“A la caza de los delincuentes”: el plan del Mininter para que la Diroes detenga a criminales en buses y calles

Una persona requisitoriada por robo agravado, una moto recuperada y la detención de una persona que poseía un teléfono reportado como robado. Este fue el resultado en una noche de la nueva estrategia que ordenó el titular del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que el personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional (PNP) actúe en las calles contra la criminalidad.

“Los lineamientos que ha dado el señor ministro del Interior y las disposiciones de nuestro Comando de la Policía Nacional es que la Diroes apoye a la seguridad ciudadana a la Región Policial Lima en los lugares donde se requiera la presencia de nuestro personal”, anunció este martes el general Guillermo Llerena, jefe de la Diroes, en una publicación del Ministerio del Interior (Mininter).

En un corto video, se observa el despliegue de un numeroso grupo de oficiales, incluso con una tanqueta, quienes ingresan a microbuses, detienen y revisan la maletera de automóviles, e interceptan a personas a bordo de motos lineales. No obstante, se desconoce en qué lugar de la capital se realizó este operativo.

Debido a la poca información mencionada en el video acerca de esta nueva estrategia, El Comercio solicitó una entrevista al Mininter para conocer qué acciones realizará la Diroes en las calles, bajo qué criterios se determinará la necesidad de su intervención, qué duración tendrá este plan, entre otros detalles. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, explicó a este Diario que las funciones regulares de la Diroes son combatir la subversión en sus diferentes modalidades, participar en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, e intervenir ante una grave alteración del orden interno.

Pérez Rocha sostiene que los oficiales de la Diroes solo podría realizar un “patrullaje momentáneo contra la criminalidad en las calles Lima, mas no permanente”, debido a que no cuenta con personal suficiente para realizar esta labor.

“La Diroes tiene aproximadamente dos mil efectivos en Lima. Desplazar a un grupo de ellos para apoyar a las comisarías de los cuarenta y tres distritos de Lima no es una estrategia sostenible; solo lo sería si se aplica en un distrito”, manifiesta.

Por ello, el exdirector de la PNP considera que el plan determinado por el ministro del Interior no será eficaz debido a la falta de personal y recursos para que sea sostenible. En ese sentido, cuestionó la falta de información por parte del Mininter acerca de los detalles de su aplicación.

“Un plan de seguridad comprende una estrategia, para determinar qué se hará, y una táctica, es decir, cómo se ejecutará. Sin embargo, no se ha informado al respecto para esta decisión que involucra a la Diroes. Además, un plan de este tipo debe ser ejecutable, adaptable y aceptable. La orden del ministro del Interior no cumple estos requisitos”, asegura.

César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú, coincide con Pérez Rocha y califica al plan como “un pequeño parche para la gran herida a la sociedad que es la inseguridad ciudadana”. “Es una estrategia decorativa antes que operativa”, agrega.

Por otro lado, Ortiz criticó los resultados obtenidos en una noche de esta nueva estrategia, que fueron mencionados al inicio de esta nota. “Bajo ningún punto de vista refleja un operativo exitoso”, sostiene. “Capturar a una requisitoriado, recuperar una moto e incautar un teléfono robado en una solo jornada lo puede hacer cualquier comisaría sin una intervención de la Diroes”, añade Pérez Rocha.

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Así también, Pérez Rocha explicó que, salvo que exista flagrancia delictiva o se decrete estado de emergencia (en donde las libertades ciudadanas están restringidas), la Diroes solo puede ingresar al transporte público para solicitar documentación de identidad y detener a conductores para revisar su maletera. Agregó que un plan de operaciones debe detallar el objetivo de la intervención, con cuánto personal se ejecuta y qué duración tiene. “Estas acciones cuentan con un jefe operativo a cargo. El Mininter debe informar si la Diroes actuará bajo estos lineamientos”, señala.

Por su parte, Ortiz Anderson señala que actualmente el país enfrenta a una situación muy grave de inseguridad ciudadana en medio de una crisis policial. “Sin embargo, no existe voluntad política por parte del gobierno para encontrar una solución. Se necesita modernizar a la policía y dotarla de mayores recursos. De lo contrario, por más que se lancen nuevas estrategias, no habrá herramientas para erradicar la inseguridad ciudadana”, asevera.

El general Guillermo Llerena informó que la Diroes incautó un teléfono reportado como robado por Osiptel. Cabe recordar que, desde el 22 de abril, este Organismo ejecuta un bloqueo de celulares reportados como robados o que tengan un código IMEI clonado.

Al respecto, El Comercio consultó a abogados y a la PNP si los efectivos policiales están autorizados a revisar los celulares de los ciudadanos en las calles para obtener su código IMEI.

Ricardo Elías, abogado penalista experto en cibercriminalidad, indicó que un policía no puede pedir arbitrariamente el celular a un ciudadano para verificar su código IMEI. Elías dijo que existen solo tres casos en los que esta medida puede justificarse.

“Podría realizarse durante un operativo policial planificado o a partir de una orden judicial que ordene la incautación de dispositivos electrónicos. Otro supuesto es el de una flagrancia delictiva, es decir, cuando ha ocurrido un delito cerca al lugar donde se encuentran uno o más ciudadanos; en esa situación, el policía puede solicitarles que se identifiquen y entreguen sus celulares”, explicó.

El Coronel PNP Walter Ramos, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado, declaró a El Comercio que los policías verifican los IMEI’s principalmente en operativos y ante la flagrancia de un delito. “Lo hacemos de forma aleatoria y velando por la intimidad de los ciudadanos. Se ha incrementado este proceso en intervenciones a conductores motorizados debido a la alta frecuencia de los robos en moto”, mencionó Ramos.

Ramos indicó que esta acción es una consecuencia de la proliferación del mercado negro de celulares. “Ante el alza de los índices de criminalidad, todos debemos colaborar con la seguridad y justicia”, afirmó el coronel.