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Un voto por un desarrollo sin sombras
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Un voto por un desarrollo sin sombras

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El Perú se aproxima a un nuevo ciclo electoral en el 2026, y como es usual, las promesas de “retomar el desarrollo”, “crear empleo” y “mejorar la seguridad” llenarán los discursos. Sin embargo, en medio de este optimismo de campaña, se esconde una verdad incómoda: una parte significativa de nuestra economía está secuestrada por actividades ilícitas que socavan cualquier intento genuino de progreso. Entonces, ¿qué tan realistas son estas promesas si no abordan el elefante en la habitación?

Las economías ilegales como la minería ilegal, narcotráfico, tala indiscriminada, contrabando, y trata de personas, entre otras, no son un problema marginal. Se estima que su peso en el PBI peruano se encuentra alrededor del 4%, una cifra que, aunque impactante, solo es una parte de sus devastadoras consecuencias. Desde una perspectiva económica, la informalidad y la ilegalidad distorsionan los mercados y la competencia. Las empresas que operan al margen de la ley no incurren en costos laborales, ambientales o tributarios, lo que les da una ventaja injusta sobre el sector formal. Esto desincentiva la formalización, estancando la productividad y la capacidad de generación de empleo digno.

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Maro Villalobos

Pero el daño va más allá. Estas actividades representan una enorme pérdida de ingresos fiscales para el Estado, recursos que podrían invertirse en infraestructura productiva, educación o salud. Generan un circuito de lavado de activos que corrompe el sistema financiero. Peor aún, degradan el capital natural, destruyendo ecosistemas amazónicos, ríos y glaciares, comprometiendo los recursos de las futuras generaciones. La corrupción inherente a estas redes debilita nuestras instituciones, desde la justicia hasta la policía, socavando el Estado de derecho y ahuyentando la inversión lícita. Al final, el Perú sufre un alto costo en violencia e inseguridad ciudadana, minando la confianza social.

La retórica de “retomar las riendas del desarrollo” es vacía si no reconocemos que estas riendas están, en parte, en manos del crimen organizado. Un desarrollo genuino no es solo crecimiento del PBI; es un proceso que implica pasar de actividades precarias o ilícitas a trabajos formales, fortalecer el estado de derecho con instituciones transparentes, fomentar sectores económicos lícitos y sostenibles que generen valor agregado, invertir en capital humano, y proteger nuestros ecosistemas como la base de nuestro bienestar.

De cara al 2026, los ciudadanos debemos ser críticos y exigir a los candidatos planes concretos, y no solo promesas vagas. Aquí algunas preguntas que les debemos hacer: ¿cómo combatirán las economías ilegales? ¿Cuáles son las estrategias económicas que ofrecen alternativas productivas a quienes se ven empujados a la ilegalidad? ¿Tiene planes para fortalecer la institucionalidad? ¿Cómo se blindará a la policía, la fiscalía y el Poder Judicial de la corrupción? ¿Se abordará la formalización de manera integral? ¿Son las propuestas fiscalmente sostenibles y económicamente eficientes? ¿De dónde saldrán los recursos y generarán un retorno social que justifique la inversión?

Las “soluciones mágicas” o las promesas de mano dura sin una estrategia económica integral son retórica barata. El verdadero desafío del próximo gobierno es implementar políticas de Estado que desmantelen las redes ilícitas desde sus cimientos económicos, promoviendo al mismo tiempo un entorno que haga más rentable y atractivo el camino de la formalidad y la legalidad.

El próximo presidente heredará no solo problemas económicos cíclicos, sino también la creciente amenaza de una economía en la sombra que corroe nuestras bases. No podemos “retomar las riendas del desarrollo” si esas riendas están en manos de la criminalidad. Los electores tienen la responsabilidad de discernir entre la demagogia y las propuestas sólidas. Un voto informado en el 2026 será, en esencia, un voto por un desarrollo genuino, sin las sombras que hoy nos asfixian.

Elsa Galarza Directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

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