¿Cómo formalizar el lobby en el Perú?

La filtración de los correos electrónicos del ex primer ministro René Cornejo ha puesto nuevamente sobre el tapete la actividad del lobby en el país. La develación de mensajes, cuyo contenido sugiere que empresarios y empresas influyen decisivamente en el quehacer del Estado, ha motivado el claro deslinde del Ejecutivo. “Los lobbies no tienen espacio en esta gestión ni en este gobierno”, ha dicho la primera ministra Ana Jara.

Sigue a Portafolio también en Facebook

La declaración, empero, ha sido insuficiente para acallar los temores del sector público. “Los funcionarios tienen miedo de reunirse con los empresarios para escuchar sus propuestas de iniciativa privada, pues eso podría ser considerado por los políticos como un acto criminal”, se quejó una fuente del Ejecutivo a Día_1. La misma aprehensión embarga al sector empresarial.

REGULANDO EL LOBBY
Al margen de si todo lo visto en los ‘Cornejoleaks’ puede calificar efectivamente como lobby, lo acontecido trae a colación un asunto largamente dilatado: ¿Qué debemos hacer con el lobby en el país? ¿Hace falta regularlo?

Pocos lo conocen, pero la gestión de intereses (eufemismo para el lobby) está regulada en el Perú desde el 2003 por una ley, la N° 28014. Sin embargo, su difusión es precaria y pasa prácticamente inadvertida para los funcionarios públicos, pese a que su conocimiento debería ser obligatorio para atajar las suspicacias de corrupción.

“Yo tengo veinte años trabajando en el Estado y nunca he recibido una capacitación respecto a esta ley. Si me he enterado es por interés académico”, reconoce el ex viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.

En su opinión, la ley de lobby no solo es necesaria, sino que debe ser conocida por todos los funcionarios. Sin embargo, acota que solo legisla la gestión profesional de intereses, es decir, el lobby ejercido por terceros (lobistas profesionales), razón por la cual necesita ser extendida a empresas, gremios, sindicatos y a todos los actores que hacen lobby directo.

 Eduardo Ferreyros, gerente general de Cómex, considera en cambio que la actividad de lobby ya está debidamente regulada a nivel gremial.

“Como gremio, tenemos personas en el Congreso que están formalmente acreditadas para participar en comisiones, debates y para emitir opinión. Nosotros (Cómex) servimos para eso: para defender las propuestas de la gente que representamos”, explica.

Para Felipe Gutiérrez, director gerente de Concertum, empresa lobista peruana registrada en la Sunarp y afiliada a la Association of Goverment Relation Professional (voz del lobby en EE.UU.), el asunto es bastante claro: una empresa tiene todo el derecho del mundo a hacer lobby en su propio interés.

“El interesado que se gestiona a sí mismo o el gremio que actúa en su nombre, actúan de forma legítima. Es legal ejercer presión dentro de la ley pero no ofrecer prebendas”, remarca.

José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, acepta la validez del lobby, pues reconoce que también las ONG ambientalistas y de derechos humanos lo ejercen, sin embargo, indica que su ejercicio adolece de una gran falta de transparencia.

“El problema es que ahora [con la filtración de los ‘Cornejoleaks’] todo parece ser parte de una agenda oculta que es manejada sin transparencia. Si va a haber un trabajo de lobbies, debería ser transparente, pero lamentablemente eso no está ocurriendo”, manifiesta.

Tras diez años de legislación de lobby, el balance es que la norma no ha cumplido con su objetivo de transparentar las gestiones frente a las autoridades públicas, sentencia Eduardo Ferreyros. ¿Qué es lo que desalienta su aplicación?

LEY INSUFICIENTE
En esencia, la ley de lobbies regula el ejercicio de los gestores profesionales de interés que influyen ante el Estado a nombre de empresas grandes y medianas, pymes, mypes, sindicatos y cualquier tipo de organización económica y social. Dichos lobbistas están registrados en la Sunarp y llevan una agenda detallada de sus clientes, casos y pagos que recibe por sus servicios. El problema es que son muy escasos, poco más de una decena, mientras que en EE.UU. (cuyo modelo ha sido copiado en el Perú) existen más de diez mil lobbistas registrados que mueven cerca de US$3.500 millones al año.

Según Felipe Gutiérrez, la causa del débil interés en la aplicación de la ley del lobby es que las empresas y organizaciones se sienten mucho más cómodas con la excesiva discreción.

“Lamentablemente, es un asunto cultural. Muchos asesores legales y relacionistas públicos se dedican al lobby en el Perú, pero se olvidan que deben registrarse como gestores de interés. El lobbista no es un simple relacionista público sino un estratega que estudia un caso y busca argumentos para convencer”, refiere.

En su opinión, la gran mayoría de gestores de interés que ejercen actividad en el país son lobbistas informales.

Para Carlos González, consultor en hidrocarburos, lo que acontece es que el gestor de intereses tiene miedo de registrar su nombre porque piensa que será objeto de desconfianza e investigaciones posteriores.

De acuerdo con José de Echave, habría que empezar evaluando la actual normativa para ver si responde a la coyuntura actual. “Hay que distinguir entre lobby y el ejercicio de influir las políticas públicas en función de intereses particulares”, remarca.

Por su lado, Iván Lanegra defiende la idea de que las empresas y actores sociales deben dar un paso ‘pequeño, pero simbólico’ de interés. y reconocer que hacen lobby, pues la ley peruana aprueba esta actividad. Agrega que los funcionarios públicos ganarían mucho si publican también las comunicaciones que reciben de los lobbistas, en aras de la transparencia.

A entender de Ferreyros, esta es una propuesta interesante que podría ser complementada con la práctica de publicar las reuniones agendadas diariamente, como hacen la Presidencia de la República y algunos ministerios.

Sin embargo, el quid del asunto, en su opinión, es que los ciudadanos no tienen conductos para hacer propuestas y reclamos. El principal de todos debería ser el Parlamento. “En EE.UU. los ciudadanos escriben todos los días a sus congresistas. Acá no hay ninguna costumbre; los ciudadanos no recuerdan ni por quienes votaron”, explica el también ex ministro de Comercio Exterior.

El lobby no tiene por qué ser vilipendiado, per se. Según Gutiérrez, su práctica es incluso saludable para la democracia si es que se conduce con transparencia. Así lo demuestra el lobby que el Estado Peruano contrató hace unos años en Washington para convencer al Congreso de Estados Unidos de la idoneidad de aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, el cual rinde actualmente amplios beneficios.