Un total de ocho reos han fallecido de coronavirus durante la segunda ola de la pandemia y 184 se han contagiado de esta enfermedad. Así lo dio a conocer a El Comercio la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva Hasembank.
Los presos que perdieron la vida se encontraban cumpliendo condena en los penales Castro Castro (2), Lurigancho(2), Arequipa (2), Huancayo (1) y La Oroya (1). En tanto, los contagiados han sido aislados a un ambiente acondicionado para evitar la propagación de este mal.
Susana Silva, además, indicó a este Diario que durante la primera ola fueron 446 las personas privadas de su libertad que murieron a causa del COVID-19. Asimismo, de un universo de 78.334 reos tamizados ( 89.5% de la población penitenciaria), fueron 38.634 (49.3%) los que dieron positivo a este mal. La funcionaria precisó que a la fecha el INPE registra 86.928 reos en los penales a nivel nacional.
En el caso de los servidores del INPE, 46 murieron en la primera ola y 7 en lo que va del año.
“Las personas que están privadas de su libertad y las que trabajan en los establecimientos penitenciarios son una población vulnerable, ya que en los penales hay un nivel de hacinamiento que alcanza el 115%”, aseguró Silva Hasembank. El INPE cuenta con 7.688 trabajadores penitenciarios y 483 profesionales de la salud.
Para frenar el incremento de casos, el INPE priorizará la detección de los síntomas de coronavirus que presentan los internos y trabajadores con la utilización de las pruebas moleculares y antígenos. Esto debido a que en la primera ola se usó la prueba rápida y arrojaron falsos negativos. “Hemos coordinado con el Ministerio de Salud (Minsa) para que nos doten de 60 mil pruebas antígenos. La semana pasada hemos recibido 6 mil y la estamos aplicando sobre todo al personal penitenciario porque son los que entran y salen”, informó.
Otras de las medidas tomadas ha sido mantener la prohibición de las visitas por parte de los familiares y de los abogados a sus patrocinados. En lugar de ello, se ha implementado el acceso a visitas virtuales en 62 penales de los 68 que hay en el país.
Silva Hasembank informó, también que una de las medidas radicales que ha adoptado ha sido cerrar definitivamente, mediante una resolución presidencial, el penal de Chiclayo debido a que hay un alto nivel de hacinamiento y ya no entran más internos. Para ello, se están habilitando otros espacios en otras localidades para reducir la cantidad de reos en dicha cárcel.
“Es necesario que la comunidad penitenciaria tenga un proceso de vacunación pronto, ya que existe una interacción entre los penales y la comunidad. Si nosotros no cuidamos lo que ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios, lo que ocurra ahí va a repercutir afuera en la comunidad”, dijo Hasembank.
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