¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos

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“Los bancos de datos genéticos no son ninguna novedad, funcionan en muchos países. Lo que hay que tener en cuenta es que estos bancos manejan información hipersensible, en el sentido de que a través de esta información se puede obtener no solo la identidad exacta de la persona sino también toda su historia y su futuro biológico, de manera que esta información debe estar preservada, garantizada y cautelada como un dato personal”, comenta a El Comercio el especialista en Derecho Civil y profesor investigador de la Universidad de Lima, el abogado Enrique Varsi.

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El predictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Durante el debate, la congresista del Bloque Democrático Popular e integrante de la comisión, Ruth Luque, criticó que se esté excluyendo al Ministerio Público y acusó a la comisión de “erosionar” el trabajo de las instituciones.

“En un contexto en el cual la PNP es cuestionada por la ciudadanía, ¿creen que la población va a aceptar que solo la policía tenga el ADN de las personas?”, cuestionó la parlamentaria.

El estudio de opinión pública respecto a seguridad ciudadana en el país, realizado por Datum Internacional para El Comercio en abril de este año, mostró que el 70% de la población no confía en la PNP. Una encuesta previa, publicada en noviembre del 2024 por CPI, aumentaba esta cifra hasta el 91,7% al agrupar a quienes confían “medianamente” o “nada” en la institución.

Los proyectos de ley integrados en el dictamen fueron presentados por los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu y Fernando Rospigliosi, ambos pertenecientes a la bancada de Fuerza Popular. En ambos casos, los parlamentarios consideran que la PNP debería encargarse tanto de la creación como de la administración de esta base de datos.

Varsi advierte que “no debemos desconocer que nuestra policía de investigación es muy especializada”.

“Lastimosamente, la institución es cuestionada por todo lo que está pasando, pero creo que estamos sesgando la opinión. Desde el punto de vista técnico, está muy bien preparada”, comentó a este Diario.

El especialista recuerda que todo aquel que maneje datos personales en nuestro país debe regirse por una normativa que establece ciertos estándares para su utilización. Hasta ahora, dicha responsabilidad recae en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), perteneciente al Ministerio Público.

En el predictamen se daba cuenta sobre un oficio enviado por la Fiscalía el 9 de junio, el cual incluye un informe elaborado por la Jefatura Nacional del IMLCF donde se recomienda que “los perfiles genéticos que se generen en la Unidad de Biología Molecular y de Genética no deberán ir al banco de perfiles genéticos de la PNP porque nosotros también vamos a requerir una ley debido a la creación del Centro de Perfiles Genéticos donde utilizaremos el Software CODIS”.

Además, piden respetar la autonomía del Ministerio Público y se adjuntan tres informes del Área de Asesoría Jurídica del IMLCF entre los que resalta la advertencia de que el proyecto de ley va en contra del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública al crear “funciones dentro del sistema criminalístico policial, que duplicarían con las que presta en la actualidad la Unidad de Biología Molecular y de Genética”.

Cabe resaltar que el portal del Congreso registra un proyecto de ley presentado por la Fiscalía el 5 de junio de este año que propone la creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos del Ministerio Público. En la propuesta, el Ministerio Público plantea la creación de una comisión multisectorial presidida por el Fiscal de la Nación o un Fiscal Supremo, el jefe del IMLCF y representantes del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Según el mismo portal, el proyecto de la Fiscalía aún se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría (Fuerza Popular), respondió a los cuestionamientos de la parlamentaria Luque asegurando que “la labor de IMLCF no desaparece, en el predictamen se siguen realizando las labores que le corresponden conforme a la Constitución. Parecería una disputa entre si el titular es el Ministerio Público o la Policía Nacional. Lo que quieren los peruanos es que todas las instituciones converjan en una misma finalidad y es acabar contra el crimen” .

El legislador también asegura que en el artículo 173 del Código Procesal Penal, “se dispone que la PNP, a través de la Dirección de Criminalística, es la única en llevar adelante la investigación del delito”.

Cabe resaltar que tanto el artículo 173 como el artículo 60 del Código Procesal Penal, este último referente a las funciones del Ministerio Público durante las investigaciones, fueron modificados en octubre del 2024 mediante la Ley 32130, la misma sobre la que especialistas alertaron que retaba autonomía a la Fiscalía y brindaba mayores poderes a la PNP en investigaciones preliminares.

Varsi explica que no se puede encontrar un único país modelo en la implementación de bancos de datos genéticos, pues mientras en algunos dicha responsabilidad recae sobre el Hospital del Estado, en otros lo hace el respectivo órgano de medicina legal u otra institución especializada y creada específicamente para dicha labor.

“Cada país tiene que tomar en cuenta su tecnología, su infraestructura y la forma en la cual divide las instituciones del Estado para saber cuál será la más adecuada. A mi criterio, lo que deberíamos hacer acá es convocar a las instituciones más importantes del país que manejan datos de los ciudadanos, como es Reniec, el IMLCF, la Dirección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, entre otros. Y con ellos establecer quién es el ente más adecuado actualmente para administrar este dato de bancos genéticos”, recomienda.

El experto tampoco descarta que pensemos en un nuevo órgano conjunto que agrupe a todos los actores mencionados, sobre todo porque si bien los bancos de datos genéticos sirven en materia delictiva, “también pueden servir en materia de salud y mejora de la calidad de atención a los pacientes, por ejemplo. Por ello debe haber una correcta política del estado para el uso y manejo de estos datos”.