La justicia peruana puede tardar hasta diez años en sancionar un caso de abuso policial como el de George Floyd

Chauvin ocasionó la muerte de Floyd luego de presionar su rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos. Su asesinato generó una polémica mundial que terminó en masivas protestas en Estados Unidos.

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La brutalidad policial no es exclusividad de Estados Unidos, y en el Perú los casos de víctimas de abuso policial o de autoridades como el serenazgo no solo existen, sino que además tardan muchos años en resolverse.

“El sistema de justicia penal norteamericano es totalmente diferente, en el caso de Floyd ya el Estado ha indemnizado a la familia lo cual es un dato muy importante porque hay vías paralelas de justicia: una es la indemnización civil con cifras elevadas como corresponde por los daños cometidos; y otra es la justicia penal. Ese no es un sistema de justicia colapsado como el nuestro, no puedes esperar 8 años para tener una decisión judicial. Acá está la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada para ver casos de Derechos Humanos, pero aún así hay un colapso”, opina Carlos Rivera, coordinador y abogado del Área Legal en Instituto de Defensa Legal (IDL).

A continuación, algunos de los casos de abuso policial en el Perú que han tardado varios años en alcanzar justicia.

Gerson Falla

En abril del 2011, Gerson Falla, de 26 años, entró desesperado a una panadería en San Borja, pidiendo ayuda. El joven gritaba que lo perseguían y lucía alterado. Minutos después, llegaron agentes de serenazgo y la policía y lo trasladaron a la comisaría de San Borja. Es ahí, donde Gerson recibió 57 golpes en el cuerpo. Falleció al día siguiente producto de esta brutal agresión.

¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Gerson? En el 2011, se inició el largo proceso judicial para sancionar a los policías que agredieron y asesinaron a Falla; sin embargo, recién en el 2013, la jueza Janet Lastra del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima emitió un informe en el cual se determina que nueve agentes de la comisaría de San Borja torturaron y con ello causaron el fallecimiento de Gerson Falla Marreros, en el interior de esa sede policial.

El documento indicaba que los autores directos del delito de tortura son los agentes Alfredo Huamán Álvarez y Diopoldo Aguilar Camacho. Como cómplices están Julio Obeso Milla, David Sánchez Méndez y Grover Rojas Quispe. A fines de ese año, se inició el juicio oral.

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En febrero del 2015, casi cuatro años después del asesinato de Falla, el suboficial Diopoldo Aguilar fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de lesiones graves contra Falla, y absolvió a los otros cuatro agentes: Julio Obeso Milla, David Sánchez Méndez, Pablo Esteban Oyola Castillo y Grover Rojas Quispe.

Sin embargo, en marzo del siguiente año, la Corte Suprema declaró nula esa sentencia y ordenó un nuevo juicio oral y que Aguilar también sea procesado por tortura. Todos salieron en libertad.

“A la parte civil nos conviene que regrese a cero”, dijo entonces el padre de Gerson, quien siguió cada uno de los pasos del proceso penal en busca de justicia.

Casi 10 años después, en diciembre del 2020, el Poder Judicial sentenció a nueve años de cárcel a Diopoldo Aguilar, al establecer que fue el autor de la tortura que causó la muerte de Gerson Falla.

Asimismo, fueron sentenciados a cuatro años de prisión suspendida por el delito de tortura agravada los policías Julio Obeso y Christian Sánchez. Todos ellos deberán pagar una reparación civil de S/250 mil en favor de la familia de la víctima.

Bruno Carlos Schell

La justicia para la familia del joven argentino Bruno Carlos Schell llegó casi 8 años después, pero a él nunca más lo volvieron a ver. Su mamá Julia Verdaguer estuvo por más de un año en Perú buscándolo pero, al no lograrlo, regresó a Argentina y falleció. Esta semana recién los responsables de su desaparición fueron sancionados por la justicia peruana.

Bruno Carlos Schell tenía 25 años de edad, sufría de esquizofrenia y había llegado al Perú a hacer turismo. En junio del 2013, Bruno fue encontrado en la bajada de Armendáriz, en Miraflores, en medio de la pista y con el riesgo de ser atropellado, por lo que fue intervenido por los agentes del serenazgo del distrito, Eduardo Rengifo Sánchez y Joe Cristian Herrera Medina. Como opuso resistencia, acudieron también al lugar los serenos Linder Ovier Sandoval Salazar, Miguel Ángel Sarmiento Vegas y el policía Enrique Morón Sánchez. Este último le puso los grilletes de seguridad con las manos hacia la espalda, luego lo subieron a la camioneta del Serenazgo y lo sacaron fuera de la jurisdicción de Miraflores. Desde esa fecha, no se sabe más de Bruno.

Desde ese momento, su familia inició una intensa búsqueda del joven que estudiaba diseño de imagen y sonido en Argentina. Bruno no había traído al Perú la medicación que tomaba para controlar la esquizofrenia.

Después de casi 8 años de la desaparición de Bruno, esta semana la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenaron al policía Enrique Hiram Morón Sánchez a 17 años de cárcel, y a los miembros del Serenazgo de Miraflores, Miguel Ángel Sarmiento Vegas y Linder Ovier Sandoval Salazar, a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de desaparición forzada.

Según la sentencia, Schell era una persona en claro estado de vulnerabilidad, ya que su salud mental estaba afectada.

“Los tres acusados realizaron acciones en contra de sus deberes de cuidado y de sus roles exigibles como funcionarios públicos, ante el evidente problema de salud mental de Bruno Schell. Concretamente, privaron a Bruno del acceso al servicio de salud para atender el problema de salud mental que presentaba en ese momento, pues otros serenos que intervinieron en un primer momento ya habían solicitado la presencia de ambulancia con paramédicos. Pero los acusados no esperaron su llegada y sacaron a Bruno fuera de la jurisdicción de Miraflores”, dice la sentencia.

Además, el juzgado da por acreditado que los acusados omitieron su deber de informar sobre el destino de Bruno Schell desde el momento en que la unidad vehicular se aleja del lugar de intervención con él a bordo.

“Ellos lo privaron de su libertad, luego el policía Morón le coloca los grilletes de seguridad, lo suben a la unidad del Serenazgo de Miraflores UM 18-72 y se alejan del lugar en dicha unidad móvil. Luego regresaron al distrito, pero no informaron de dicha privación de libertad, estando obligados a hacerlo. No le otorgaron a Bruno de la protección jurídica que le correspondía. Hasta la fecha se desconoce su paradero”, afirman.

Ivo Ivancovich

La muerte de Zvonco Ivo Ivancovich Andía sucedió en el 2017. Él tenía 35 años cuando llegó a una calle de San Borja en su motocicleta. En el lugar, gritó frases a favor del equipo Universitario de Deportes. Estaba con el torso desnudo, así que los vecinos llamaron a serenazgo para que lo intervinieran. Al parecer, estaba ebrio.

Al llegar los agentes de serenazgo, Ivo se resistió a ser intervenido por lo que solicitaron apoyo a la policía para poder enmarrocarlo. En uno de los videos que grabó su amigo se observa que los serenos Ántero Castro, Arnes Jiménez, José Ubaldo y Freddy Granados lo sujetan en el piso y uno de ellos lo pisa a la altura del estómago. Los vecinos afirmaron que Ivo fue brutalmente golpeado en la intervención.

El entonces jefe de la Región Policial Lima, general PNP Víctor Rucoba, indicó a la prensa que una vez dentro de la comisaría, el mayor Jerlin Silva, comisario de San Borja, se percató de que “el intervenido se desvaneció en una silla” y, por eso, “dispuso que lo trasladen” a una clínica. No se sabe si en ese instante probablemente Ivo ya estaba muerto.

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Recién en febrero de este año, el Ministerio Público de Lima, pidió 9 meses de prisión preventiva contra varios efectivos policiales de la comisaría de San Borja y un grupo de serenos, tras ser acusados de torturar y causar la muerte de Ivo Ivancovich Andia.

El magistrado de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Penal de Lima, formalizó la investigación preparatoria contra Fredy Jesús Quintanilla Legua, Jorge Luis Chacón Santos, Teobaldo Neira Atahui, Axel Ameth Israel Arellano Velásquez, Jaime Martín Mendoza Ruiz, Elmer Gianpierr Cubas Salvatierra, Andrei Stevens Castro Rodríguez, José Ubaldo Asencios y Acles Jiménez Neyra, por el delito contra la humanidad, tortura agravada en agravio de Ivo.

El Primer Juzgado Penal Nacional de Lima programó para abril la audiencia de presentación de cargos y requerimiento de prisión preventiva contra los acusados.

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