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Actualización: Pogust Goodhead confirmó que el 10 de enero interpuso la demanda internacional contra Repsol ante la corte distrital de la Haya en los Países Bajos. Dicha demanda reúne a más de 34.000 personas, entre pescadores y vecinos afectados de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla. La corte realizará una primera audiencia en junio para determinar si la demanda procede en la jurisdicción de la corte de La Haya.
Nota original del 22/12/2023:
A un mes de que se cumplan dos años del derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, la firma internacional de abogados Pogust Goodhead prepara una demanda colectiva contra la empresa Repsol por la pérdida de miles de puestos de trabajo en lo que significó el más grande desastre ecológico en el mar peruano.
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El proceso se inició el 3 de noviembre con la recopilación de firmas de pescadores artesanales, comerciantes y población de las zonas afectadas, desde Ventanilla hasta Chancay. Tom Goodhead, director ejecutivo de la firma especializada en conflictos medioambientales, con sede en Inglaterra, llegó la semana pasada al país para conocer de cerca los testimonios de quienes perdieron su medio de subsistencia debido a la contaminación. Esta es la misma firma que en el 2018 interpuso una demanda colectiva en el Reino Unido con 200 mil firmas contra la minera angloaustraliana BHP, responsable del derrame de casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales por la rotura de un dique en Minas Gerais, Brasil, considerado uno de los peores desastre ambiental de ese país.
Pese a que el derrame se registró frente al mar de Ventanilla, las tardías acciones de contención hicieron que el petróleo se expanda hasta la provincia de Chancay. En la foto se observa el estado de la playa Pocitos de Ancón a una semana del derrame. Solo habían dos skimmers succionado el crudo. (Carls Mayo)
En diálogo con El Comercio, Goodhead explicó que la demanda colectiva será presentada en enero ante la corte del distrito de La Haya, en Países Bajos, donde Repsol tiene su domicilio legal. Lo que se busca es una compensación económica por los daños generados tras el derrame de unos 12 mil barriles de petróleo el 15 de enero del 2022, que implicó la paralización de la pesca artesanal y el cierre de playas vigente hasta hoy.
Tom Goodhead es director ejecutivo de la firma de abogados Pogust Goodhead. Es la primera vez que trabajarán un caso ocurrido en el Perú. Previamente han seguido demandas similares por desastres en Brasil, Ecuador y Colombia.
/ “Repsol dice que ya indemnizaron a la gente, pero solo lo hicieron con una pequeña porción y con montos mínimos, casi irrelevantes para el tamaño del impacto. Lo que han intentado es interceptar a las personas y evitar que puedan articular la defensa de sus derechos”, dijo.
Desde marzo del 2022, la petrolera española inició la entrega de compensaciones a damnificados. De acuerdo con el Padrón Único de Afectados que elaboró la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e INDECI había 10.186 afectados hasta julio del 2022. Sin embargo, en todo este tiempo, grupos de pescadores artesanales han protestado continuamente frente a la refinería para denunciar que no fueron incluidos en las listas.. La más reciente protesta se registró el 24 y 25 de octubre pasado. En esta, se solicitaron reuniones inmediatas con los directivos de la empresa para definir el lucro cesante del año 2023, que, según mencionan, no se reconocen en los documentos de transacciones extrajudiciales
De acuerdo con el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, publicado en octubre, la protesta de organizaciones sociales de pescadores artesanales de Chancay, Aucallama, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa es uno de los tres conflictos que alcanzaron “un nivel de riesgo crítico” en el país.
“Hablamos de personas que perdieron el trabajo en una realidad socio económica donde no hay empleos disponibles. Muchos de ellos venían de generaciones y generaciones de pescadores”, indicó Tom Goodhead.
Protesta en La Pampilla
Múltiples gremios y asociaciones de pescadores y vecinos de las zonas afectadas realizaron un plantón a las afueras de la refinería de La Pampilla. Foto: Jorge Cerdán/GEC
Protesta en La Pampilla
Manifestante muestra una bandera manchada de un elemento negro, haciendo referencia a las manchas de petróleo que se registran en las playas afectadas por este presunto derrame. Foto: Jorge Cerdán/GEC
Protesta en La Pampilla
Los presentes mostraron diversos carteles exigiendo al gobierno mayor atención a la problemática, al ser un atentado contra el medio ambiente. Foto: Jorge Cerdán/GEC
Para Goodhead, la indemnización que podría conseguirse sería superior a cualquiera que ofrezca Repsol, ya que la corte internacional en la que se verá el caso le da mayor peso a temas ambientales en comparación del contexto peruano. Además, enfatiza que los pagos entregados no cubren los dos años de pérdida de trabajo, en la que miles de personas dedicadas al mar tuvieron que buscar “recurseos” en un contexto de falta de empleo en el país. El Comercio constató en reportajes previos que algunos pescadores artesanales y sus familias tuvieron que dedicarse a la venta ambulatoria informal o trabajos en taxis colectivos.
“No hemos calculado montos individuales porque aún no termina la recopilación de data, pero espero que la demanda colectiva sea de mil millones de dólares. Hay antecedentes: por ejemplo, Exxon, en un desastre mucho mayor en Alaska, pagó 90 mil millones de dólares. British Petroleum, por el derrame en el Golfo de México, también mucho más grande, pagó 50 mil millones”, explicó.
El 9 de enero culminará la recopilación de firmas de los afectados –hayan recibido compensaciones de Repsol o no– y se espera presentar la demanda colectiva para la quincena de ese mes. Hasta el momento la firma de abogados señala que se han sumado unas 20.000 personas, pero estiman que pueda cerrarse con hasta 35.000. El siguiente paso será intentar llegar a un acuerdo con la petrolera y, de no lograrlo, la primera audiencia se fijaría para abril o mayo. El proceso total, incluidas eventuales apelaciones, tardaría entre tres y cuatro años en resolverse. Además de las indemnizaciones, pedirán a la corte distrital de La Haya medidas cautelares para prevenir que esto no vuelva a suceder.
Pescadores independientes de Bahía Blanca no fueron considerados damnificados. Lo perdieron todo. Esta foto fue tomada en abril del 2022, cuando pedían al menos S/800 para reparar su chalana dañada porque les prohibieron meterla al mar.
/ “Repsol es una empresa que dice que tiene una reputación valiosa, que se preocupa por el medioambiente y promueve proyectos sociales, pero la realidad es que su comportamiento es completamente contradictorio. Las víctimas llevan protestando casi todos los meses y queremos que sus voces sean escuchadas en Europa y el resto del mundo. Vamos a demostrarle al mundo qué es lo que ha sucedido en el Perú”, finaliza el abogado.
Respuesta de Repsol
Consultados por este Diario, la empresa Repsol dijo que respetan plenamente el derecho que tienen las persona de acceder a los tribunales para la defensa de sus intereses. Sin embargo, respecto a esta demanda colectiva en, no emitirán comentarios “hasta contar con mayores alcances sobre el tema”.
Sobre las compensaciones entregadas, la petrolera indica que a la fecha el 98% de los afectados, identificados en el padrón de la PCM e INDECI ya ha cobrado su compensación del año 2022, y el 90% la del año 2023. No respondieron sobre los montos específicos entregados porque indicaron que son variados y dependen de la afectación según la actividad económica de cada persona. “En cumplimiento de la confidencialidad de los acuerdos y las normas de protección de datos no podemos indicar los montos de indemnización, pero sí podemos confirmar que los montos son superiores de forma importante no solamente con respecto a los montos de afectación definidos por la propia PCM, sino también muy superiores a los ingresos que un pescador recibe, como lo indican las distintas instituciones del Estado (INEI, etc.).”, señalaron.
Finalmente, respecto a las constantes protestas, Repsol indica que se han reunido con todos los afectados, ya sean personas naturales o a través de asociaciones que los representan, los que han podido ir con sus abogados si así lo requerían. “Repsol invitó a la Defensoría del Pueblo a dichos procesos de compensación, la cual asistió a algunos de estos. Todos los procesos han sido registrados en actas y los acuerdos se han firmado notarialmente. La compañía ha implementado canales de comunicaciones desde un inicio y está contestando a todas las consultas”, indicaron.
Playas cerradas
Mientras se prepara la demanda colectiva, 25 playas de Lima continúan afectadas por la contaminación. El 20 de noviembre, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), informó que de las 30 playas de baño y recreación que fueron impactadas por el derrame, “25 aún se encuentran en condición de afectadas” por lo que se insta a la población a no asistir a ellas este verano hasta que se ejecuten los planes de rehabilitación correspondientes.
Se trata de playas de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama, Huacho y Chancay.
Playas cerradas
25 playas se mantienen en condición "afectadas" por el derrame del 2022
Río seco, Chacayllo, Acapulco, Agua Dulce, Pueto en Chancay; Chacra Mar y Chacra Mar Peñón en Aucallama; Los Pocitos, Las Conchitas, Miramar 1, Miramar 2, Esmar 1, Esmar 2, D’Onofrio, Dieciocho Ancón, Casino Náutico, San Francisco Grande en Ancón; Playa Grande 1, Playa Grande 2, Playa Los Corales, Playa Chica, Hondable en Santa Rosa; Bahía Blanca, Costa Azul 1;y Costa Azul 2 en Ventanilla.
A esto se suma el reciente anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que advierte de que el mar colindante al distrito de Ventanilla “no cuenta con las condiciones para un desarrollo normal de actividades extractivas de recursos biológicos relacionados con la pesca artesanal” debido a que no hay “evidencias concluyentes” de que la zona esté libre de presencia de petróleo.
Según informó el Ministerio de Ambiente, los resultados de los estudios ambientales de calidad realizados entre los meses de marzo y octubre de 2022 evidenciaron que las primeras medidas de respuesta de Repsol en las playas afectadas no fueron eficientes.
La respuesta de la petrolera ha sido asegurar que la información de PCM es “inexacta y desactualizada” porque, según indican, el mar y la playa cuentan desde hace meses con las condiciones aptas para pesca y recreación. Asimismo, denunciar ser víctimas de “continuos intentos de sabotaje que ya se han denunciado ante las autoridades”.
