Adrián Vilela tenía 18 años cuando fue asesinado a seis cuadras de su casa, en Los Olivos. Un delincuente le disparó en la pelvis y en la frente para robarle el celular. Adrián nunca puso resistencia, practicaba taekwondo y sabía defenderse, pero ante el arma del asesino cedió el móvil sin titubear. Eso te enseñan, a evitar enfrentarte a un delincuente para salvarte aunque, como este caso, ni siquiera eso sea garantía para sobrevivir.
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A Adrián lo mataron el 6 de diciembre del 2021. A su padre lo siguen matando un poco todos los días que tiene que tocar puertas, buscar vídeos de cámaras de seguridad, ingresar a zonas peligrosas donde no llega la policía y menos el serenazgo, tratar de encontrar pistas, testigos o cualquier cosa que ayude a encontrar justicia.
En los 76 días que han pasado desde el asesinato de su hijo, Manuel Vilela ha destinado la mayor parte de su tiempo a recopilar información para identificar al culpable. Ni siquiera salía del shock de ver agonizar a su hijo en la sala de emergencias del hospital Cayetano Heredia cuando volvió, tres horas más tarde, al lugar del crimen, en la tercera etapa de la urbanización Villa Sol.
“Mi hijo murió a las 11:58 de la noche, a las 2:30 de la mañana yo ya estaba en el lugar para buscar pruebas o testigos, en una de las paredes había un disparo y pensábamos que podía haber una bala dentro de un local. Los peritos aparecieron tres horas después”, explica.
Para ese momento solo había tenido contacto con el agente que le llamó para decirle que su hijo había resultado herido en un asalto. Mantuvo esa misma sensación de abandono por parte de la policía al menos la primera semana, con el traslado del caso a la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal reconoce que hubo una mayor participación de la policía, pero se perdió la oportunidad de actuar de inmediato para detener al sujeto que aparecía en las cámaras de seguridad. “Si hacían una redada lo atrapaban, a las 3 de la mañana fue visto fumando, eso lo averigüé solo”, dice.
Desde el día del asesinato, volvió entre 5 y 6 veces al día a la zona y con eso pudo averiguar que el principal sospechoso había sido intervenido antes por los mismos vecinos, llegó a estar en la comisaría, salió y siguió robando. “Ya no volvió con un cuchillito, sino con un arma. He entrevistado a gente que ha sido asaltada por él, todos cuentan lo mismo, la forma violenta en que actúa, los rasgos. A veces salía con un auto, pero el día que mató a Adrián llegó y se fue caminando”, explica.
El problema es que no todos quieren declarar formalmente por temor a represalias. Los Olivos es el cuarto distrito de Lima que concentra más denuncias por delitos, después de San Juan de Lurigancho, Cercado y Comas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De los 26.670 delitos reportados ante la policía en Lima Metropolitana entre enero y marzo del 2021, el 5.8% eran de este distrito. En ese periodo, 670 casos fueron por delitos contra el patrimonio (robos, estafas, extorsión, entre otros) y 78 casos por delitos contra la vida el cuerpo y la salud, que incluye homicidio y lesiones.
Probablemente Manuel Vilela nunca supere el asesinato de su hijo, pero necesita justicia. Hay cabos sueltos que no entiende, como el cambio de la versión de una testigo presencial o que una abogada a quien otros vecinos entregaron videos de cámaras de seguridad decidiera no presentarlos a las autoridades. Sin embargo, confía que con lo que ha conseguido al menos ordenen la captura. “Entrar a esas zonas peligrosas es un trabajo de la policía, pero un padre no mide y no lo voy a hacer, por lo menos hasta alivianar esta pena y retirar este tipo de la calle”, dice.
Esa búsqueda en solitario también la vive desde hace un mes Willy Durand, padre de Flavio Durand Hernández, un joven de 23 años asesinado el 10 de enero en el distrito de Chorrillos. También le dispararon por un celular y también su familia ha tenido que padecer el insoportable dolor de la pérdida con la sensación de que nadie los apoya. De hecho, denuncia que día que les comunicaron del asalto, el policía que llamó al celular de su esposa lo hizo de forma prepotente y sin explicar qué pasaba. Recién en una tercera llamada, a los 10 minutos, le indicaron que eran policías y que su hijo estaba herido.
“Lamentablemente desde que nos llamaron se portaron mal. Desde ahí nosotros tenemos que hacer las averiguaciones por nuestra cuenta. No hemos tenido mucha ayuda tecnológica tampoco porque no hay cámaras de seguridad de vecinos y menos de la municipalidad. Los testigos no quieren ayudar por temor. Estamos decepcionados porque estamos solos”, explica.
A él mismo le habían asaltado con un arma días antes y sabe que la seguridad es casi inexistente, pero cree que la falta de compromiso de la policial, municipalidad y hasta de los vecinos contribuye a la impunidad.
Como Manuel, exige que el gobierno central y los municipios haga algo para frenar la delincuencia, especialmente el robo de celulares que, con el que motivó el asesinato de sus hijos, se venden impunemente en establecimientos conocidos a los que nadie erradica de verdad.
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