

La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresó su preocupación ante el grave déficit de presupuesto que afronta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para los periodos 2025, 2026 y 2027.
Esta insuficiencia de recursos ha generado la paralización inmediata de 22 proyectos a nivel nacional, incluyendo obras críticas de Defensas Ribereñas, Hospitales y Colegios en diversas regiones del norte del país.
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En ese sentido, la SNCI enfatizó que la inacción presupuestaria no solo posterga el cierre de brechas de infraestructura, sino que desata una crisis con múltiples y graves repercusiones como: Riesgo Social y Sanitario, ya que miles de familias quedan desprotegidas ante futuros eventos climáticos. Específicamente, se ha paralizado parcialmente el avance de las Defensas Ribereñas en los ríos Olmos y Zaña(Lambayeque, proyecto de S/ 1.200 millones), y de los ríos Motupe y La Leche (Lambayeque, con una deuda pendiente de S/ 70 millones).
Además, la SNCI señaló que se registran valorizaciones vencidas y trabajos ejecutados no cancelados, obligando a contratistas y subcontratistas a despedir personal. “Un ejemplo es la retención de S/ 34 millones en la Defensa Ribereña del Río Matagente (Ica), afectando gravemente la liquidez de las empresas”.
Asimismo, se evidencia un deterioro en la salud pública. La suspensión del suministro e instalación de equipo biomédico en el Hospital Provincial de Cascas II-1 (La Libertad) y el Hospital de Apoyo Recuay II (Áncash) deteriora la calidad y cobertura de los servicios clínicos esenciales, explicó la SNCI, que también remarcó que el incumplimiento de plazos contractuales generará previsiblemente arbitrajes contra el Estado, deteriorando la confianza de inversionistas y resultando en laudos que serán asumidos por todos los ciudadanos.
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Ante este panorama, la SNCI invocó a la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la propia ANIN a tomar medidas urgentes. “Instamos a reasignar, asignar y destrabar los recursos necesarios para asegurar la continuidad de los 22 proyectos paralizados, permitiendo el cierre de brechas y garantizando el acceso efectivo a la protección, salud y educación de las familias peruanas”, concluyen.
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