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Las agrupaciones políticas que compiten por la preferencia electoral firman una serie de compromisos contra la guerra sucia en la campaña, pero no siempre cumplen con los acuerdos. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
Por Martín Calderón
En el 2018, Ricardo Belmont ofendió a sus rivales políticos y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Un año después, Solidaridad Nacional comparó a sus adversarios con grupos terroristas, y a inicios del 2020, el candidato Mario Bryce le entregó un jabón a Julio Arbizu tras un debate electoral. Los tres casos muestran que la guerra sucia en la política no se detuvo pese a la vigencia del Pacto Ético Electoral.
En el 2018, Ricardo Belmont ofendió a sus rivales políticos y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Un año después, Solidaridad Nacional comparó a sus adversarios con grupos terroristas, y a inicios del 2020, el candidato Mario Bryce le entregó un jabón a Julio Arbizu tras un debate electoral. Los tres casos muestran que la guerra sucia en la política no se detuvo pese a la vigencia del Pacto Ético Electoral.
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Este jueves, los representantes de los partidos que participan en las elecciones generales de abril firman un nuevo Pacto Ético. Con ello asumirán una serie de compromisos, como respetar a sus rivales, no difundir noticias falsas y presentar propuestas viables. Además, debido a la pandemia del COVID-19, se comprometerán a priorizar el uso de plataformas virtuales en sus campañas.
“No tengo una opinión muy positiva”, afirmó el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, cuando se le consultó por el impacto del Pacto Ético en los últimos procesos electorales.
“Como gesto es importante, ¿pero qué tanto incentiva a los candidatos a autorregularse? Me parece que no hay un impacto muy claro. Sería bueno preguntarle al Jurado Nacional de Elecciones si cuenta con un algún instrumento de evaluación para conocer en detalle cómo lo valoran”, agregó.
El punto con el Pacto Ético y el Tribunal de Honor que vigila su cumplimiento es que “si no es acompañado de un proceso realmente sancionador, en realidad no tiene la fuerza que debería”, señaló el abogado José Naupari, especialista en derecho electoral.
Para Naupari, el Tribunal de Honor “es el defensor del pueblo electoral, por decirlo de alguna manera”, pero “al final de cuentas, quien marca la pauta es el pleno del JNE a través de procedimientos sancionadores”.
“Sí ha tenido uno que otro efecto. Algunas organizaciones políticas retroceden y reconocen que se les va la mano en ciertos temas vinculados a la discriminación, por ejemplo. Además, no tenemos una ley de acoso político en el Perú. El Tribunal de Honor podría tranquilamente coadyuvar a alertar los temas de acoso. Espero que lo haga en este proceso”, agregó.
Desde el 2005, cuando el JNE impulsó la conformación del Tribunal de Honor y la suscripción del Pacto Ético, destacaron, entre otros, los siguientes casos:
Acuña y la denuncia de plagio
En febrero del 2016, el Tribunal de Honor declaró que el candidato presidencial César Acuña transgredió principios de veracidad y respeto y uso responsable de las redes sociales recogidos en el Pacto Ético. La resolución respondió a las denuncias de plagio de un libro y una tesis.
El tribunal resolvió que Acuña “carece de idoneidad ética para el cargo al cual postula”. Luego el líder de Alianza para el Progreso (APP) fue excluido de las elecciones por otro caso relacionado a la entrega de dádivas, resuelto por el pleno del JNE.
Bryce vulneró un compromiso ético
En enero del 2020, el tribunal emplazó a Mario Bryce, entonces candidato al Congreso por Lima del partido Solidaridad Nacional, a ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía por protagonizar un acto de discriminación contra Julio Arbizu, postulante al Parlamento de Juntos por el Perú, tras un debate organizado por El Comercio.
El colegiado consideró que Bryce vulneró los compromisos 1 (que prohíbe insultar, agredir, acosar o atacar a un contrincante), 8 (que obliga a la no discriminación) y 11 (que prioriza la exposición de propuestas programáticas en los medios de comunicación) del Pacto Ético Electoral vigente para los comicios congresales extraordinarios del 2020.
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Solidaridad Nacional recibió un llamado de atención
El partido que lideró el exalcalde Luis Castañeda Lossio, Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular), recibió un llamado de atención del Tribunal de Honor en diciembre del 2019 por un video publicado en sus redes sociales, que equiparaba a sus adversarios con grupos terroristas.
El contenido del video “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía respecto de las posturas políticas de personas y partidos” que participaron en los comicios congresales extraordinarios, aseguró el tribunal aquella vez.
El partido respondió que el pedido del tribunal de retirar el video fue un “atentado contra la libertad de expresión”.
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Amonestan a Belmont
En setiembre del 2018, el Tribunal de Honor resolvió amonestar al candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont, por anunciar que no participaría en los debates organizados por el JNE, como se comprometió con la firma del Pacto Ético.
Además, el tribunal consideró como agravante algunas expresiones que empleó Belmont contra el JNE y candidaturas rivales. Belmont anunció que retiraría su firma del Pacto Ético, pero terminó participando en el debate.
Elmer Cáceres Llica
En noviembre del 2018, el Tribunal de Honor amonestó al candidato a gobernador regional de Arequipa por el Movimiento Unidos por el Gran Cambio, Elmer Cáceres Llica, por insultar a su contrincante Javier Ismodes Talavera, del Movimiento Regional Arequipa Transformación.
Según la denuncia que fue aceptada por el tribunal, Cáceres Llica también formuló acusaciones públicas que resultaron agraviantes para Ísmodes.
En el 2018, el tribunal también declaró que Renzo Reggiardo incumplió las obligaciones que adquirió al suscribir el Pacto Ético, al ausentarse de un debate entre candidatos a la alcaldía de Lima organizado por el JNE. Aquí puede revisar la resolución.
DATOS
El Tribunal de Honor lo integran los abogados Delia Revoredo Marsano, Oswaldo Hundskopf Exebio y Gastón Soto Vallenas, la defensora de los derechos indígenas Tarcila Rivera Zea y la cantante y compositora Susana Baca de la Colina.
La primera ministra, Violeta Bermúdez, fue integrante del Tribunal de Honor entre el 2018 y el 2020.
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