Keiko Fujimori pide anular cierre de investigación: lo que se sabe sobre el caso de aportes a FP

El próximo viernes, el Poder Judicial evaluará un pedido planteado por la defensa de la candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para declarar nulo el cierre de la investigación en su contra y que las pesquisas, por presunto lavado de activos y otros delitos, continúen.

El 11 de marzo pasado, el fiscal José Domingo Pérez dispuso el cierre de la investigación y, el mismo día, presentó la acusación contra Fujimori Higuchi y otros 39 imputados. La decisión de poner fin a la etapa de investigación llegó casi dos años y medio después de iniciado este proceso, donde se recabó documentación y testimonios.

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Para la defensa, deben continuar las indagaciones. Además de Keiko Fujimori, ha solicitado que anule el cierre de la investigación el exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien también ha sido acusado por el fiscal Pérez.

El partido político Fuerza Popular, incluido en el proceso como persona jurídica, también requirió que se anule el fin de la investigación.

Acerca de la investigación

En su acusación, el fiscal sostiene que existió una presunta red criminal al interior de Fuerza Popular, encargada de ocultar financiamiento ilícito para las campañas electorales de 2011 y 2016, a través de aportantes falsos, quienes han declarado en contra de Keiko Fujimori y otros implicados.

La investigación preliminar inició en julio de 2017 con el fiscal Germán Juárez Atoche, pero en setiembre de ese año, el fiscal José Domingo Pérez asumió las pesquisas contra Fujimori.

El fiscal formalizó la investigación preparatoria el 19 de octubre de 2018, fecha en la que también solicitó una orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros investigados.

En total, han sido más de tres años de investigación los que le ha tomado a la fiscalía determinar la responsabilidad penal de Keiko Fujimori en el caso del presunto financiamiento ilegal a sus campañas.

En la acusación fiscal han sido incluidos como delito previo vinculado a corrupción, la entrega de US$1,2 millones de parte de Odebrecht para la campaña de 2011 de Keiko Fujimori. También los US$3,6 millones que Dionisio Romero Paoletti dio para la campaña de 2016. La fiscalía encontró responsabilidad penal en este hecho por el presunto delito de fraude en la administración de persona jurídica.

Testimonios clave

Para el cierre de la investigación a Keiko Fujimori fueron necesarios los testimonios de aquellos que la fiscalía considera falsos aportantes. Además de quienes entregaron el dinero que habría sido destinado para las campañas.

El exsuperintentedente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en febrero de 2018 ante el fiscal José Domingo Pérez. Afirmó que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011.

El empresario declaró que la constructora aportó US$1′200.000. Según dijo, durante la primera vuelta entregó US$500.000 a Jaime Yoshiyama, jefe de campaña y parte de la plancha presidencial fujimorista, y a Augusto Bedoya Cámere, exsecretario nacional de Economía del partido. En segunda vuelta, les dio otros US$500.000 a ambos.

Un testimonio imprescindible para la fiscalía es el de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Fue sindicado como el nexo entre los aportantes falsos y la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori.

Desde octubre de 2018 ha venido declarando ante el Ministerio Público, y tiene un proceso de colaboración eficaz en curso. El 22 de octubre del año pasado, la fiscalía y Jorge Yoshiyama suscribieron el acuerdo de colaboración eficaz, donde el investigado renunciaba a la medida de protección de reserva de su identidad.

Yoshiyama señaló directamente a Keiko Fujimori y dijo que conocía de los aportes que entregó Odebrecht para su campaña y que incluso le solicitó encontrar aportantes falsos para ocultar el dinero.

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, declaró.

Otro testigo importante es el excongresista Rolando Reátegui. Su declaración permitió a la fiscalía confirmar la tesis de la existencia de una presunta red criminal. A fines del 2019, la fiscalía dispuso levantar la protección de reserva de Reátegui, quien era testigo protegido y había sido registrado con la clave de identidad TP 2017-55-3.

Su declaración sirvió también para que se dicte por primera vez prisión preventiva contra Keiko Fujimori, y otros. Según manifestó, la cúpula de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori, Ana Hertz de Vega, Pier Figari y Vicente Silva Checa, intentó “poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público”.

Según dijo, se dieron cuenta que “era necesario tener más jueces y fiscales amigos”, tras “el escándalo” de Joaquín Ramírez, investigado por presunto lavado de activos.

El equipo especial ha conseguido que 14 de los imputados afronten procesos de colaboración eficaz, que están pendientes de validación por parte del Poder Judicial.

Delitos y penas

El equipo especial Lava Jato ha incluido en su acusación los delitos de: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

A lo largo del tiempo, la investigación ha sido ampliada y se han incorporado nuevos hechos, lo que ha determinado que se trata de un caso complejo para la fiscalía. El fiscal dispuso que en la acusación sean incluidos cuatro delitos.

Estos son los principales acusados y las penas que solicitó la fiscalía:

Por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración

Keiko Fujimori Higuchi (30 años y 10 meses)

Vicente Silva Checa (30 años y 10 meses)

Pier Figari Mendoza (30 años y 10 meses)

Ana Herz Garfias De Vega (30 años y 10 meses)

Jaime Yoshiyama Tanaka (30 años y 10 meses)

José Chlimper Ackerman (30 años y 10 meses)

Adriana Tarazona Martínez de Cortes (30 años y 10 meses)

Augusto Bedoya Camere (22 años y 8 meses)

Mark Vito Villanella (22 años y 8 meses)

Carmela Paucará Paxi (22 años y 8 meses)

Luis Mejía Lecca (22 años y 8 meses)

Por lavado de activos (18 acusados en total)

Por obstrucción a la justicia (6 acusados en total)

Edward García Navarro (6 años y 6 meses)

Giulliana Loza Ávalos (6 años y 6 meses)

Inicio de control de acusación y pedido de comparecencia pendientes

El Poder Judicial aún no ha convocado a las audiencias para el control de acusación (etapa intermedia), así como a las sesiones donde debería revisarse el pedido que hizo la fiscalía para que se ordenen medidas restrictivas contra Keiko Fujimori.

Con la acusación, Pérez solicitó 19 medidas contra Fujimori Higuchi, siendo la principal una orden de impedimento de salida del país por 36 meses.

La fiscalía estima que en este plazo se podrá desarrollar el control de acusación y el juicio oral.

El equipo especial ha solicitado contra Keiko Fujimori:

• Comparecer al Juzgado cada 15 días a efecto de informar de sus actividades.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coacusados, testigos y peritos.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con colaboradores eficaces.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coimputados, testigos y peritos en procesos conexos, derivados o especiales.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con abogados de coacusados en el presente proceso e imputados en procesos conexos, derivados o especiales.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces, fiscales o procuradores y con cualquier otra autoridad del sistema de administración de justicia.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces de la Corte Suprema de la República, fiscales supremos del Ministerio Público y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de las entidades del sistema electoral nacional, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con Congresistas de la República.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de personas jurídicas y empresas sometidas a procesos penales del caso del Club de la Construcción en el Equipo Especial.
• Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de los medios de comunicación y medios de prensa televisiva, radial y de prensa.
• Prohibición de emplear de manera directa o indirecta redes sociales para obstruir y/o entorpecer a la administración de justicia.
• Prohibición de dar declaraciones o manifestaciones en medios de prensa, medios sociales y redes sociales.
• Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y prohibición de salir de Lima Metropolitana.
• Obligación de señalar los inmuebles y/o residencias, así como los propietarios y/o poseedores de éstos, a los que asiste y/o concurre.
• Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando lo demande.
• Prohibición de utilizar o emplear a la persona jurídica Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier persona vinculada para realizar acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la administración de justicia.
• Se dicte una caución de S/. 1 000,000.00 (un millón y 00/100 soles).

Este Diario intentó comunicarse con Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Lo mismo ocurrió con la defensa del partido Fuerza Popular. Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, indicó a este Diario que con el recurso se busca que la fiscalía cumpla con los actos de investigación pendientes solicitados por los investigados. “La ley señala que la investigación se cierra cuando ha cumplido su finalidad, o cuando se ha vencido el plazo, y en este caso ninguna de las dos cosas se ha dado”, dijo.