políticas que impulsen la inversión, fomenten la competencia y aceleren los reglamentos claves. Una de ellas, por ejemplo, es la que permitirá poner en marcha el régimen de internamiento de aeronaves, aún pendiente.
“El nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez representa una oportunidad”.
También hay espacio para seguir avanzando en otros frentes, especialmente en el fortalecimiento de los terminales regionales. Aeropuertos como Chinchero, Pucallpa, Iquitos, Pisco o Yurimaguas cumplen un rol fundamental en la descentralización del turismo y en la conexión del país. La consolidación del crecimiento turístico necesita infraestructura moderna, eficiente y alineada con las proyecciones de demanda.
La Ley de Turismo marca una dirección, pero necesita aterrizar en medidas concretas. Incentivos que lleguen donde aún no hay conectividad. Inversiones que impulsen rutas nuevas. Reglamentación que escuche tanto al pasajero como al operador. La conectividad no es solo una infraestructura o una ruta aérea, es también un catalizador de empleo, desarrollo regional y acceso a nuevas oportunidades.
Este es un buen momento para impulsar un ecosistema donde el gobierno, las aerolíneas, los gremios y las asociaciones de consumidores sumen esfuerzos en torno a reglas claras, incentivos sostenibles y servicios de calidad. Se necesita diálogo y acuerdos técnicos que permitan avanzar con una visión compartida y beneficios concretos para todos.
Lo que viene será decisivo para que el turismo deje de ser una promesa sostenida en discursos y se convierta en una verdadera política de integración. Hay una hoja de ruta marcada, pero el despegue real, el que mejora la conectividad y genera oportunidades en todo el país, aún está por concretarse. Hacerlo posible requiere decisión, coordinación y resultados visibles.

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