En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028 se reconoce a la minería como un sector clave para el impulso del crecimiento económico en las últimas décadas. Al ser el Perú el segundo mayor productor de zinc y cobre y el tercero en plata y molibdeno, la cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) cuenta con 51 proyectos por un total de US$ 55 mil millones, lo que posiciona al país en un lugar privilegiado para capitalizar inversiones ante la creciente demanda mundial de cobre impulsada por las tecnologías verdes y energías renovables.
Dentro del portafolio de proyectos de inversión del Minem, hay un grupo de proyectos mineros de cobre que, si inicia construcción en los próximos años, podría generar un ciclo expansivo de inversiones y crecimiento para la economía peruana, dicen en el MMM.
Según este informe, existen 24 proyectos cupríferos por un monto total de inversión superior a los US$ 32 mil millones, que no cuentan con fecha estimada de inicio de construcción, pero que aportaría con 16,1 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio anual de la inversión minera en cinco años.
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El ciclo expansivo de la inversión minera, producto de la ejecución de estos proyectos, haría que las exportaciones de cobre se incrementen en promedio unos US$ 2,4 mil millones, contribuyendo con 3,7% puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones mineras.
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que los supuestos que se hacen en el MMM son razonables en tema de impacto y metodología, pero es importante anotar que es un ejercicio estadístico.
“Ya hemos visto antes el impacto económico que puede tener los proyectos mineros de gran envergadura. Las Bambas es uno de los ejemplos más recientes de cómo se puede explicar lo que ha pasado con la economía en Moquegua. El crecimiento del año pasado debe haber sido de 40% en toda su economía. La duda es qué tan real es que puedan entrar en fase de construcción y, después, en fase de operación”, dijo Fuentes.
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Además, agregó que la mitad de la cartera de proyectos mineros se encuentra paralizada por razones ajenas a la empresa. De 23 proyectos, 16 se encuentran parados o retrasados sin fecha probable de inicio, mientras que otros pocos empezarían en el 2032. “Hay proyectos que tienen 10 años de retraso como Tía María, Conga, Río Blanco, Magistral, El Galeno, Haquira, Quechua y Los Chancas”, agregó.
El exministro de Economía, Alfredo Thorne, mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una unidad de destrabe de proyectos y tienen mapeadas las aprobaciones que deben hacerse para poder salir; sin embargo, la cantidad de aprobaciones por las que tienen que pasar hacen que tomen mucho tiempo en aprobarse.
“Si el MEF junto al Minem sacasen una reforma en la que aceleran este proceso de aprobación, esos proyectos, en lugar de demorar cinco años en aprobarse, podría hacerse en dos o tres años. Los inversionistas deben tener garantía de que se vayan a aprobar y debe existir voluntad política del gobierno”, añadió.
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Para Thorne, si bien el apoyo al proyecto Tía María puede ayudar a gatillar la inversión en más proyectos mineros cupríferos, se debe reconocer que, aún si sale este proyecto, empezaría a producir en el 2027 o 2028 y no es que el efecto sobre la economía va a ser inmediato.
“Así como está Tía María, está el proyecto Michiquillay, la ampliación de Las Bambas, el proyecto La Granja en el norte. Hay muchos proyectos muy grandes. Si destrabamos todos, hasta podríamos pasar a Chile y convertirnos en el principal productor de cobre”, explicó.
Destrabe de proyectos
Sin embargo, para que se dé el destrabe de proyectos mineros, debe haber una reforma en la simplificación de procedimientos, dijo Thorne. Y en esto coincide Fuentes, pues, a su entender, los problemas de tramitología son muy graves y no se trata de hacer más laxo el proceso, sino más efectivo y razonable.
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Otro gran problema son los conflictos sociales que no son atendidos de manera adecuada, anotó Fuentes. “El uso eficiente que se le ha dado al canon de regalías en los últimos años han hecho un franco favor en evidenciar el impacto positivo que puede tener la generación de recursos. No hemos visto muchos avances en una discusión de cómo hacemos para hacer más eficiente el uso de recursos públicos en las regiones”, explicó.
Para Fuentes, este es un tema no menor, pues está vinculado a la minería ilegal y su relación con el crimen organizado. “Además de los proyectos de cobre, hay proyectos de oro que aún no salen y están esperando resolver problemas de conflictividad social y vienen siendo aprovechados por operaciones ilegales”, agregó.
Esto también representa un peligro adicional para desplegar grandes proyectos, pues, aun cumpliendo con las regulaciones y estar operando, no hay seguridad suficiente de que estas se darán en un entorno seguro tanto para la empresa minera, como para la vida y salud de los trabajadores, comentó Fuentes.
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Según Thorne, lo que dice la data de conflictos mineros es que no se originan cuando el proyecto está en sus inicios, sino cuando ya se está produciendo. Ante ello, el gobierno debe hacer un trabajo con las comunidades y asegurarse de que habrá hospitales, agua, desagüe, luz, entre otros servicios en las comunidades aledañas a los proyectos.
Periodo electoral
El 2025 será un año preelectoral y estos periodos suelen estar atados a entornos de incertidumbre, afectando la inversión privada en general, dijo Fuentes. Pese a que estamos viviendo un súper ciclo de precios de los metales, no ha gatillado la puesta en marcha de proyectos mineros, añadió.
“La incertidumbre generada alrededor de las elecciones puede atrasar los estudios de inversión y, en un contexto en que los precios son altos, es como desperdiciar una oportunidad grande de mover la aguja de la economía y bienestar para la gente”, señaló.
En tanto, para Thorne, el gobierno debe ir en varias vías y no solo confiarse en los proyectos mineros. “Hay una serie de proyectos de infraestructura alrededor de la inauguración de ocho puertos, hay proyectos importantes de irrigación. Se debería hacer un paquete de varias rutas y tratar de avanzar en paralelo en todas estas direcciones”, dijo.
Carlos Gálvez, director del gremio minero energético de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
"Es difícil que se pueda desarrollar 24 proyectos en cinco años"
¿Es posible tener estos 24 proyectos encaminados en los próximos cinco años? ¿de qué depende?
Es difícil que se pueda desarrollar 24 proyectos en cinco años; sin embargo, hay algunos que están avanzando, como Tía María, por su respaldo político.
La ampliación de de Antamina está en marcha y eso no tiene ninguna resistencia y eso es más o menos una inversión de US$ 500 millones este año. Chalcobamba es algo que tiene que moverse muy rápidamente porque es el siguiente tajo de Las Bambas y eso va a tener que avanzar de todas maneras.
La conclusión de la ampliación de Chinalco ya debe estarse dando. Debe de estarse produciendo también, y ahí se necesita un poco más de impulso político, la conexión de Coroccohuayco que es la ampliación de Antapaccay, es algo que sí debería estar produciéndose dentro de los cinco años que vienen.
Se está avanzando con la construcción del proyecto de San Gabriel que es uno de menor tamaño, pero son unos US$ 50 millones aproximadamente.
Yumpag es un proyecto chico, pero también está avanzando. Debiera iniciarse la construcción de Corani que es la mina de plata que ya tiene para avanzar, esto es en Puno.
Ya también deberían de estar los permisos y las capacidades para empezar a construir Zafranal, que desde el 2016 no empieza construcción, pero hay mucho interés por avanzar.
Una de las cosas que debieron moverse son Michiquillay con Galeno y Conga, son tres que están en la misma cuenca que podrían compartir infraestructura y que lo ideal sería que pudieran avanzar en conjunto.
¿Es suficiente con lo que está avanzando para lograr esa meta en cinco años?
La parte de obtención de permisos es complicada y no hemos dado un real paso adelante con estos trámites. Es muy difícil que un funcionario público firme un permiso porque tiene temor a la censura. Si algo decide y le va bien, va a ganarse una palmadita en la espalda, pero si decide algo y no va bien, se va a ir a la cárcel. Mejor no toma una decisión.
¿Qué se está haciendo para incentivarlos?
Nada.Se está avanzando con la Ventanilla Única Electrónica, que lo que permite es tener información de a dónde está el expediente, pero en términos de que haya alguien que quiera firmar una autorización, falta gente, tienen miedo.
¿Confía en la visión del ministro de Energía y Minas para la labor de destrabe de proyectos?
Soy un convencido de que Rómulo Mucho quiere hacer las cosas positivas y que está completamente comprometido con el sector y con los proyectos. Pero tiene una resistencia importante alrededor. El apartado burocrático de por sí es un lastre que no es fácil de mover. Ese es el problema. Un hombre solo no puede, eso lo tiene que manejar un equipo debidamente afianzado.
