(Informe El Comercio-IPE) Durante la última semana, el foco del debate público fue nuevamente el sistema de pensiones. En particular, la discusión se centró en la sostenibilidad del sistema público. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), dos de cada tres aportantes al sistema público no recibirían efectivamente una pensión. ¿Qué propuestas se están formando alrededor de este escenario y cuánto costarían?
La ONP [Oficina de Normalización Previsional] y el sistema privado se rigen por reglas diferentes para el cálculo de las pensiones.
Por un lado, los aportes de la ONP son destinados a un fondo común y, para obtener la pensión mínima (S/415), el afiliado debe contribuir un mínimo de 20 años. Esta pensión puede ser mayor dependiendo de los ingresos de los afiliados y años de aporte.
En las AFP, los aportes se acumulan en cuentas individuales que van ganando rentabilidad. El valor final del fondo al momento de la jubilación determinará el valor de la pensión. Por esta razón, las AFP no poseen un mínimo de años de aporte ni garantizan una pensión mínima.
A partir de estas reglas, estos sistemas contributivos pueden formar tres grupos de jubilados.
El primero no recibe ninguna pensión debido a que no realizó contribuciones durante su vida laboral. Este grupo representa aproximadamente el 64% de la población de mayores de 65 años, aunque una parte de ellos recibe transferencias por medio de Pensión 65.
El segundo grupo no recibe pensión debido a que realizó contribuciones a la ONP, pero no cumplió el requisito de los 20 años.
Y el tercero, que sí recibe pensión, incluye a los aportantes de las AFP y a los de la ONP que cumplieron el requisito de los 20 años. No obstante, en este último grupo existen grandes diferencias. La pensión promedio en el 2016 para el sistema privado ascendía a S/1.068, mientras que en la ONP era de S/688.
Asimismo, si bien las pensiones son mayores en el sistema privado, se estima que alrededor de uno de cada cuatro pensionistas de las AFP recibe una pensión menor a S/415 debido a los bajos aportes. Entre las propuestas de reforma al sistema hoy en debate se encuentran, por un lado, la eliminación del retiro del 95,5% del fondo acumulado al momento de la jubilación –pues desvirtúa el sistema pensionario– y, por otro, el cierre eventual de la ONP.
Para hacer políticamente viables estas iniciativas, pueden venir aparejadas con una pensión mínima garantizada por el Estado en el sistema privado, a un nivel similar al de la ONP y sujeta a ciertas condiciones.
La idea es que, si el trabajador no alcanza la pensión mínima dado su bajo saldo acumulado a pesar de haber aportado un número determinado de años, el gobierno cubriría la diferencia. Una opción respecto de la pensión mínima es que, para quienes aportan 20 años o más, la pensión mínima tenga un monto base y, para aquellos que no, esta se ajuste dependiendo del número de aportes durante la vida laboral. Es decir, si una persona solo aportó 10 años, la pensión mínima garantizada que le corresponde sería la mitad del monto base. Así, se mantiene el incentivo por seguir aportando.
EL COSTO
Es claro que el monto de la pensión mínima es el factor que afectaría en mayor medida el gasto en el que incurriría el Estado. Por esta razón, como primera línea de base, se opta por realizar las estimaciones considerando la pensión mínima que actualmente posee la ONP, de S/415.
Con estas consideraciones y asumiendo el cierre de la ONP, el costo de la pensión mínima de los futuros jubilados se puede dividir en dos: el que corresponde a los afiliados a la ONP que se traspasan a las AFP y el que corresponde a los actuales afiliados al sistema privado.
En el primer caso, en promedio en el largo plazo, el costo adicional sería de alrededor del 0,06% del PBI por año, lo que representa el efecto de reconocer una pensión ajustada según los aportes de cada afiliado. Respecto a los afiliados de las AFP, según estimados realizados por el IPE, se calcula que el costo fiscal de los nuevos jubilados de la pensión mínima ascendería a solo 0,01% del PBI por año, lo que representa el efecto de complementar las pensiones de los actuales afiliados según corresponda.
Así, en total, implementar la medida para los dos sistemas sería de aproximadamente 0,07% del PBI por año. Para ponerlo en perspectiva, este monto representa cerca de la quinta parte de las transferencias anuales desde el sector público hacia la ONP para financiar las pensiones de sus jubilados.
Cabe destacar que a esta estimación aún se debe agregar el costo de los actuales jubilados
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