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Tal como la había anunciado a El Comercio, el presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima (GTU) necesita que el concejo metropolitano le otorgue facultades para poder licitar los corredores de integración y de aproximación, que conforman el 60% de los viajes de la ciudad y que alimentan a los corredores complementarios.
Rutas de integración. Mira aquí la imagen ampliada
"Solo falta una ordenanza de concejo para autorizar a la GTU a licitar y concesionar, porque queremos dejar atrás el modelo de autorizaciones", señaló semanas atrás el funcionario, quien además precisó que con ello se evitará que empresas cuestionadas como Orión sigan circulando en las pistas limeñas.
La adjudicación de rutas a través de un concurso público no solo permitirá dejar atrás el modelo de operación a través de autorizaciones, también contribuirá a reducir la actual flota vehicular de más de 15 mil unidades de transporte público a solo 5 mil.
Al culminar el proceso de licitación se podrá poner en marcha 47 paquetes de operación, conformados por 85 rutas con un promedio de 25 kilómetros de recorrido, a comparación de los más de 70 km que se realizan actualmente.
PASAJES INTEGRADOS
Pero el beneficio más importante para los usuarios será la aplicación de una tarifa integrada pues en las bases de la licitación se establecerán los montos máximo y mínimo de los pasajes, evitando que los transportistas fijen las tarifas según les convenga, como ocurre en la actualidad.
“Esta ordenanza permitirá a la Municipalidad de Lima fijar bandas tarifarias asequibles a los bolsillos de los usuarios, de lo contrario las empresas que obtuvieran solo una autorización podrían fijar sus propias tarifas, en el monto que quisieran y no se les podría regular, ni tampoco aplicar la tarifa integral cuando se hacen trasbordos”, señaló a través de un comunicado la titular de la GTU, María Jara.
La ordenanza será debatida este martes en sesión de concejo. De ser aprobada, la GTU podrá arrancar el proceso de concesión el 5 de marzo. Los gandores de este proceso deberán renovar su flota vehicular en cinco años con una inversión total de US$ 700 millones.
