El negocio del miedo: ¿Cuánto pagan los bodegueros, transportistas y el sector construcción por el cobro de cupos?

En la zona norte de Lima, los buses de la empresa de transportes Etuchisa, más conocida como ‘El Chino’, paralizaron sus labores en su totalidad el pasado miércoles. Sus más de 100 unidades dejaron de circular porque un aproximado de 130 conductores decidieron no seguir trabajando por temor a ataques extorsivos de los que eran víctimas. Por primera vez, una flota dejó de trabajar en Lima producto de las extorsiones. La ruta que cubría desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, se vio considerablemente afectada.

“Es un paro para que nos brinden un poco de seguridad y así seguir trabajando. Pero hasta ahora no se manifiesta la empresa. No nos apoya como trabajadores y conductores de la empresa. Nosotros no vamos a esperar un tercer atentado”, expresó uno de los choferes.

Casi una semana antes del paro, en el distrito de La Victoria, un sicario asesinó a sangre fría a Arturo Cárdenas Fernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (Stcclb). El hombre recibió al menos ocho disparos a corta distancia. Su cuerpo quedó tendido sobre el asiento del copiloto al interior de una camioneta negra que estaba estacionada en los exteriores de su local sindical.

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Cárdenas era hostigado por extorsionadores. Días previos a su lamentable asesinato, los delincuentes le enviaron un arreglo floral como advertencia, así como algunos mensajes amenazantes. Estaban detrás de él porque su sindicato había ganado una licitación para participar en la construcción de 14 colegios llamados “Escuelas Bicentenario”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hombre era un activo defensor de los suyos. Cuatro meses antes, había participado en una reunión con el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, César Maurate, donde se coordinó formar una mesa para analizar la lucha contra la delincuencia que afecta al sector de la construcción civil. Cárdenas junto a otros dirigentes del gremio, presentaron una serie de demandas. A él se lo vio posar en varias fotos con el jefe de cartera. A pesar de los esfuerzos, encontró la muerte.

No fue la única víctima. En menos de una semana, otros dos dirigentes fueron asesinados. Ambos fueron identificados como: Américo Román Camilo Gonzales Palomino y Edgar Henry Malma Olivares. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Ftccp) informó que 24 dirigentes de construcción civil afiliados a su federación han sido asesinados en el Perú desde el año 2011. Todos fueron víctimas de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos, extorsiones y sicariato. Cabe resaltar que las últimas víctimas mencionadas no estaban afiliadas.

En Carmen de la Legua, Callao, mataron de siete balazos a un bodeguero que se negó a pagar cupos. El hecho sucedió el 22 de octubre del año pasado al promediar las 11:30 de la noche. Dos sicarios ingresaron hasta el local de Cristián Garrido para dispararle a quemarropa y luego huir. Tan solo el año pasado, 2.600 bodegas cerraron sus puertas por temor a los extorsionadores. 300 de ellas de manera permanente, mientras que otras sí volvieron a operar, informó un vocero de un gremio que representa a 22.500.

En el gremio de construcción civil se paga un aproximado de 2% a 1.5% del presupuesto total de la obra como cupo extorsivo a falsos sindicatos de trabajadores, indicó una fuente a este Diario. “El crecimiento del gremio de la construcción atrajo a bandas criminales. Estas vieron mucho más fácil extorsionar a un empresario antes que robar un banco que cuenta con mayor seguridad”, dijo

No solo cobran ese aproximado, sino también han diversificado sus modalidades de extorsión. Unas bandas de delincuentes utilizan pseudosindicatos para ingresar a las obras, mientras que existen otras que operan directamente sin intermediarios. Según el declarante, la División de Protección de Obras Civiles de la Policía Nacional (Divproc), creada precisamente para brindar seguridad a este sector tan azotado por la criminalidad, actualmente solo cuenta con ocho efectivos por cada turno para todo Lima y con dos camionetas.

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Indicó que ahora los crímenes son mucho más violentos. “Antes todo funcionaba bajo presión y chantaje. Ahora directamente te matan. Ya no negocian por la falsa protección. Solo exigen el dinero, piden un determinado número de puestos de trabajo para venderlos a los verdaderos obreros que buscan laborar”, aseveró.

Para acceder a esos puestos de trabajo secuestrados por el hampa, los extorsionadores cobran un aproximado de S/1.000 la primera semana, luego solicitan otras cuotas. En ocasiones, cuando la obra es pequeña, llegan a presionar al empresario para que los materiales los compre en un lugar específico o la maquinaria sea alquilada a una persona en especial. Frente a todo ese panorama, los sindicatos no tienen seguridad y mucho menos los dirigentes.

Mientras que las construcciones están en constante alerta por la llegada de los falsos sindicatos, en las bodegas refuerzan sus fachadas colocando grandes rejas de metal soldadas a las paredes y de 5 a 10 cámaras de seguridad para asegurarse que pueden proteger su negocio. Un informante del sector, comentó que los delincuentes cobran desde S/50 a S/500 como cupo. Esto puede solicitarse semanalmente, quincenal hasta y mensualmente al propietario.

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Si bien detalló que a la fecha, la Policía Nacional del Perú con el Ministerio del Interior está investigando y creando estrategias para que ayuden a contrarrestar el mal, sienten que es algo tarde. “Lamentablemente esto se debió haber hecho con mucha anticipación, lo que pasa es que se cambiaron a muchos ministros del Interior”, declaró.

Las modalidades extorsivas que más afectan al gremio que él representa -con 22.500 bodegas- son: el cobro de cupos, el gota a gota y extorsiones en general. Tan solo de enero a julio del presente año, se han detectado 9.792 casos, con mayor incidencia en Lima Este. Las principales zonas son: San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate y Santa Anita. Seguido por Lima Norte con: Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Carabayllo.

En el transporte, un representante con cercanía a un promedio de 250 empresas indicó que el 40% de ellas es víctima de extorsión en la actualidad. Enfatizó que a pesar de las capturas, a veces no se desarticula a la banda en su totalidad, lo que genera que sigan operando hasta con mayor violencia como represalia.

El hombre hizo referencia a que a veces algunos empresarios denuncian en la comisaría más cercana y al poco tiempo los extorsionadores toman conocimiento de ello, así ejecutan amenazas de muerte. Los delincuentes analizan hasta qué tipo de vehículo circula y tienen en posesión las empresas para poder realizar el cobro de cupos. “Hacen sus propios índices de pasajeros por kilómetros. Saben el promedio de lo que pueden ganar [los transportistas]” , agregó.

Actualmente los buses de transporte público estarían pagando un monto de S/20 diarios para circular. En el caso de las combis, S/5. En tanto los micros estarían abonando S/10 diarios. Si una empresa en promedio cuenta con hasta 100 unidades de buses, la ganancia para la organización criminal sería de hasta S/672.000,00 anuales. Todo depende de la ruta, el tipo de vehículo, el número de flota, cantidad de pasajeros que traslada y sus ganancias. Ese conjunto de factores son analizados por los extorsionadores antes de iniciar sus acciones criminales.

“Las extorsiones son una muestra del poco interés que el gobierno está mostrando por la inseguridad ciudadana. Lamentablemente no se han hecho bien las cosas durante estos últimos años. Se ha dejado crecer a la delincuencia de una forma exponencial. En el transporte se ha permitido que estas sean hoy organizaciones criminales con toda una estructura. Lo que se debe hacer desde el Ministerio del Interior y la Policía es establecer un plan de operaciones, sino la cifra va a aumentar. No quisiera pensar que de aquí a 5 años más, tengamos un 100% de las empresas que son extorsionadas”, dijo.

Respecto al sector transporte, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Marybel Vidal se reunió esta semana con el director de Investigación Criminal, el general PNP Marco Conde, y sus equipos técnicos, para coordinar estrategias de seguridad en las principales rutas de transporte público con el fin de combatir las extorsiones. En la mesa de trabajo también estuvieron presentes diversos representantes del gremio de transportes y el jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el coronel PNP Jorge Luis Carpio.

El coronel PNP Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise), declaró a El Comercio que una de las principales acciones dirigidas hacia la población en general será una campaña de sensibilización sobre las extorsiones. Con ella podrán conocer las diversas modalidades y medidas de seguridad con la finalidad que eviten caer a las redes criminales. Esta se ejecutaría en los paraderos y lugares de concentración de diversas empresas de transporte.

“Hubo una conversación específica con algunos dirigentes de las empresas con la finalidad de que presenten sus denuncias. Para nosotros es valioso eso porque vamos a obtener bastante información que conllevará a la ubicación, identificación y captura de estos delincuentes”, aseveró el oficial policial.

Las extorsiones bajo la modalidad de cobro de cupos a transportistas urbanos fue identificada a inicios de la década del 2000 en el norte del país, exactamente en Trujillo. Con el pasar del tiempo el mal se extendió a Chiclayo, Tumbes y Piura. Una vez que los delincuentes lograron controlar a los vehículos, dieron el salto hacia los pequeños y medianos negocios con acciones violentas como el sicariato como último recurso, según un estudio realizado por la organización CHS Alternativo.

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El fenómeno ha penetrado todo el país y las modalidades extorsivas han evolucionado a nivel estratégico y de violencia. El estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, precisó que en el año 2013 se aprobó la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, que hasta hace un tiempo fue de gran utilida d para combatir la modalidad delictiva. No obstante, según el exministro del Interior Rubén Vargas, una reciente ley aprobada por el Congreso de la República pone en riesgo la lucha contra ese delito.

En comunicación con este Diario, precisó que la Ley N°32108, aprobada por el Congreso de la República, ha excluido a las extorsiones, secuestros, entre otros delitos que no generan cadena de valor, poniendo en riesgo la lucha contra el crimen organizado. Es decir, se investigaría como un delito común. “El tipo penal ha sido distorsionado el tipo penal de crimen organizado y ahora se ha excluido a todos esos delitos que no generan cadena de valor”, dijo.

Nota: Una cadena de valor criminal es una red de acciones criminales interconectadas que una organización emplea para dominar un mercado ilegal en específico o una economía para obtener un beneficio económico.