Frente al fuego aún vivo en la galería Plaza Central, el alcalde Jorge Muñoz, anunció la noche del jueves que iban a clausurar el establecimiento cuyos almacenes ahora inservibles venían operando sin autorización por lo menos desde febrero. “Clandestinamente han seguido haciendo cosas”, dijo ante la prensa cuando llegó a la zona más de dos horas después de iniciado el siniestro.
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En la mañana, con el humo negro emanando incontrolablemente de los escombros y los bomberos aún trabajando, la gerente de fiscalización Zuleyka Prado, reconoció que el propietario tenía la orden de demoler los pisos superiores hechos con drywall, pero que no había hecho caso. “Hicimos acto de paralización y ellos no han debido haber ejecutado trabajo clandestino”, insistió.
El nuevo incendio en Mesa Redonda ha vuelto a demostrar que, 20 años después de la tragedia que dejó más de 270 muertos y 180 desaparecidos en la misma zona, el emporio comercial sigue siendo una bomba de tiempo. También cómo la autoridad encargada de fiscalizar no ha podido con la evidente informalidad.
Historia conocida
Este Diario confirmó que Plaza Central no es el único establecimiento con almacenes con material prefabricado. Jirones como Puno, Inambari, Leticia o Paruro tienen edificios con pisos superiores de drywall, triplay y metal a vista de las autoridades. Funcionan como depósitos clandestinos sobre todo de productos de plástico.
Carlo Angeles, regidor que ya desde setiembre denunciaba que existen mafias que cobran hasta 20 soles diarios a los vendedores ambulantes, ha pedido que se declare en emergencia jirón Puno. Según explica, son estas mafias las que lotizan la vía pública para vender productos almacenados ilegalmente en las galerías de todo el emporio.
De hecho, la presencia de material inflamable - por el tipo de comercio de la zona- es ampliamente conocida y expuesta nuevamente cada vez que ocurre un siniestro.
Mesa Redonda es el único lugar. Andrés Devoto, representante del colectivo Despierta Lima, sostiene que en Barrios Altos se han identificado edificios en igual situación informal que son altamente peligrosos ante un incendio o terremoto. “Aproximadamente hay más de 90 almacenes ilegales. La zonificación permite un máximo tres pisos, pero hay edificios de 8, 9, 12 pisos. No tienen licencia de obra, ni de funcionamiento y operan a cuadras de todos los poderes públicos”, advierte a este Diario.
Esta situación informal repercute no solo los riesgos ante emergencia, también aumenta la congestión, la contaminación ambiental y la seguridad.
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Omisiones
El incendio se inició la noche del jueves 30 de diciembre por presuntamente la caída de un globo de Cantoya (globo de papel que se eleva con una vela) sobre los almacenes de la galería ubicada en la cuadra 11 de jirón Andahuaylas. Se trataba de una estructura construida con drywall que según la comuna metropolitana contaba con una orden de demolición desde febrero. Pese a que el problema había sido identificado, el almacén seguía operando sin problemas.
El comandante Jorge Canal, jefe brigada de la cuarta comandancia de bomberos encargada de atender el siniestro, explicó a este Diario que aunque drywall no es un material combustible, los plásticos, papeles y cartones que contenía hicieron imparable el fuego. “El problema con el drywall es que con el agua se desmorona, por eso no podemos echar tanta porque las paredes pueden ceder. El otro problema es que con el incendio el material inflamable se compacta y el agua no llega al interior, sigue prendido por dentro”, explicó.
Ayer por la tarde, la Municipalidad de Lima informó que ha iniciado un “proceso administrativo al ejecutor coactivo responsable del hecho, así como a la Subgerencia de Control de Sanciones”. Además, retiraron la confianza a Zuleyka Prado por no cumplir “debidamente con sus funciones y labores asignadas”.
El mismo alcalde reconoció que hubo una “omisión final” al no ejecutarse la destrucción del área ilegal. Anunció que investigarán si hay otros almacenes clandestinos.
Sin embargo, para el regidor Víctor Aguilar hay responsabilidad política y administrativa por parte del burgomaestre. “No es posible que el alcalde diga que no sabía que hay almacenes clandestinos. Toda el área de fiscalización sabe dónde están y cómo operan. En cada fecha festiva, Mesa Redonda colapsa. El Cercado es su responsabilidad. Tiene 3 años de gestión, no puede decir que recién se entera”, dijo a este Diario.
Para el regidor Jorge Valdez, es necesario que intervenga el Ministerio Público para individualizar responsabilidades por posible omisión de funciones. “La Municipalidad de Lima tiene cámaras, supervisores de manera permanece, si veo que circulan planchas de drywall, tengo que entender que algo están haciendo en la zona, no tiene sentido decir que era clandestino”, agrega.
Aunque reconoce que también compete al Poder Judicial y Fiscalía actuar ante un pedido de demolición, Valdez insiste en que el alcalde debió liderar una campaña para garantizar que se cumplan los pedidos de demolición. “No se puede seguir permitiendo almacenes. Han pasado 20 años y no hemos aprendido nada”, dijo.
Los regidores de oposición adelantaron que solicitarán una sesión extraordinaria de Concejo Metropolitano para plantear estos temas.
Ayer, el Quinto Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar por un plazo de 40 días contra los que resulten responsables, por el delito contra la seguridad pública - peligro por medio de incendio o explosión debido al incendio. Han dispuesto tomar declaraciones de los funcionarios municipales. Además, la Comisión de Descentralización del Congreso ha citado para este miércoles 5 de enero al alcalde Muñoz.
Condenan maltrato a periodista
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su protesta por la forma en la que el periodista Iván Escudero, de Exitosa Noticias, fue impedido de formular preguntas al alcalde Jorge Muñoz. En un comunicado, advirtieron que, aunque Yanixa Honor, jefa de prensa de la Municipalidad de Lima, alegó que el periodista “le faltó el respeto” al alcalde, imágenes de lo ocurrido demuestran que hubo obstaculización por parte del personal municipal para que Escudero realizara su trabajo.
Ante ello, el burgomaestre expresó disculpas institucionales y personales al periodista y dijo que no sabe quién dio la orden de que fuera retirado. “Ha sido un trato inadecuado del que me he dado cuenta después. No se va a repetir”, dijo.
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