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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el pasado 7 de julio que continuará con el proceso de caducidad unilateral del contrato de concesión de Rutas Nuevas de Lima a pesar de que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) decidiera suspenderlo.
“Entré a la municipalidad y busco la nulidad [del contrato], pero no encontré con los abogados la fórmula porque estaba demasiado blindado. Encontré la fórmula de caducidad, que es pagarle el daño emergente, que es lo que ha invertido [el consorcio], que es mínimo. [...] El 29 de julio es la fecha límite para recuperar estos peajes de la corrupción”, indicó el burgomaestre.
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Como se recuerda, en enero el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la resolución del contrato de concesión del proyecto, suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria Rutas de Lima. El proceso para concluir la caducidad tiene plazo hasta el 29 de julio.
Semanas después la concesionaria adujo que la decisión de la MML no se sustenta en los términos acordados en el contrato, por lo que elevó la controversia al arbitraje internacional ante el CNUDMI. El 16 de junio dicho tribunal emitió una medida cautelar en la que resolvió que mientras dure el proceso de arbitraje se debe suspender el proceso de caducidad. Esta es la decisión que López Aliaga aseguró que no cumplirá.
“El Tribunal, por unanimidad, decide ordenar que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, señaló el fallo de la CNUDMI.
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Antes de iniciado el proceso, Rutas de Lima indicó a través de un comunicado que si se realiza la caducidad unilateral la MML estará obligada a pagar S/1.458 millones por concepto de endeudamiento garantizado permitido, además de las compensaciones mencionadas en el contrato. Asimismo, la empresa indicó que invirtió más de S/2.200 millones en 65 obras realizadas en el proyecto, monto que también podría ser compensado en el fallo definitivo.
Imposible
Según especialistas consultados, la MML está obligada a suspender el proceso de caducidad contractual hasta que culmine el arbitraje con el CNUDMI. Cualquier resolución que dictamine la finalización del contrato no tendría validez jurídica.
“Lo dicho por López Aliaga es jurídicamente imposible, es inconstitucional, ilegal y abusivo. Los contratos de concesión, por ley, están sujetos a arbitrajes para resolver las controversias. En este caso se resolverá a través de uno internacional, y en el marco de ese arbitraje internacional se dio la medida cautelar. Es jurídicamente imposible que no se cumpla. Y si llegara [a caducar el contrato], ello no tendría ningún tipo de validez legal”, explicó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.
En tanto, Camilo Carrillo, director ejecutivo de Infraestructura en EY, indicó que la medida cautelar no es sinónimo de que la MML perdiera el arbitraje, pero indicó que sus argumentos jurídicos para caducar unilateralmente el contrato son endebles.
“El contrato establece que puede haber una caducidad unilateral, [pero] la MML ha dado argumentos inadecuados para caducar. Ellos indican que se realizó [la caducidad] por necesidad pública e interés social, pero ello tiene que ir sustentado con cifras, flujos, etc. Este no es el caso porque su argumento parte sobre la base que los peajes dividen la ciudad en dos”, remarcó.
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El accionar de la MML perjudicaría el clima de inversiones, pues el Perú no brindaría la seguridad jurídica que defienda al inversionista frente a abusos del Estado.
“Si tu frente de defensa final ante una situación de abuso del Estado es un arbitraje, así se reconoce en el contrato, y tu contraparte del Estado sigue abusando pretendiendo desconocer el arbitraje, eso quiere decir que en la relación entre el privado y el Estado no tienen ninguna garantía. El impacto que tienen estas declaraciones es serio y afecta a todos los sectores: infraestructura, minería, electricidad. ¿Quién va a participar en una licitación así? El Perú pasa a ser un país en el que no hay seguridad jurídica para la inversión, porque para el mercado no es solo una entidad, es el Estado Peruano”, advirtió Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional.
Asimismo, cuestionó que los ministros de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones no tengan hasta el momento una postura clara sobre la situación de Rutas de Lima.
Este Diario solicitó una entrevista a la MML, pero el área de prensa de la entidad respondió que de momento sus voceros “no pueden declarar más del tema de manera puntual”.
Dato
Rutas de Lima tenía a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. En 2016 Odebrecht vendió el 57% de la concesión al fondo canadiense Brookfield Asset Management. La firma brasileña conservó un 25% de participación, mientras que el 18% restante le corresponde a Sigma SAFI.
