Atentado contra meritocracia en magisterio: todo sobre ley que promueve a docentes cesados

Tras un amplio debate, este jueves, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial (CPM), a través de una prueba excepcional, de profesores nombrados interinamente y que fueron retirados por no querer dar el examen de evaluación docente o haber sido desaprobados. La iniciativa legislativa obtuvo 92 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

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El presidente de la Comisión de Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar (Perú Bicentenario) defendió la decisión del Legislativo e indicó que “no se advierte fundamentos de mérito para considerar que el contenido de la Autógrafa de Ley incurra en afectaciones constitucionales y mucho menos esté afectando las normas vigentes del sector Educación”.

Asimismo, sostuvo que el dictamen (que agrupa los Proyectos de Ley 43, 761, 973, 1361, 2367, 2542 y 4464) no plantea alterar ni establecer el ingreso a la CPM de una manera arbitraria y mucho menos se vulnera los derechos de aquellos docentes que están nombrados en plazas orgánicas.

De este modo, se calcula que al menos 14 mil profesores nombrados interinamente y retirados del servicio público magisterial podrán presentarse a la evaluación excepcional.

La norma establece que esta prueba tendrá en cuenta la competencia pedagógica y trayectoria profesional y laboral del docente. Asimismo, precisa que los profesores que aprueben ingresarán a la primera escala magisterial. Para esto, deberán cumplir con ciertos requisitos. Vale precisar que esta prueba sería menos rigurosa, algo que refuerza la idea de que decisión del Pleno del Congreso representaría un atentado contra la meritocracia en el magisterio.

La norma ya había sido aprobada durante la sesión plenaria del 30 de noviembre del 2023 y observada por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre del mismo año. En tanto, hace un mes, en febrero, la Comisión presidida por Balcázar aprobó el dictamen de insistencia de dicha ley. En aquella ocasión, la propuesta recibió 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

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Cabe recordar que meses atrás, El Comercio advirtió que el bloque de docentes en el Congreso encaminaba hasta tres iniciativas legislativas contra la meritocracia en el magisterio público.

En septiembre de 2023, el Ministerio de Educación (Minedu) cuestionó dicha propuesta legislativa. La ministra de ese entonces, Magnet Márquez, dijo que era un atentado contra la meritocracia en el sector y que beneficiaría a docentes sin título pedagógico que fueron nombrados interinamente en razón de una ley del año 1984, que les otorgaba un tiempo para que saquen su título profesional.

Explicó que, cuando salió la ley de la Carrera Pública Magisterial, estos docentes nombrados interinamente tuvieron la oportunidad de ingresar a la misma siempre y cuando saquen su título, para lo cual tuvieron dos años, y aprueben una evaluación.

Sin embargo, Márquez sostuvo que con esta ley estos docentes que sacaron su título hasta el 2012 pueden entrar directamente a la carrera pública magisterial sin evaluación.

Asimismo, detalló que aquellos maestros que sacaron el título entre el 2012 y el 2014, y demuestren 30 meses de contrato también entran directamente, así como los docentes que sacaron el título en el mismo periodo de tiempo, pero que no tienen los 30 meses de contrato mínimo, pueden dar una evaluación.

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“Si todos los demás entran directamente, entonces dónde dejamos la meritocracia y cómo escogemos a los mejores profesores. Todos nos quejamos de la calidad educativa, pero estamos abriendo una puerta que en realidad cada vez se está agrandando más y eso es preocupante de parte del sector”, sostuvo la la exministra de Educación.

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, dijo a este Diario que la aprobación de esta ley es una prueba más de que Congreso está “perforando” todas las reformas que este país ha podido construir. Hablamos de la universitaria, la curricular y ahora la magisterial. Agregó que lo ocurrido evidencia también una debilidad por parte del Minedu para defender la reforma.

“El Congreso siempre ha tratado de sacar estos proyectos adelante y siempre ha encontrado una defensa sólida por parte del Ejecutivo. Pero en los gobiernos de Castillo y Boluarte ha estado ausente, y el resultado es este, la aprobación por insistencia de norma que realmente favorece a un grupo de adultos en contra del interés superior de los niños”, expresó.

Alfaro explicó que, de acuerdo a nuestra Constitución, esta ley se tiene que cumplir, pasando a su etapa de implementación. Precisó que esto será lo más complicado, pues la cifra de 14 mil docentes que iban a verse beneficiados por esta ley se habría reducido en el último tiempo.

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“Primero se hablaba de 14 mil docentes. Este es un número que en el tiempo pudo haberse reducido drásticamente. ¿Cuántos de ellos tienen más de 65 años y ya no podrían empezar la Carrera Pública Magisterial porque ese es el límite de edad para poder hacerlo? ¿De qué cantidad entonces estamos hablando? Eso lo tendría que determinar el Minedu”, explicó.

Por otro lado, el exministro de Educación detalló que las plazas que los docentes tenían cuando eran interinos fueron ocupadas por otros profesores, tal vez por concurso. Entonces no solo se trata de un problema de cantidad sino de dónde se los va a ubicar. “El problema ahora es la ejecución de la ley”, reiteró.

En cuanto a las efectos negativos que tendrá esta ley en el día a día, Alfaro señaló que son dos principalmente. El primero tiene que ver con la meritocracia. Es decir, habrá una afectación sobre los docentes que ya no van a poder acceder a las plazas que van a ser destinadas ahora a estos docentes interinos. Las plazas que normalmente son disputadas por un grupo de profesores que postulan, ya no van a estar disponibles.

“Un docente contratado ya no va a poder ingresar a la Carrera Pública Magisterial por falta de espacio. Los que tengan mayores capacidades deberían ocupar esas plazas”, destacó.

El segundo efecto negativo es contra los estudiantes. Alfaro indicó que pueden haber docentes interinos buenos, que estén en aula y que tengan una buena relación con sus alumnos, pero no existe seguridad de eso porque lo cierto es que no han pasado por ninguna prueba de medición de sus capacidades.

“Más bien puede darse el caso que sean docentes que no cumplan con la mínimas condiciones para poder dictar los contendidos del currículo y sean nombrados en una plaza. Y ahí sí estaría el Estado en contra del interés superior del niño, pues no le podría asegurar que el docente cumple con esas condiciones mínimas. Ese es el peligro para los estudiantes”, puntualizó.