Gasoducto: La problemática en el megaproyecto de gas peruano

En las últimas dos semanas, el proyecto para construir el gasoducto sur peruano ha sufrido vaivenes constantes. No es secreto que las negociaciones para vender la participación de la brasileña Odebrecht están en la cuerda floja tras la salida de la empresa estadounidense de energía Sempra de las tratativas, aunque el otro interesado se mantiene firme en sacarlo adelante. “Techint sigue en el negocio, nosotros consideramos tener toda la capacidad para construir el gasoducto y las negociaciones continúan”, señaló a este Diario un vocero del posible comprador. 

Hoy, el gobierno se encuentra a la espera de la decisión de las empresas miembros del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP). De no lograrse un acuerdo antes de mediados de enero, el gobierno podría volver a licitar el proyecto, anunció Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas. En medio de las idas y vueltas, vale la pena recordar el trayecto que llevó al proyecto a este momento. 

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—El inicio—
La concesión se adjudicó en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano conformado por Odebrecht y Enagás. En aquel entonces, hubo sospechas sobre el proceso ya que GSP quedó como único postor luego de que Pro Inversión descalificara al otro consorcio, llamado Gasoducto Peruano del Sur (conformado también por Sempra y Techint, aquella vez junto a GDF Suez y TGI), por no cumplir a tiempo con subsanar las observaciones hechas a su planteamiento. 

La propuesta económica presentada por GSP ascendía a US$7.328 mlls. mientras que la del segundo consorcio era de US$7.192 mlls. 

El consorcio descalificado presentó una acción de amparo en la que alegó que hubo irregularidades en este proceso ya que la hora límite para presentar la subsanación era las 9:30 a.m., pero una hora antes fueron notificados que ya habían sido descalificados dado que “no iban a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas”, señalaron en un comunicado. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente esta acción y el proyecto continuó. 

Un año más tarde, en setiembre del 2015, Graña y Montero (GyM) ingresa a GSP y adquiere el 20% de la participación del consorcio por el monto de US$215 mlls. En aquel entonces, el proyecto ya tenía un avance del 34%. Por este motivo se estimó que el ducto podría iniciar la operación comercial en el 2017. Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest, anunció que en el 2015 la constructora brasileña invertiría US$1.200 mlls. para la compra de tubos y estudios de ingeniería. 

—La crisis—
La crisis del proyecto se hizo tangible en marzo de este año, luego de que fuera condenado a 19 años de cárcel Marcelo Odebrecht, CEO de la multinacional, por participar en un cártel de constructoras que pagaron sobornos para obtener contratos con Petrobras. 

Esto generó que el sindicato de 20 bancos que otorgaría hasta US$4.100 mlls. para el financiamiento del proyecto condicionara el préstamo a que Odebrecth saliera del esquema, tanto del consorcio como de la empresa constructora, Ductos del Sur. 
En agosto de este año, se supo que serían viejos conocidos los nuevos socios. El consorcio Sempra-Techint le ganó la puja a la española Ferrovial e inició las negociaciones para ingresar al proyecto. 

Si bien en aquel entonces hubo nuevamente cierta calma, las negociaciones aún no llegan a buen puerto. Tras varias desavenencias entre las empresas privadas, el principal escollo hoy es una discrepancia con el Ejecutivo: el contenido de la llamada “cláusula anticorrupción” del contrato de concesión. En líneas generales, si se descubriera que hubo un acto de corrupción al licitar el proyecto, este regresaría al Estado. 

La principal preocupación de los nuevos socios era que no sufrieran las consecuencias por lo que pudieran descubrir en los hechos previos a su ingreso al proyecto. Sin embargo, el gobierno ha sido claro: no modificarán la cláusula dado que esta administración busca ser coherente en su mensaje contra la corrupción. Cabe señalar que el Congreso y el Ministerio Público ya se encuentran investigando supuestos pagos indebidos hechos por la constructora brasileña durante la licitación del gasoducto. 

Así, Sempra se retiró de la carrera. “A pesar de los esfuerzos, el gobierno peruano expresó su incapacidad de proporcionar a la compañía las garantías necesarias de que la concesión no sería cancelada debido a presuntas violaciones legales por parte del vendedor [Odebrecht] o sus afiliados”, declaró la empresa en un comunicado. 

Ahora, se trata de una carrera contra el tiempo. Si el consorcio no logra asegurar el financiamiento del proyecto a mediados de enero del 2017, este regresaría al Estado y se podría continuar o volver a licitar el proyecto. Otra fuente, allegada al consorcio GSP, afirma que, en caso pase lo segundo, el Estado deberá pagarle a este más de US$1.000 mlls. en reconocimiento de las inversiones ya realizadas e invertir unos US$100 mlls. anuales en el mantenimiento de las obras que recibirá.

—La tarifa eléctrica—
Uno de los puntos más controversiales del contrato del gasoducto es el esquema de financiamiento relacionado con los cargos a la tarifa eléctrica. El mecanismo de soporte y de garantía que el Estado le da al proyecto es que, desde que el ducto entra en operación comercial, el Estado le pagará al concesionario el monto equivalente al transporte de 500 millones de pies cúbicos día (MMPCD). Es decir, si se transportó 100 mllss MMPCD, el Estado pagará la diferencia. 

Esto ya se está financiando a través de un cargo en el recibo de luz y se estima que este monto aumentará en los próximos años. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha criticado este mecanismo ya que representará una subida del 20% en las tarifas eléctricas en los próximos años. “Es un monto altísimo. Es algo que hay que pensar bien”, advirtió el mandatario.

El ministro Gonzalo Tamayo, de Energía y Minas, ha señalado que se evalúan “todas las opciones” en caso el proyecto no siguiera adelante. “Estamos a la espera de la decisión de los privados”, ha declarado el ministro.