Un sorpresivo operativo policial el pasado 18 de julio en Las Malvinas culminó con la clausura de este centro comercial reconocido por la venta de artefactos robados o de dudosa procedencia. Tras la intervención de 80 puestos y la movilización de 1.200 policías, el ministro el Interior, Vicente Romero, anunció la creación de un registro de venta de celulares usados.
Según información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y publicados por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), solo en el primer trimestre del 2023 se han reportado 860.363 celulares como robados.
A través de una nota de prensa publicada por el propio Osiptel, se informó que solo en el mes de julio se han registrado 136.988 reportes de robo de celulares. Esto significa un promedio diario de 4.566 dispositivos hurtados a nivel nacional. Según la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la PNP, en los siete meses que han pasado del 2023, se han incautado 8.338 teléfonos celulares robados y de dudosa procedencia en Lima.
Nueva medida
El titular del Mininter indicó que la finalidad de la propuesta es transparentar la comercialización de dichos equipos móviles frente al alto número de robos que se registran diariamente, de los cuales, la gran mayoría, son comercializados en el mercado ilegal.
Por otro lado, explicó en diálogo con Radio Nacional que el registro se efectuará en coordinación con las cuatro empresas operadoras que funcionan en el Perú (Claro, Movistar, Bitel, Entel). Añadió que “la norma actualmente sanciona a la víctima y al comprador, pero no al vendedor de celulares robados”.
Ya existe pena
Sin embargo, el artículo 194 del Código Penal detalla que quien “adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa”.
Este delito de receptación es de forma agravada si, entre otros casos, el bien es un quipo de informática, de telecomunicación, sus componentes y periféricos. La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y de sesenta a ciento cincuenta días-multa.
El abogado penalista, Ronny Santillán, explicó a El Comercio que los celulares se encuentran dentro del agravante, ya que son equipos de telecomunicación. “Aquella persona que vende un teléfono celular que habría sido robado, no solo se enmarca su conducta en el artículo 194, sino también dentro de lo estipulado en el 195 como agravante”, señaló el letrado.
Adicionalmente, el Código Penal señala que, si los bienes provienen de la comisión de un robo agravado, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso, la pena incremente a ser no menor de seis ni mayor de doce años.
Propuesta inviable
En comunicación con El Comercio, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eduardo Pérez Rocha, aclaró que mantener un registro de celulares vendidos de segunda mano incluiría a cientos de miles de dispositivos. “Si se roban entre cuatro mil y seis mil celulares a diariamente, imagínate [la extensión]”, cuestionó el exdirector.
Asimismo, enfatizó en que esto solo “formalizaría a los receptadores [quienes comercializan el bien robado]”, permitiendo que este registro autorice eventualmente la incorporación de celulares robados al mercado formal. El Comercio solicitó una entrevista al Ministerio del Interior para resolver dudas al respecto de esta temática, pero al cierre de esta edición solo se respondió lo siguiente: “es una propuesta sobre la que se dará detalles una vez que se presente ante el Congreso”.
Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, mencionó a El Comercio que las medidas anunciadas por el representante del Mininter no ataca a la raíz del asunto: el mercado negro de celulares. “El mercado lo atacas no solo cortándole la mano al que vende, sino también al que compra. El problema de fondo es que deberían bloquearse [los dispositivos]”, comentó.
“Cuando hay más persecución de un delito tolerado, lo que se está haciendo es incrementar el costo de la operación y nada más. Mira el narcotráfico. Hay que eliminar el producto: el teléfono robado. Lo que estamos creando es un populismo penal”, recalcó Pérez Tello.
Por su parte, el exvicemistro de Orden Interno, Rubén Vargas, cuestionó la capacidad del Osiptel de administrar una tercera lista. Cabe recordar que ya existe una Lista Blanca (equipos móviles operativos legalmente) y una Lista Negra (equipos reportados como perdidos, inoperativos o robados). Parte de las atribuciones de Osiptel competen a la supervisión de estas listas.
Vargas explicó a este Diario que el robo y la venta de celulares robados es rentable “porque el mercado formal ayuda a mantener su valor. El mercado formal le vende un chip, sin registro y callejero, sin medidas de control. Hay empresas que a pesar de la prohibición del Osiptel siguen vendiendo chips callejeros”. Asimismo, instó al organismo a ejercer un rol más activo y que no mantenga una presencia “nominal”.
Incluso, El Comercio reveló que efectivos policiales también son parte de las mafias detrás del tráfico de celulares robados. El testimonio de un agente en actividad denunció que los policías vendían estos artefactos, ganando hasta tres mil soles diarios bajo esta modalidad. Incluso, fuentes de Las Malvinas confirmaron que sus principales proveedores son los propios miembros de la Policía Nacional del Perú.
Osiptel sanciona venta de chips callejeros
En entrevista con El Comercio, Luis Pacheco Zevallos, director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, aclaró que la entidad ha impuesto cerca de 25 millones de soles de multa a las empresas operadoras por la venta de ‘chips callejeros’.
“[Las operadoras] aducen que no autorizan a estas personas en las calles vendiendo estos chips. Pero evidentemente controlan el sistema con el cual se siguen activando estas líneas”, argumentó el vocero, quien agregó que las empresas han llevado estos casos a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.
Asimismo, Pacheco Zevallos indicó que “las empresas tienen un porcentaje de incumplimiento [al bloquear los teléfonos]. En lo que va del funcionamiento [del Renteseg], Osiptel ha impuesto más de 20 millones de soles de multa por incumplimiento. Solo en el 2022, se ha puesto 12 millones de soles de multa”.
