Denuncias por extorsión han aumentado en un 50% en Lima Metropolitana en el último año: estos son los 29 distritos en donde se incrementó

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en el primer semestre del 2025 (enero - junio), el número de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana incrementó en casi un 50% con respecto al mismo período del año 2024. Este escenario ha sido muy bien detallado por el analista de datos Juan Carbajal.

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Y es que en los primeros seis meses del año pasado, las denuncias por extorsión alcanzaron los 3.826, mientras que este año la cifra llegó a los 5.735. Este aumento se refleja en un total de 29 distritos. En base a estas cifras, El Comercio calculó que en promedio, este 2025, cada 45 minutos se ha registrado 1 denuncia en Lima Metropolitana por este delito.

En el caso de las denuncias por extorsión a nivel nacional, el total de estas fue de 13.667, entre enero y junio de este año. Esta cifra aumentó en un 25,5% con respecto a la alcanzada en el mismo período del 2024.

Asimismo, tomando en cuenta estas cifras, Carbajal dedujo que en promedio, cada 19 minutos se ha registrado una denuncia por extorsión a nivel nacional en lo que va del año.

Por otro lado, cabe mencionar que más del 60% del total de las regiones del Perú denotan un incremento de denuncias por extorsión.

Los dos distritos de Lima Metropolitana con mayor incremento porcentual de denuncias por extorsión en los primeros 6 meses del 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, fueron Puente Piedra (181,5%) y Ancón (157,9%).

Otros distritos con un aumento porcentual considerable, por arriba del 50% fueron: Ate (113,7%), Miraflores (109,1%), Carabayllo (105,6%), Pueblo Libre (100%), Lima (99,3%), La Molina (86,1%), Rímac (80,3%), Punta Negra (66.7%), Chorrillos (66%), San Martín de Porres (60,8%), San Borja (58.6%), Villa El Salvador (58,3%), Magdalena (58,3%) y Comas (57,8%).

Asimismo, los dos distritos con un mayor aumento del número de denuncias por extorsión en los primeros 6 meses del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024, fueron Lima (398) y San Juan de Lurigancho (228).

Otras jurisdicciones con un incremento considerable fueron: Ate (216), Puente Piedra (216), Comas (144), Carabayllo (131), Villa El Salvador (105), Chorrillos (93), San Martín de Porres (90) y Los Olivos (77).

En tanto, las regiones con mayor aumento porcentual del numero de denuncias por extorsión de enero a junio del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024, fueron: Puno (77,1%), Madre de Dios (68%), Piura (58,4%), Cusco (56,9%), Callao (51,4%), Tumbes (51,3%) y Lima Metropolitana (49,9%).

Noam López, experto en política públicas de la PUCP, indicó a El Comercio que si bien la búsqueda, el hallazgo y la consolidación de los datos son de mucho valor, y deben mantenerse, es necesario tener claro el contexto para comunicar una idea y no caer en un error de análisis. En ese sentido, señaló que el hecho de que aumenten las denuncias sí es favorable, teniendo en cuenta que la tasa de denuncias siempre ha sido de 1 por cada 10 víctimas de algún delito.

“Las víctimas usualmente no denuncian y hay cinco motivos claves: no confían la policía, piensan que es una pérdida de tiempo, el costo de oportunidad, consideran que no van a recuperar el bien perdido y además tienen miedo a represalias. Hay que fomentar que el peruano denuncie. Por eso, siempre será favorable que suba la denuncia en cualquier contexto delictivo”, expresó.

Sin embargo, López precisó que en realidad, para fines de medir el delito, la denuncia no es un buen indicador. “En cambio, sí lo es para medir la cobertura y presencia del Estado, porque si no hay una comisaría cerca, ¿a dónde vas a ir a denunciar?“, sostuvo.

Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, dijo a El Comercio que la extorsión es un delito que pone en riesgo alto la vida de la persona, por lo que de por sí genera mucha mucha resistencia a ser denunciado. Además, tiene que ver con que el sistema de justicia le garantice efectividad, es decir, si en la práctica no confías en que realmente esto se pueda solucionar y se generen ciertos protocolos de seguridad para salvaguardarte, se generan barreras para que te impiden ejecutar la denuncia.

“Por lo general lo que hacen las personas es ceder ante la extorsión. Entonces, indudablemente el desafío se convierte en mucho más grande para el caso peruano, porque tienes por un lado un fenómeno que atemoriza a mucha población y por otro lado tienes instituciones que no necesariamente han sido efectivas en materia de seguridad a lo largo de los años”, manifestó.

En ese sentido, Casas precisó que una de las primeras cosas que se tiene que hacer para mejorar el sistema de protección a víctimas de extorsión es tratar de promocionar la denuncia. Para ello, se tiene que garantizar al ciudadano que ahora puede ejecutarla sin necesidad de desplazarse a una comisaría o una unidad especializada. Actualmente, uno puede presentar su caso a través del sistema de denuncias policiales, y así empezar, por lo menos, el trámite administrativo.

Dicho esto, para Casas es esencial que se garantice un acompañamiento y una vigilancia perenne no solo a la persona víctima de extorsión sino a toda su familia. Sin embargo, resaltó que el problema puede ser que el personal policial y el sistema de justicia en general sea insuficiente. “Aunque eso parece una tarea titánica, no hay de otra, no es un delito en el cual uno pueda libremente dejar a la suerte la integridad física de las posibles víctimas, se requiere sí o sí de una vigilancia policial”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Macedo, abogado experto en integridad y derechos humanos, subrayó el hecho de la confidencialidad, es decir, el anonimato tiene que asegurarse. Una filtración, dijo, es un hecho muy grave, que pone en riesgo el derecho a la vida, la integridad y la seguridad del denunciante. “Si tienes un sistema de protección tienes que asegurarte de que sea confidencial, una filtración ahí es gravísima”, señaló.

Destacó, además, la necesidad de modificar la normativa y así permitir que esta protección se extienda a las etapas iniciales de investigación, cuando se encuentra en el Ministerio Público y aún no está en un proceso formal. “Es tiempo crucial. Me parece que eso es fundamental”, opinó.