En 2022 se registró un derrame de petróleo u otras sustancias en el Perú cada tres días, en promedio

En enero del año pasado, el mar del Callao fue el epicentro de uno de los desastres ambientales más grandes en la historia del Perú. Por razones que aún no han sido establecidas, 10.397 barriles de petróleo –lo que equivale a 1′652.990 litros del combustible– de la empresa Repsol, que administra la refinería La Pampilla, se derramaron en el agua. Las consecuencias fueron devastadoras: murieron animales, plantas y la costa chalaca y limeña sufrieron una contaminación sin precedentes.

Según la información que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) envió a ECData, el área afectada por el caso de Repsol fue de 100.61 km2 de agua y orilla rocosa, además de fauna y sedimentos hidrobiológicos. La dimensión del daño es titánica: el distrito de Villa María del Triunfo, por ejemplo, tiene una extensión de 70,57 km2.

“Los combustibles fósiles, en general, son tóxicos tanto para el ser humano como para la flora y fauna. Normalmente estos derrames se dan en zonas donde no hay depósitos de estas materias primas; es decir, las especies que habitan las zonas donde se producen los derrames ni siquiera podrían tener una pequeña adaptación a este tipo de sustancias”, explica Ian Vásquez Rowe, docente e investigador del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica.

Pero el caso de Repsol no fue el único ocurrido el año pasado. OEFA informó a este Diario que solo en el 2022 se registraron en el país 128 derrames de petróleo y otras sustancias en lotes y estaciones de siete regiones: Loreto, Piura, Lima, Callao, Huánuco, Cajamarca y Amazonas. Es decir, el año pasado hubo una emergencia cada tres días, en promedio.

De estas, el 61.7% (79 de 128) sucedió en Loreto, donde se ubican importantes y extensos proyectos como los lotes 192 y 8, así como el oleoducto Norperuano, de más de 854 km de longitud.

Precisamente el Lote 192, administrado por la empresa estatal Perú Petro, es el lugar en el que se registraron más emergencias el año pasado. En gran parte de los 38 casos ocurridos ahí, no se han determinado a la fecha ni el motivo ni la dimensión del área afectada.

Rafael Rojas, especialista de la Dirección de Supervisión de Energía y Minas de OEFA, explica que en la Amazonía hay condiciones que dificultan la atención de las emergencias. El acceso limitado por la geografía accidentada y los conflictos con las comunidades y poblaciones son algunas de estas. Pero hay otros factores.

“El problema que tiene el Estado es de institucionalidad. Si nos ponemos a ver el presupuesto para supervisiones y fiscalizaciones, con todo lo que esto implica, ahí nace la frase de que ‘la fiscalización es muestral’. OEFA no puede estar en todo el país”, comenta Wendy Ancieta, asesora legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

En la gran mayoría de derrames (78,9%), como en el de Repsol, la causa de la emergencia todavía no ha sido establecida oficialmente por las autoridades.

“La causa [de un derrame] no la determina necesariamente la autoridad fiscalizadora, porque eso está a cargo del administrado. Puede tratarse de un tema técnico, geológico, entre otros. Va a depender mucho de la magnitud del desastre. Pero también puede ser por la poca información que el administrado le brinde a la autoridad. Y aquí hay pueden darse dos casos: que el titular [la empresa] no dé la información pese a que tiene acceso a ella o porque no puede tenerla en los plazos correspondiente”, explica Wendy Ancieta.

Sobre este punto, Ian Vásquez refiere: “Lo que es claro es que todas las causas, la gran mayoría, se deben a la acción del hombre. A veces se da por falta de mantenimiento de las propias compañías. A veces, por boicots de los pobladores como elemento disuasorio a veces si las empresas se van de la zona”.

Además, en el 73,4% de emergencias tampoco se ha determinado cuál fue la extensión del área afectada. Y en la gran mayoría de casos aún no se conoce qué cantidad de petróleo u otras sustancias fue vertida a suelos o cuerpos de agua.

Con la información de OEFA disponible a la fecha, El Comercio encontró que el año pasado se derramaron al menos 10.494 barriles de petróleo –la gran mayoría corresponde al caso de Repsol– y 35.109 pies cúbicos de gas, lo que equivale a 220.829 barriles de petróleo.

Wendy Ancieta explica que los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra las empresas responsables de derrames tienen un plazo de seis meses, que podría extenderse un trimestre más. “Pero no necesariamente los plazos se cumplen, es recurrente que se extiendan”, remarca.

En la gran mayoría de los 128 derrames registrados el año pasado, la autoridad supervisora está en proceso de análisis de los resultados de sus acciones o el PAS está en evaluación para su eventual inicio.

En el caso específico de Repsol, un proceso administrativo sancionador fue declarado firme parcialmente, por lo que “aún se encuentra en trámite la sanción pecuniaria”, mientras que en cuatro procesos el PAS fue impugnado y está en fase de apelación.

En diálogo con este Diario, la empresa informó que a la fecha le han sido impuestas 20 multas “por distintas entidades administrativas, ante las cuales viene ejerciendo su derecho a la defensa. Dichas multas superan los S/115 millones. Del total, se han pagado siete multas”. Agregó que la refinería La Pampilla “ha adquirido mayor cantidad de equipos” para contención de derrames.

Finalmente, los expertos consultados para este reportaje coinciden en que el Estado debería tener un rol más activo para enfrentar emergencias de este tipo.

“Las declaraciones ambientales deben ser más rigurosas, examinadas a detalle. Y también más fiscalización: debemos tener la certeza de que el Estado verifica de vez en cuando el mantenimiento de la infraestructura [para la extracción de petróleo], que las empresas realizan las acciones adecuadas”, opina Ian Vásquez.

Ancieta, en tanto, narra que en países como España existe un régimen que obliga a las empresas a remediar los daños ocasionados por los derrames incluso si su responsabilidad no se ha determinado en un proceso. Esta –consideró –podría ser una referencia para trabajar en un modelo propio. “Hay muchas cosas por mejorar”, concluye.