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El enfrentamiento entre la Municipalidad de Lima (MML) y la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima por la construcción de su estación central escaló hasta el Tribunal Constitucional (TC), que dio una respuesta a ambas partes sobre sus competencias tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por el mismo alcalde Rafael López Aliaga.
Foto: Infobae
El burgomaestre interpuso esta acción contra la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2024 (Ley 31955). Esta norma, aprobada por el Congreso en noviembre, exoneró de permisos y autorizaciones municipales a los proyectos priorizados incorporados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC). Una de ellas es la construcción de la Línea 2.
La empresa concesionaria se acogió a esta norma. Por ello, el plan de desvíos por las obras de la estación central se realiza conforme a esta ley. Debido a que consideró que vulneraba sus competencias, la comuna emitió la Ordenanza 2590 en diciembre del año pasado, declarando la décima disposición de la norma como “inaplicable” en Lima. “Toda obra que se ejecute en áreas, espacios y vías de administración metropolitana, requiere de las autorizaciones y/o permisos de las unidades orgánicas competentes”, precisó la ordenanza.
La demanda contra esta norma obtuvo una respuesta del TC el 18 de abril a través de un auto judicial: el tribunal admitió la demanda de inconstitucionalidad, cuya sentencia sigue pendiente.
El décimo punto de la respuesta del TC es la parte más relevante del auto judicial. En él, el tribunal determina que la Ley 31955 sigue vigente.
“Sin perjuicio del análisis sustantivo que se vaya a realizar al emitir sentencia, este Tribunal considera indispensable poner de relieve ahora que la publicación de la ordenanza no afecta la vigencia de la ley sometida a control, y debe también recordar que ‘entre las leyes ordinarias y las ordenanzas municipales no rige el principio de jerarquía normativa, sino el principio de competencia”, precisó el TC.
“Por consiguiente, en la medida en que ambos dispositivos comparten la misma jerarquía normativa, no se puede establecer entre ellos relaciones de tipo derogatorio, sino más bien de orden competencial”, agregó. Precisamente, la competencia de la ordenanza y la Ley de Endeudamiento se ha convertido en el principal motivo de la disputa legal entre la comuna y la concesionaria.
Frente a frente
Argumentos de la parte legal de la municipalidad
En comunicación con El Comercio, Raúl Fernández, asesor legal de la MML, indicó estar de acuerdo con el auto judicial, porque determina que la Ley 31955 y la ordenanza municipal tienen la misma jerarquía y que no se derogan entre sí. “El tribunal ha dicho que ninguna se deroga y que tienen el mismo peso. Lo que prevalece entre ambas es el principio de competencia”, manifestó.
Sobre este último punto, Fernández dijo que, conforme a la ordenanza 2590, prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de la MML otorgar autorizaciones de interferencias de vías metropolitanas. Por consiguiente, mencionó que las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima que ejecuta la concesionaria “es una interferencia de vías sin autorización y un delito”.
“El viernes 5 recibimos el plan de desvío. Para aprobar su ejecución, la municipalidad pidió a la concesionaria una marcha blanca de cinco días, que se calibren todos los semáforos en la zona del desvío, establecer zonas de evacuación y otros requisitos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lamentablemente, el domingo la empresa por voluntad propia decidió mancillar las competencias de la municipalidad”, aseveró Fernández.
Adicionalmente, el abogado mencionó que la ley orgánica de municipalidades, que recoge ordenanzas como la 2590 de la MML, “está por encima de una ley ordinaria como la Ley de Endeudamiento”. “Y según la ley orgánica, las ordenanzas tienen rango de ley”, agregó.
Respuesta del área legal de la concesionaria
En diálogo con El Comercio, Luis Vargas Valdivia, vocero legal de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, rechazó una presunta violación de competencias de la MML, pues mencionó que la empresa actúa conforme a Ley de Endeudamiento, que la exonera de solicitar licencias municipales para una obra de trascendencia nacional como las obras de la Línea 2.
“El punto décimo de la resolución del TC señala claramente que, a pesar de que continúa el análisis de la demanda, la Ley 31955 sigue vigente. Esta norma exonera a la empresa de pedir autorizaciones. No existe una actuación fuera de la ley”, afirmó Vargas.
El abogado reiteró que las ordenanzas municipales y las leyes ordinarias no tienen una relación jerárquica ni derogatoria entre sí. No obstante, de acuerdo con las facultades que otorga la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento, expresó que existe un “marco de excepción en la aplicación de la ordenanza 2590 para el ámbito de la Ley 31955″. “Por eso, la concesionaria no requiere de licencias por parte de la MML para construir la estación central”, remarcó.
“Si bien se realizan para un transporte en Lima y Callao, las obras de la Línea 2 tienen trascendencia nacional, porque es la principal obra para acabar con el dramático problema de la movilidad de los ciudadanos. Siguiendo esa trascendencia es que están exoneradas de permisos o autorizaciones municipales por ser un proyecto priorizado por ley”, subrayó.
Por otro lado, Vargas rechazó que la ordenanza 2590 esté por encima de la Ley de 31955. “La jurisprudencia evidencia que las ordenanzas municipales no pueden dejar sin efectos leyes, mas aun como en este caso con una norma de trascendencia nacional”, aseveró.
Admiten a trámite hábeas corpus de la Municipalidad de Lima
El Primer Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Lima en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ositran, la ATU y de las empresas Metro de Lima Línea 2 S. A. y Consorcio EPC por el cierre de vías en el Paseo Colón para construir la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, informó la MML.
“De esta manera, se da inicio con la demanda penal por cerrar las vías metropolitanas, sin contar con autorización municipal, según Ordenanza 1680. Este proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales es promovido por Diego Carlo Tapia Mazzotti, en su calidad de procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, indicó la comuna capitalina en un comunicado.
Además, la MML indicó que ha interpuesto la demanda de hábeas corpus para evitar cualquier desastre, ya que sus técnicos “no han certificado que la misma (la obra) cumpla con las condiciones técnicas mínimas para evitar un desastre”.
