Personal de la Sucamec llegó hasta el lugar para verificar si la empresa y su personal contaban con los permisos correspondientes para operar | Foto: Latina / Captura de video
Personal de la Sucamec llegó hasta el lugar para verificar si la empresa y su personal contaban con los permisos correspondientes para operar | Foto: Latina / Captura de video
Redacción EC

La Policía junto a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), intervinieron a la empresa que el servicio de seguridad privada a vecinos de .

Se informó que se trataba de la empresa The Best Security S.A.C. que, producto de la intervención, dejó de operar debido a que no contaba con autorización de funcionamiento.

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“Integrantes de la mencionada empresa cobraban S/ 20 diarios por el servicio de patrullaje en motocicletas a vecinos de la urbanización Santa Elizabeth. Según información periodística, el mismo personal aseguraba que empleaban armas de fuego para el resguardo”, se detalló desde el Ministerio del Interior.

Sin embargo, al tomar conocimiento del hecho, personal de la Sucamec llegó hasta el lugar para verificar si la empresa y su personal contaban con los permisos correspondientes para operar.

“El representante legal de The Best Security S.A.C. señaló que la empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pero a la fecha no ha tramitado la autorización de funcionamiento para brindar los servicios de seguridad privada ante la Sucamec”, precisó el Mininter.

Sin registro para portar armas

También se constató mediante el sistema de la Sucamec que dicha empresa no tiene registro de armas de fuego. Además, tampoco contaba con licencia de funcionamiento municipal ni otros documentos requeridos para brindar servicios de seguridad privada en ninguna modalidad a nivel nacional.

Debido a esto, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso ubicar e intervenir a las personas vinculadas a The Best Security S.A.C. por el presunto delito de usurpación de funciones e infracciones administrativas por funcionamiento irregular.

La investigación se encuentra a cargo del Depincri 1 de San Juan de Lurigancho y el Ministerio Público.

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