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Estándares ambientales en Perú: ¿son muy exigentes?

El paquete reactivador del Gobierno ha despertado críticas por una supuesta relajación excesiva de los estándares ambientales

Estándares ambientales en Perú: ¿son muy exigentes?

Estándares ambientales en Perú: ¿son muy exigentes?

¿Paquetazo antiecológico o medidas para alentar las inversiones? El Gobierno peruano apuesta por dinamizar los proyectos mineroenergéticos a través de la audaz iniciativa de flexibilizar la normativa ambiental. Las propuestas presentadas para el efecto el 18 de junio han encendido la pradera ambientalista y llevado una brisa de satisfacción a los sectores que consideran que el Ministerio del Ambiente (Minam) frena las inversiones con desmedidas regulaciones.

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Esta última es la opinión de Cecilia Blume, ex asesora del Consejo de Ministros, quien afirma que el Minam “se ha excedido de los límites razonables” al imponer estándares suizos de calidad ambiental de aire, agua y suelo, en un país como el nuestro. Otro tanto apunta el economista Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, quien advierte que el Minam obra irracionalmente al imponer estándares que no se cumplen ni cerca de su misma sede, pero que son exigidos a la industria como si esta pudiese ser tratada como “un parque natural”.

En la orilla opuesta, Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad, considera que dichas críticas son injustas. “La normativa ambiental tiene dos componentes: las metas ambientales, contenidas en los estándares de calidad ambiental (ECA) y en los límites máximos permisibles (LMP); y los instrumentos que se utilizan para alcanzar dichas metas, como los estudios de impacto ambiental (EIA) y el ordenamiento territorial”, explica.

Remarca que los estándares ambientales no han generado ninguna dificultad a la industria mineroenergética (la más regulada por el Estado), salvo en el caso de los nuevos ECA del aire, cuya aplicación se ha reconocido como inviable en tres industrias específicas: la refinería de Ilo, el Complejo Metalúrgico de La Oroya y el parque automotor de Arequipa.

Ricardo Briceño, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, apunta a su turno que el empresariado no busca que el Gobierno rebaje los estándares ambientales, sino que facilite la adecuación a las normas. Sin embargo, aseveró que es imposible hacerlo con los ECA para dióxido de azufre (SO2), cuya fijación en 20 microgramos por metro cúbico (ug/m3), cuando el promedio en la Unión Europea es de 125 ug/m3, fue un “craso error del ex ministro del Ambiente Antonio Brack, que hasta él mismo admite”.

Carlos Loret de Mola, ex presidente del Consejo Nacional de Ambiente, contradijo a Briceño en un debate televisivo. El especialista manifestó que los ECA del aire no han afectado a la refinería de Ilo, pues esta continúa trabajando con el antiguo ECA de 80 ug/m3, mientras Southern busca la forma de acceder a la tecnología que le posibilite rebajar sus emisiones a 20 ug/m3.

Sin embargo, funcionarios de la minera comentaron a Día_1 que los ECA sí afectan sus operaciones en Ilo. Para adecuarse a la norma, la fundición debe hacer paradas periódicas que en el primer semestre del 2013 reportaron pérdidas de 18.000 toneladas de producción en cátodos. “Pensábamos  incrementar la capacidad de la fundición, de 1,2 millones a 1,8 millones de toneladas, para dar mayor valor agregado al concentrado que producimos, pero con el ECA no se puede”, dijeron.

¿AGILIDAD O CALIDAD?
Exceptuando el caso de las refinerías de Ilo y La Oroya, las operaciones minero-metalúrgicas peruanas satisfacen los estándares ambientales más exigentes del mundo, asevera Mario Cedrón, director del Centro de Innovación Tecnológica para la Minería y Medio Ambiente. “El problema no va por allí, sino por las demoras y trabas para obtener los permisos ambientales, que dilatan el tiempo de ejecución de los proyectos”, explica.

La situación es particularmente dramática en el sector hidrocarburos, donde 27 de 72 lotes de exploración y explotación se hallan paralizados debido, principalmente, a retrasos en la obtención de licencias ambientales. El principal cuello de botella identificado por los especialistas petroleros es el engorroso proceso de elaboración y evaluación de los EIA para exploración inicial (o sísmica), que en algunos casos demora hasta tres años, según comentaron funcionarios de Pluspetrol.

Andrés Fernández, gerente general de la consultora ambiental Golder Associates en Perú, refirió que la falta de racionalidad en este proceso origina que la luz verde para un EIA de exploración petrolera demore tres veces más en el Perú que en Colombia.

Por este motivo, el Gobierno ha propuesto reducir a 30 días hábiles el plazo máximo para que las entidades vinculantes y no vinculantes se pronuncien sobre un EIA, bajo pena de incurrir en falta grave.

Lanegra, en tanto, considera que esta medida será contraproducente, pues obligará a las entidades estatales, “caracterizadas por su débil capacidad para hacer buenas evaluaciones ambientales”, a cometer errores que pueden ser dañinos para la inversión, la población y el Estado.

César Gamboa, presidente ejecutivo de la ONG Dar, explica que esta propuesta no es nueva. “¿Sabes por qué se plantea nuevamente? Porque los decretos supremos 054 y 060 (lanzados en el 2013) no han funcionado. ¿Y por qué no han funcionado? Porque un funcionario no puede, en 30 días hábiles, evaluar miles y miles de páginas de un proyecto mineroenergético”, asevera.

¿Qué tan complejo puede ser un EIA para minería e hidrocarburos? Según los especialistas de la consultora ambiental GEMA, el proceso de redacción y aprobación de un EIA para exploración inicial en la selva puede demandar, en condiciones favorables, unos 24 meses. El resultado es un expediente voluminoso que puede sobrepasar las dos mil páginas.

“El conjunto del EIA que enviamos para su distribución entre los actores sociales, pesa en promedio unos 800 kilos. Sería de mayor utilidad para el proceso de participación ciudadana y la política estatal de inclusión social, enviar un CD con una explicación verbal del resumen ejecutivo, en idioma nativo”, refirieron.

“El problema no está en la legislación ambiental, sino en la lentitud de la burocracia estatal”, manifiesta Gamboa. Y no le falta razón, pues si el Estado no mejora la capacidad de gestión de sus entidades, todos los esfuerzos que haga para agilizar los trámites ambientales serán vanos.

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