Alerta por incremento de secuestros y casos que terminan en asesinato: ¿cuál es el perfil de los criminales?

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Según la denuncia policial, a la que El Comercio tuvo acceso, el hombre fue apresado en el distrito de San Juan de Lurigancho por dos hombres y una mujer. Los hampones tomaron posesión del vehículo del especialista y lo inmovilizaron en la parte posterior. Ese mismo día, se ubicó la camioneta de Quispe Culqui abandonada en Zárate. Su esposa, informó que él había salido hacia el centro de Lima a recoger mercadería para su labor como especialista dental.

Un día después, ella habría recibido mensajes extorsivos en los que le pedían una alta suma de dinero a cambio de la liberación de su cónyuge. A pesar de los intentos por mantener con vida al hombre de 37 años, no se logró. En la escena, donde se halló su cuerpo, se encontraron dos casquillos de bala.

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Cuatro días antes del macabro hallazgo en Lurín, se reportó como desaparecida a Rosa Elena Farfán Soberón. Lo único que se sabía era que había abordado un taxi luego de salir de la clínica San Pablo en Surco. La mujer, de 58 años, quien era una funcionaria de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), fue encontrada muerta el 21 de abril, horas después de su desaparición, a la altura del puente Los Quechuas en la vía Evitamiento de Salamanca-Ate.

Durante el tiempo que estuvo secuestrada, sufrió el robo de sus pertenencias y fue fuertemente golpeada en la cabeza. Según la necropsia de ley, esto último acabó con su vida. La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturó a dos presuntos autores del crimen, identificados como Alexander Joaquín Esquen Rojas y Axel Rodrigo Limay Chávez. El par confesó haber secuestrado y ultimado a la mujer.

En San Juan de Lurigancho, al interior del prostíbulo ‘Molino Rojo’, el 16 de abril fue secuestrado Oscar Paiva Guadalupe, gerente del lugar. Un grupo de hombres armados ingresó al estacionamiento del local y lo habrían subido a un auto Yaris blanco. Al igual que con el caso de Quispe Culqui, al agraviado lo grabaron como prueba de vida sosteniendo un diario del día.

A sus familiares les exigieron la suma de S/ 26.000 por su liberación. El día 27 de abril fue liberado. Según informó ‘América Noticias’, la policía detuvo a dos sospechosos. El agraviado contaba con una denuncia por Proxenetismo Agravado, detallaron medios televisivos.

Aunque los hechos no guardan relación, han causado que el delito de secuestro alcance los titulares noticiosos en los últimos días. Poniendo en debate el tema y cómo deberían las autoridades intensificar sus acciones contra la criminalidad. Tan solo de enero a marzo de este año, la Fiscalía de la Nación ha registrado 944 denuncias por dicho delito. Es decir, casi 10 por día. Durante 2022, las denuncias alcanzaron la cifra de 3.398 a nivel nacional. En paralelo, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), contabilizó 348 en ese mismo año.

Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, el secuestro nuevamente ha ingresado al grupo de los delitos relevantes. “A partir del 2019, el secuestro va creciendo en número y permanece hasta el día de hoy en el grupo de los delitos relevantes junto con el robo agravado, hurto agravado, asesinatos”, dijo.

Bandas criminales intermedias serían las principales ejecutoras. Son integradas por una nueva ola de delincuentes, no muy prontuariados, quienes son propensos a cometer cualquier tipo de delito.

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“Estas características de las organizaciones que están involucradas en los secuestros, las hacen más peligrosas porque son extremadamente violentas y casi siempre terminan asesinando a sus víctimas”, declaró Vargas.

Según información brindada por la Fiscalía de la Nación, desde enero de este año a marzo, se han registrado 4.529 denuncias por el delito de homicidio en sus diversas modalidades, siendo el homicidio simple el que cuenta con poco más del 50% de ellas. Lima Este, es el distrito fiscal con mayor incidencia, seguido por Lima Centro, Arequipa y Lima Norte.

Especialistas consultados por El Comercio identificaron que los actuales secuestradores cuentan con patrones que los diferencian ante algunos detectados durante décadas pasadas: la violencia, el aprovechamiento, la poca negociación y la inexperiencia, son algunos de ellos.

El presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortíz Anderson, declaró que algunas organizaciones extranjeras, implantadas en la ciudad, apuestan por asesinar a sus víctimas para borrar cualquier tipo de testigo. Es decir, eliminar pruebas. “Son sanguinarios, no tienen escrúpulos”, resaltó.

Los secuestros al paso son los más conocidos. Se pueden sufrir de camino al trabajo, al abordar un taxi. Los delincuentes, casi inexpertos en la materia, emplean la modalidad para vaciar cuentas bancarias y robar pertenencias.

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Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, indicó que en estos casos, usualmente las víctimas son liberadas. “Son pocos donde se concluye con la muerte de la persona secuestrada”, comentó. Además, declaró que todo secuestro es extorsivo a excepción de los que tienen como fin la trata de personas.

La desaparición y secuestro de Christian Quispe Culqui, apuntaba a ser un acto clásico de este delito, según especialistas. No obstante, la negociación no funcionó y lo asesinaron. Fuentes de este Diario, señalaron que sería un caso de venganza por parte de una ex trabajadora. Además, informaron que la policía detuvo a un presunto implicado de nacionalidad venezolana. En tanto, el caso de la funcionaria de la Sunat, sí corresponde a un caso de secuestro al paso altamente violento.

Bandas criminales oportunistas han visto en el secuestro un método sencillo para delinquir, detener a su víctima. “Apuestan en dicho delito porque la agraviada/o se ‘regala’ y eso está en directa relación con la información que tienen delincuentes de su víctima. Es usada para extorsionar y para secuestrar”, informó Rubén Vargas.

“La policía se sigue manejando en esto que denominan labores de inteligencia, en algunos casos, pero no es más que el pago hacia informantes”, declaró el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdes. Además, resaltó que los Departamentos de Investigación Criminal (Depincris), aún tienen carencias tecnológicas, de infraestructura y acceso a Internet.

Esto último, relacionado al poder que deberían tener los agentes policiales para investigar a través de herramientas las redes sociales de los criminales, los aplicativos que usan para organizarse, sus localizaciones, entre otros puntos determinantes.

“Lo que siempre ocurre en materia de criminalidad, cuando se produce un vacío, cuando la policía abandona un espacio, no necesariamente territorial -que también es parte del problema- sino uno de dominio de una zona de criminalidad, es copado por otras fuentes”, agregó Valdes.

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El especialista enfatizó que los secuestradores analizan la información de los celulares robados, identifican rápidamente las redes familiares de la víctima a quien le han robado el teléfono móvil, tienen información sobre movimiento económico.

Ni Estados de Emergencia ni con las Fuerzas Armadas en las calles se podría combatir este mal, según el exministro del Interior Rubén Vargas. Declaró que la inteligencia humana, junto con la policía especializada, inteligencia electrónica y de punta, son elementos esenciales para investigaciones a fin de repeler el delito.

Ambos especialistas llegaron a la conclusión que falta mayor ejecución de alta tecnología para combatir delitos predatorios, patrimoniales y organizaciones criminales.

El Comercio intentó comunicarse con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior para obtener detalles sobre qué tipo de acciones se están empleando para repeler el delito del secuestro, pero no obtuvo respuesta.