Sunedu pide la vacancia del rector de la USMP e impone multa de S/8,6 mlls.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) resolvió sancionar a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) con el pago de ocho multas que ascienden a más de S/8,6 millones e iniciar un proceso de vacancia contra el rector José Antonio Chang Escobedo.

Esto, según fuentes de El Comercio, debido a que la casa de estudios realizó –entre los años 2013 y 2018– una serie de operaciones irregulares con siete empresas vinculadas y un fondo de inversión extranjero sin acreditar que se ejecutaron con fines educativos, tal como lo establece la Ley Universitaria. El monto involucrado asciende a más de S/293 millones. 

—El procedimiento—
El 20 de diciembre pasado, la Sunedu inició un proceso administrativo sancionador a la USMP tras auditar sus estados financieros e identificar préstamos e inversiones con sus subsidiarias, los cuales habrían afectado “significativamente” el monto total de excedentes obtenidos. La normativa vigente establece que los excedentes de las universidades privadas asociativas –como la San Martín– deben ser reinvertidos en infraestructura, equipamiento e investigación, entre otros rubros. Las siete subsidiarias involucradas eran: Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A.; LC Busre S.A.C.; Tambo Hotel y Restaurante S.A.C.; colegio Rita Castro Ramos; Promotora Educativa USMP S.A.C.; Editora La Crónica S.A.C.; y Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. Asimismo, está el fondo Latin Lease LTD.

Para iniciar el proceso, la superintendencia consideró que la USMP habría infringido el numeral 3,1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria: “Utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas para fines distintos a los universitarios”. Esta infracción es considerada “muy grave”. 

—Las sanciones—
Casi ocho meses después, la Sunedu resolvió el procedimiento sancionador. El Comercio accedió a los detalles del Informe Final de Instrucción 019-2019-Sunedu/02-14, que fue ratificado en julio último por el consejo directivo de la entidad. Allí se determinó la imposición de una multa para la USMP por un total de S/8’614.928, al advertirse “la ausencia de una conducta diligente y responsable respecto a la gestión de sus activos”, pese a que se encontraba en una situación de “déficit constante”, tenía dificultad para el cobro de deudas, no pactó garantías ni intereses y las operaciones no le generaron rentabilidad alguna.

Según la superintendencia, los activos utilizados entre el 2013 y el 2018 sumaron S/293’726.216, que “pudieron destinarse a otras actividades que sí contribuyeran a una finalidad universitaria”. Asimismo, se detectó un impacto en la generación de excedentes hasta por S/41’778.000.

Solo en el caso de la empresa LC Busre S.A.C., razón social de la aerolínea LC Perú (a la cual, en noviembre del 2018, Indecopi declaró en insolvencia por una deuda de casi US$6 millones), la Sunedu estableció que le realizó préstamos para el pago de proveedores y remuneraciones a través de “contratos no escritos”, sin que estos generaran intereses. Al 2018, la inversión acumulada en esta subsidiaria llegó a S/123’433.000.

La USMP también realizó inversiones en el Club Deportivo Universidad San Martín de Porres (al 2018 acumulaban S/120’777.000); la Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. (S/19’970.000); y Tambo Hotel y Restaurante S.A.C. (S/11’775.000). De acuerdo con la Sunedu, los informes que debían acreditar que estos movimientos tenían fines educativos “no se encuentran respaldados por medios probatorios de fecha cierta”, sino que “fueron elaborados a raíz del procedimiento administrativo sancionador”.

En esa línea, la entidad concluyó que las operaciones en cuestión no fueron autorizadas por el consejo directivo de la universidad, y que el rector José Antonio Chang Escobedo –como responsable de la gestión económica– “permitió un incumplimiento sostenido de las disposiciones contenidas en el estatuto y la normativa vigente”, lo que “constituye una causal de vacancia”, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Universitaria. Por ello, ordenó que la casa de estudios inicie el proceso para vacarlo, además de presentar un plan de acciones para recuperar los montos involucrados.

—“No estamos de acuerdo”—
El Comercio se contactó con el abogado Víctor Bolaños, quien defiende a la universidad en este caso, y confirmó que la USMP ya había sido notificada sobre la resolución del procedimiento sancionador. Al respecto, indicó que interpondrán un recurso de reconsideración antes del 20 de agosto próximo, fecha en que se vence el plazo para hacerlo.

“No estamos de acuerdo. Lo que ha ordenado la Sunedu es el inicio del proceso de vacancia, que está regulado en las normas de la universidad. Se convoca a la asamblea universitaria, esta evalúa los hechos y emite su decisión. Así que no necesariamente decidirá si se vaca al señor José Chang, ya que es autónoma”, explicó el abogado.
Bolaños dijo que las empresas de la USMP fueron creadas antes de la vigencia de la Ley Universitaria y para actividades que la universidad “viene desarrollando hace muchos años”. “Por ejemplo, el colegio Rita Castro fue fundado como sede de prácticas de su Facultad de Educación desde 1993, y que está en proceso de cierre. Sin embargo, por asumir los costos de ese proceso nos imponen una multa irracional”.

La Sunedu tiene 30 días hábiles para resolver el recurso de reconsideración que presentará la USMP en su momento. Bolaños precisó que, si la entidad estatal también desestima ese recurso, optarán por la vía judicial.
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—No se acreditó que becas fueron financiadas tras invertir en fondo de Malta—
El caso con Latin Lease LTD, fondo de inversión domiciliado en Malta, es más complejo. La Sunedu determinó que, en marzo del 2015, la USMP aprobó la colocación de US$4’937.000 a fin de solventar un programa de becas.

Según la entidad estatal, la universidad pactó una rentabilidad anual del 12%. Sin embargo, solo acreditó haber obtenido el 4% en el 2017 por todo el 2016. Asimismo, la Sunedu concluyó que la casa de estudios no demostró que el retorno de la inversión haya sido destinado al programa de becas (supuestamente eran subsidios para la Universidad de Harvard).

Latin Lease LTD está registrada en The Offshore Leaks Database, una base de datos internacional donde aparecen compañías ‘offshore’ y fondos vinculados a los Panamá Papers y otros casos de posible evasión tributaria. El abogado de la USMP, Víctor Bolaños, dijo a El Comercio que “los ingresos por Latin Lease entran al fondo total que maneja la USMP, y de ese fondo total se paga el programa de becas”, explicó.