La presidenta Ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, no descartó que haya personal de salud involucrado en la red criminal que cobraba cupos para que pacientes con COVID-19 pudieran accedeer a camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Guillermo Almenara.
No obstante, dijo que esto dependerá de las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Hasta el momento han sido detenidas nueve personas, dos de las cuales eran funcionarios administrativos del mencionado hospital.
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“Hasta el momento es reservada la investigación, hay dos administrativos involucrados y que en su momento fueron separados. No podemos adelantar opinión sobre nuevos involucrados”, aseveró a Canal N.
“El médico sigue un protocolo y aspectos éticos para poder evaluar y atender al paciente que va a UCI. Si hay 20 personas en busca de una cama UCI, el médico tiene que decidir según sus conocimientos y los aspectos éticos”, agregó.
“No somos los llamados a determinar la responsabilidad. Hay un jefe de servicio con un equipo médico que tiene los criterios médicos, y en función de ello, deciden sobre las camas UCI. En ese proceso participan enfermeros y técnicos que trabajan en las unidades de UCI”, señaló.
La titular de Essalud agregó que los malos elementos administrativos fueron separados apenas se supo de la denuncia, en el mes de abril. Lamentó que este hecho dañe la imagen de su institución.
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El informe fiscal detalla que la organización criminal ‘Los Ángeles Negros’ cobraba hasta 82 mil soles para asegurar una cama UCI a los pacientes. El caso se reveló tras la denuncia de un ciudadano que hizo el pago para que su pariente accediera a la cama UCI, pero que finalmente no fue transferido y falleció producto de la enfermedad.
Por este caso, se detuvo a nueve personas esta madrugada. La diligencia se realizó en simultáneo en las jurisdicciones de La Molina, San Miguel, Breña y Magdalena. Participan en la acción agentes de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) de la PNP, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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