Este viernes 11 de octubre, desde los exteriores del Congreso de la República, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, convocó a un paro nacional indefinido luego de no lograr un acuerdo con el Parlamento respecto a la derogación de la cuestionada ley de crimen organizado y el archivamiento de los proyectos ley sobre terrorismo urbano. En ese marco, hizo un llamado a los gremios de mototaxistas, taxistas, bodegueros y más para que se unan a la masiva paralización. Todo ocurría mientras el Congreso mantenía en vilo a la ciudadanía en un debate en el plano que comenzó a las 2 p. m. de aquel día en el que se esperaban cambios a la legislación.
Qué pasó y qué se viene en Lima
Pocos vehículos, pasajeros desesperados y fuerte presencia policial: ese fue el panorama que reinó el día de ayer 10 de octubre desde temprano, en el marco de un paro de transportes para pedir mayores garantías contra los casos de extorsiones y sicariato. Pese a que varias empresas formales del sector anunciaron que no se sumarían a esta medida de protesta, las calles de Lima y Callao lucieron en gran medida desprovistas de buses.
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¿La razón? Tal como se había anunciado con anterioridad, diversas empresas de transportes acataron dicha medida en protesta por las extorsiones y los asesinatos del que vienen siendo víctimas. La inseguridad ha sido el principal detonante, ya que los transportistas enfrentan amenazas de mafias que exigen el pago de cupos a cambio de falsa “protección”, poniendo en riesgo su vida y bienes. Esto ocurre, por ejemplo, en la avenida Arequipa, donde una red de extorsionadores controla las rutas de las unidades.
El paro convocado por transportistas también terminó siendo acatado por otros varios sectores que viene siendo víctimas de la misma modalidad delictiva, como mercados, repartidores de aplicativos, comerciantes, entre otros.
Las centenares de personas se movilizaron por diversas partes de Lima y Callao pidiendo al Gobierno central tomar acción y frenar esta ola de violencia y criminalidad. Varios grupos emprendieron una caminata hacia el Congreso de la República, en el Cercado de Lima. Esto ocasionó poca afluencia de vehículos por las principales arterias de la ciudad.
Algunos desplazamientos de manifestantes se suscitaron por la Panamericana Norte, donde se utilizó un carril de la vía principal y la totalidad de la vía auxiliar. Otro grupo menor de manifestantes se movilizó por la Carretera Central. En los puntos de concentración de manifestantes se hicieron presentes grupos policiales para evitar desmanes o la interrupción del tránsito.
Una de las zonas más afectadas por el poco flujo vehicular fue el norte de la ciudad. Hablamos de San Martin de Porres, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. Asimismo, otros distritos con poca presencia de vehículos de transporte público fueron Villa El Salvador, Pachacamac, en el sur; San Juan de Lurigancho, en la zona este; así como Cercado y Breña, en el centro.
Además, debido al paro, decenas de mercados anunciaron con anticipación que no abrirían sus puertas. En tanto, otros centros de abasto decidieron ayer mismo permanecer cerrados, en parte, para sumarse a la protesta y exigir mayor seguridad ante los cobros extorsivos que sufren día a día. Este fue el escenario, por ejemplo, que se vivió en el concurrido mercado Huamantanga, en Puente Piedra, hasta donde llegó El Comercio.
En este punto se concentraron transportistas y comerciantes del referido mercado, así como de otros cuatro. Tras unas horas, decidieron desplazarse por la carretera Panamericana Norte, rumbo al Congreso. Similar situación se vivió en el Mercado Plaza Unicachi Sur, en Villa El Salvador, el cual cerró sus puertas y se colocó un cartel que decía “no a la extorsión”. En caso del mercado de Caquetá, se cerró a un 40%.
Por otro lado, gran número de puestos del emporio de Gamarra también cerraron en señal de protesta. Ellos se sumaron al paro de transportistas, exigiendo que se implementen medidas ante la crisis de inseguridad. En tanto, un grupo de comerciantes importadores de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda sí optaron por continuar con sus operaciones.
Cabe mencionar que durante la tarde, un grupo de transportistas pudo ingresar al Congreso de la República para reunirse con algunos legisladores y exponer su pliego de reclamos.
Resguardo e incidencias durante jornada
Efectivos policiales desplegados durante la jornada de paralización tuvieron que intervenir en algunas ocasiones para evitar desmanes o cierre de vías. Por ejemplo, retiraron llantas que habían sido prendidas con fuego en el paradero Asociación Hijos de Apurímac, en Santa Clara (Ate). De igual forma en el kilómetro 17,5 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, donde hubo quema de neumáticos.
Por otro lado, en la avenida Abancay, en las inmediaciones del Congreso de la República, se registraron varios desmanes y enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la PNP. Los protestantes intentaron retirar las vallas metálicas y rejas colocadas en el perímetro y cerca al Legislativo, pero fueron impedidos por la policía. Este desencadenó una primera gresca.
Luego, entrada la noche, se registraron otros enfrentamientos durante el intento de las fuerzas del orden de retirar a grupos de manifestantes que habrían estado ocasionando hechos de violencia y disturbios. Los agentes utilizaron perdigones, generando el rápido retroceso de la otra parte. Al parecer, durante este hecho, una mujer cayó y fue golpeada por las personas que intentaban huir del lugar. Se conoció que fue socorrida por unos agentes policiales para que reciba atención.
Asimismo, otra persona, esta vez un hombre, habría sido topado con la moto de un agente que se trasladaba en su vehículo hacia la zona de los enfrentamientos. Fue auxiliado por un grupo de jóvenes voluntarios y trasladado a otro lugar para que sea atendido.
Por otro lado, se reportó que durante las primeras horas de la mañana, al menos 16 personas fueron detenidas por disturbios durante la jornada de protesta: tenencia de tachuelas, quema de llantas, etc. De ellos, tres por prender llantas para evitar la libre circulación del transporte público, en Pachacamac, mientras que otro manifestante fue detenido mientras participaba de la protesta en la avenida Abancay, frente al Congreso.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, brindó anoche una conferencia para brindar un balance de lo ocurrido durante la paralización. Resaltó que la Línea 1 y 2 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios funcionaron al 100%, sin inconvenientes.
“Fueron desplegados 12 mil policías, en especial en los distritos declarados en emergencia, así como 3 mil efectivos militares por el Ministerio de Defensa. Esos han sido los números con los que hemos brindado plena y absoluta seguridad en Lima Metropolitana. Se ha garantizado que la Línea 1 y 2 del Metro, el Metropolitano y los corredores circulen en su totalidad. Y en el caso del servicio de transporte urbano, este ha sido prestado por dos docenas de empresas oficiales, como El Chino”, dijo.
Adrianzén reconoció que el número de unidades disponibles a primeras horas del día de ayer no fue el que se esperaba, pero dijo que con el pasar de las horas se fue regularizando el tránsito en la ciudad, con una mayor presencia de vehículos de transporte público en las calles. Sostuvo que ello fue comprensible, y que una vez los choferes comprobaron la seguridad en las calles, salieron a trabajar.
“Los ciudadanos tienen reconocido el derecho a la protesta. Hoy hemos visto de como más allá de Puente Piedra empezaban a marchar los ciudadanos. Ni un solo acto de violencia. A pesar de todo ello, en la avenida Abancay se han suscitado conatos de violencia de quienes, por supuesto, ya no tenían nada que ver con las protestas. Felizmente no estamos hablando cosas mayores. Estos actos un poco ha deslucido lo bien y lo cívico que se estaba llevando a cabo esta jornada de movilización social, expresó el primer ministro.
Adrianzén agregó que tras el anterior paro de setiembre, hubo reuniones entre el Poder Ejecutivo y los transportistas, donde el primero se comprometió en declarar el estado de emergencia (en un total de 14 distritos), en crear un grupo especial intervención de la PNP, con efectivos operando en el campo, también a crear una línea dedicada a recibir llamada anónimas de casos de extorsión, y a presentar un proyecto de ley de terrorismo urbano. Todo ello, dijo, se ha hecho.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que las personas detenidas durante la jornada de ayer, fue por los delitos de afectación al patrimonio publico y privado, y agresión al personal policial.
Asimismo, indicó que los efectivos policiales tuvieron que hacer usos de perdigones para “disuadir conductas agresivas que tenían la intención de perturbar la marcha”. Aseguró que no se disparó ningún perdigón al cuerpo, y que todos fueron dirigidos al piso.
Motivo de paralización
En medio de esta coyuntura, vale recordar días atrás algunas voces indicaron que habrían existido intereses más allá de los expuestos por los dirigentes que promueven la paralización. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, indicó a El Comercio que dirigentes como Hernán Mendieta, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, y Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, representan a las modalidades de transporte informal.
Además, señaló que en la plataforma de demandas de esas personas se incluyeron asuntos de carácter político, como el no aprobar la ley de terrorismo urbano, y advirtió que utilizan el tema de la inseguridad ciudadana para legitimar sus intereses. En tanto, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima, remarcó que los sectores que promueven la medida de protesta buscan la “formalización del auto colectivo” o la remoción de autoridades.
Por su parte, en conversación con este Diario, Campos aseguró en que la paralización tuvo como fin que las autoridades actúen contra las extorsiones a los choferes, así como la derogación y el archivamiento de normas como la ley de terrorismo urbano.
Pese a ello, cabe precisar que durante la jornada de ayer (jueves), El Comercio pudo comprobar que las protestas en su amplia mayoría estuvo enfocada en el rechazo a las practicas extorsivas que vienen causando temor en el sector transporte, así como en otros rubros. Esto, a diferencia quizá del paro del pasado 26 de setiembre, donde se pudo ver que la plataforma de reclamos incluía otros pedidos que no se habían planteado originalmente.
Asimismo, ayer, se observó variedad de carteles con frases alusivas al rechazo a las extorsiones y otras modalidades delictivas que mantienen en vilo a los transportistas, comerciantes y ciudadanía en general. Las arengas y gritos a viva voz también estuvieron dirigidos al llamado para que el Gobierno combata dicho flagelo y envíe un mensaje tranquilizador.
Lo que se viene: paro continúa 11 y 12 de octubre
Para otro sector de transportistas, el paro en Lima Metropolitana continuará este viernes 11 y sábado 12 de octubre, según anunció Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores. La medida de fuerza exige la derogación de la Ley 32108, que aborda el crimen organizado. Palomino criticó al Congreso por no mostrar “voluntad política” para solucionar la situación, asegurando que el paro no se detendrá hasta que dicha ley sea eliminada. Un grupo de transportistas ha convocado una manifestación frente al Congreso alrededor de las 2 p.m. Además, hoy se juega el partido de Perú en el Estadio Nacional, lo que promete una tarde complicada en el centro de Lima.
“El paro sigue de 72 horas, pedimos a la población que se sume, ya que este es un clamor del pueblo”, declaró. Además, reiteró que están en pie de lucha y no abandonarán su protesta frente al Congreso hasta que se derogue la ley. Según Palomino, los legisladores no están actuando con el respeto que la ciudadanía merece.
El dirigente también criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por supuestamente haberlos tildado de “terroristas”. “No somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano”, enfatizó, y exhortó a la ciudadanía a unirse a la protesta, subrayando que esta demanda no proviene de empresarios, sino de los trabajadores que luchan por sus derechos.
El Congreso debatirá este viernes una modificatoria a la ley de crimen organizado y un dictamen sobre terrorismo urbano.
Clases virtuales
El ministro de Educación, Morgan Quero, dio cuenta de que el día de ayer, en Lima y Callao, la modalidad de clases virtuales en los colegios tuvo el 100% de cobertura, atendiendo a 2 millones 300 mil estudiantes. En el nivel técnico productivo y pedagógico, precisó que el 100% de las clases, dirigidas a un total de 20 mil alumnos, se dieron de manera remota.
En tanto, en las 6 universidades públicas ubicadas en la ciudad, las clases se realizaron de manera virtual. De igual forma, en 27 de las 28 universidades privadas.
Quero también agregó que a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes, profesores y personal administrativo, hoy viernes también quedan suspendidas las clases presenciales en las instituciones educativas de Lima y Callao, dando paso nuevamente a las clases virtuales.
“El día de mañana (viernes 11 de octubre) también vamos a trabajar de manera remota. Las clases se seguirán desarrollando de manera virtual”, dijo Quero en compañía del Consejo de Ministros.
Diagnóstico del paro
Entrevista a Héctor Vargas, presidente de la coordinadora de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, sector que anunció que no iba a acatar el paro.
¿Las empresas a las que representa han salido a trabajar tal y como anunció antes del paro?
Nosotros somos consecuentes con lo que hemos señalado. Algunas empresas han trabajado de manera parcial, pero hemos notado que la población no ha salido a trabajar. Por ejemplo, el 60% de unidades de mi empresa, de una flota de casi 110 carros, ha salido a trabajar, sin embargo, no hubo pasajeros, contrariamente a lo sucedido en otros paros. Los carros han seguido trabajando. Similar situación han sucedido con las otras empresas de la coordinadora, según me refieren.
Obviamente el temor es latente, pero había un compromiso de trabajar, somos consecuentes con la posición que hemos adoptado. Y contrariamente a lo que uno había podido pensar, los informales tampoco han salido a las calles. Entonces creo que este paro ha sido un éxito para ellos, pues parte de los formales sí hemos salido a trabajar. En tanto, no tengo conocimiento puntual de situaciones violentas. Solo que han habido hechos como ‘pinchado’ de llantas y en algunos carros han bajado a los pasajeros.
¿Cuál es su su diagnóstico del paro y qué va a pasar después?
El paro como tal se ha dado. No somos ajenos a ello. En el caso de la población, esta no ha salido, no sé si por temor o por apoyar la medida. Cuando vemos que la población en su conjunto saliendo a protestar creo que tiene que haber una lectura por parte del Gobierno sobre qué es lo que está pasando con nuestro país. Habrá que hacer una lectura sobre qué quiere la ciudadanía, pero ese le compete a los políticos. Por parte de nosotros, hoy (jueves) nos vamos a reunir, y seguramente sacaremos algunas conclusiones, pero también debo manifestar que la vida continúa, el trabajo también, nadie nos va a perdonar deudas, compromisos de pago. Hay que seguir para adelante.
¿Considera que el Gobierno está tomando buenas decisiones? ¿Se dará un ultimátum por parte de los transportistas?
Hay que ser consecuentes y leales con lo que uno dice y hace. Nosotros hemos pedido cosas que el Gobierno ha implementado. Hemos pedido seguridad y esta se ha brindado. No podemos lanzar un ultimátum, en todo caso los que tendrían que manifestarse al respecto son los que convocaron al paro. Ellos dijeron que pararían 72 horas. Solo digo que hay que ser responsables con las decisiones que cada uno toma.
Sin control de flotas
Cabe mencionar que, aunque las empresas pueden decidir no parar, en la práctica no controlan a la mayoría de las unidades que circulan bajo sus rutas. Esto genera incertidumbre sobre la disponibilidad de buses y agrava la precariedad del servicio, afectando directamente a los usuarios que dependen de este transporte.
El problema de fondo es que más del 80% de los buses no son propiedad de las empresas formales, sino de terceros, como personas naturales, que operan bajo un modelo comisionista. Este sistema les permite alquilar las rutas sin un compromiso claro con la operación o el mantenimiento de las unidades. Así, aunque las empresas digan que no se sumarán al paro, los propietarios de los vehículos pueden tomar decisiones de manera independiente, dejando a las calles sin buses y mostrando la fragilidad del sistema de transporte.