La noche del último domingo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estuvo en el programa televisivo Panorama donde presentó una lista con los nombres y rostros de los presuntos extorsionadores más peligrosos de la capital. Un total de diez hombres fueron expuestos, y el Ministro explicó el supuesto historial delictivo de cada uno de ellos. Al menos tres fueron identificados como integrantes de las bandas ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’ o ‘Los Malditos de San Juan de Lurigancho’.
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Durante la entrevista, la conductora del programa le preguntó a Santiváñez si todos los implicados eran delincuentes peruanos, a lo que el Ministro respondió afirmativamente. Sin embargo, tras la emisión, algunos de los mencionados se pronunciaron públicamente y enviaron cartas notariales exigiendo una rectificación, alegando que no tienen vínculos con actividades delictivas.
El caso
En la primera diapositiva se mostraron delincuentes conocidos como Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’; Deivi Romero, ‘Jorobado Deivi’; Yohairo Arancibia, ‘JJ’, y Johnson Smit Cruz Torres, ‘Johnson Pulpo’. Según el Ministro, el primero de ellos sería el cabecilla de una organización criminal que opera en el cono norte y que ha extendido sus operaciones hasta Brasil. Incluso proporcionó información sobre su paradero, indicando que probablemente se encuentre en el país vecino.
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Posteriormente, se presentó una lista “sumamente importante” de presuntos extorsionadores, cuyos rostros se mostraban por primera vez en televisión. Entre ellos se encontraban: Juan Antonio García Flores, alias ‘Toño’; Ángel Pierre Córdova Hoces, ‘Gordo Ángel’; Víctor Eduardo Meza Escobar, ‘Chileno’; Carlos Martín Lunavictoria Santillán, ‘Kalito’; Ronald Geison Puchoc Anco, ‘Lágrima’; y Kevin Jhonson Necochea Veliz, ‘Tiburón’.
Tres de los cuatro hombres que han solicitado la rectificación del Ministro no cuentan con antecedentes ni requisitorias.
Foto: Captura Panorama
Sobre ‘Tiburón’, Santiváñez indicó que la Policía lo sindica como líder de la banda ‘Timoti’, que estaría enfrentándose a la organización de ‘Monstruo’.Asimismo, señaló que ‘Lágrima’, ‘Kalito’ y ‘Chileno’, forman parte de ‘Los Gallegos de Tren de Aragua’ o ‘Los Malditos de San Juan de Lurigancho’. “También forman parte de organizaciones criminales que pretenden desplazar a otras”, declaró Santiváñez.
Sin embargo, tras la difusión de esta información, varios de los mencionados negaron cualquier vínculo con el crimen organizado. El primero en pronunciarse fue Juan Antonio García Flores, quien en declaraciones al noticiero 24 Horas afirmó ser víctima de extorsiones, no un delincuente. Aseguró que ha recibido amenazas de una banda criminal que le exige el pago de S/100.000 y que incluso colocaron explosivos en sus discotecas. “Soy un empresario que ha sido víctima de extorsión. Que investiguen bien, demuestren qué seguimiento tienen”, enfatizó.
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Otro de los aludidos, Carlos Martín Lunavictoria Santillán, identificado como ‘Kalito’, también exigió una rectificación a través de una carta notarial dirigida al Ministro del Interior. En ella afirmó ser un sereno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya labor diaria consiste en combatir la delincuencia. “Soy un orgulloso sereno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cada día de labores, me enfrento a la delincuencia y así contribuyo con mi trabajo para poder exterminar a este tipo de lacras que tanto daño hacen al Perú”, se lee en el documento.
Un ciudadano que trabaja como serenazgo en la Municipalidad de Lima envía carta notarial a Juan José #Santivañez pidiendo rectificación por confundirlo a nivel nacional como uno de los “extorsionadores más peligrosos del Perú”. @lamula. pic.twitter.com/hdMgpImouY
— Martín Sarmiento (@martinluma) January 27, 2025
El miércoles, Ángel Córdova también se defendió en 24 Horas, asegurando que nunca ha sido intervenido por la justicia y que la acusación ha afectado a su familia y a su negocio. “Me llamo Ángel Pierre Córdova Hoces y no tengo alias como me mencionan en televisión. Me han hecho un daño tremendo a mi familia y a mi negocio”, declaró. Anunció que presentará una acción de amparo para exigir la publicación de la carpeta fiscal con información sobre la supuesta investigación en su contra.
Víctor Eduardo Meza Escobar, alias ‘Chileno’, también negó su participación en actividades criminales. Si bien aceptó tener un antecedente por robo, aseguró que actualmente no está vinculado con ninguna organización delictiva.
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Tras las aclaraciones de los implicados, la Policía Nacional del Perú solo ha admitido un error en el caso de Juan Antonio García Flores. El coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, declaró que efectivamente se trataba de un empresario y que había sido víctima de extorsión
“Él es un empresario. Efectivamente es un agraviado de la extorsión. Ha habido un error material en la información”, declaró el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Por su parte, el jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, explicó que se trató de un caso de homonimia.
El ministro del Interior podría ser querellado
El abogado penalista Vladimir Padilla indicó que no se pueden mostrar los rostros de las personas, así sean delincuentes, a raíz de una prohibición del Tribunal Constitucional Peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema. Resaltó que el ministro del Interior es abogado de profesión, por lo que tiene conocimiento de la medida.
Además, agregó que de haber tenido pruebas que los vincule con la comisión de un delito, tendrían que buscar que un fiscal inicie un proceso penal para que eventualmente busquen una prisión preventiva para detenerlos porque en la actualidad no se puede aplicar la detención preliminar con mandato judicial.
Desde el ámbito penal, indicó que se ha cometido un delito en agravio de los señalados públicamente como extorsionadores. “Aquí hay un delito de calumnia difamatoria porque se les atribuye la comisión de un delito. Cuando se difunde a través de un medio social, hay una difamación. Para que esto sea procedente, si los agraviados desean prosiguen con la acción penal”, informó el experto. Asimismo, dijo que civilmente puede ser demandado.
El abogado penalista Aaron Aleman explicó que el hecho de que las declaraciones se hayan realizado en un medio de comunicación agrava la situación. En este contexto, señaló que podría corresponder una pena privativa de la libertad de hasta tres años, además de una multa y una reparación civil, que los afectados podrían solicitar debido a la magnitud del daño causado.
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Alemán precisó que, al tratarse de un delito de naturaleza privada, el proceso deberá iniciarse mediante una querella particular. Esto significa que los agraviados deberán presentar su demanda ante el Poder Judicial, que a su vez notificará al ministro involucrado, permitiéndole ejercer su defensa o refutar la acusación de difamación agravada. Asimismo, destacó que la parte afectada tiene la facultad de poner fin al proceso en el momento que lo considere oportuno.
“Como él ha dado estas expresiones o afirmaciones en su calidad de Ministro, a él le asiste una prerrogativa constitucional y obviamente debe haber una denuncia constitucional que tiene que ser aprobada por el Congreso en su Comisión de Denuncias Constitucionales. Es muy probable, dado el contexto político, que no la declaren procedente”, declaró el abogado penalista. Resaltó que como estrategia recomendaría que esperen a que él salga del cargo y postulen la denuncia particular.
