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A fines de abril, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que denunció que 153 policías en situación de retiro, menores de 60 años, se habían vacunado contra el COVID-19, pese a que no estaban comprendidos en la primera fase del proceso. En el informe también se mencionaba que tres familiares directos de agentes habían sido inoculados sin que les correspondiera. Esto ocurrió en Arequipa.
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Pese a que el órgano de control notificó el hecho a la jefatura de la IX Macro Región Policial de Arequipa para que realizara las acciones pertinentes, en el ámbito nacional las vacunaciones irregulares continuaron. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó más de 400 informes de control realizados por la contraloría desde el 16 de abril, cuando se inició la nueva estrategia de vacunación, y halló que 884 personas, entre agentes, policías en retiro, estudiantes y familiares de policías se vacunaron de forma irregular entre abril y julio.
El órgano de control recalcó que las dosis enviadas para la primera fase estaban destinadas exclusivamente al personal policial que se encontrara en actividad, y que se contaba con un padrón de vacunación. Sin embargo, según la contraloría, fueron vacunados de manera irregular 158 policías en retiro, 298 agentes que no se encontraban en el padrón, 14 familiares y 413 estudiantes.
La contraloría ha explicado en sus informes que estos hechos afectarían el proceso de vacunación y el derecho a la atención del personal priorizado. Según los informes revisados, las vacunaciones se llevaron a cabo en Arequipa, Huancavelica, Puno, Ica y Lambayeque. Los hechos más recientes se dieron a mediados de julio y fueron reportados por la contraloría el 20 de ese mes.
Más de 800 personas involucradas en inoculaciones irregulares.
Tras el ‘Vacunagate’, en el que se reveló que a finales del 2020 más de 450 personas recibieron dosis de Sinopharm de manera irregular, Paula Siverino Bavio, doctora en Derecho e integrante del International Bioethics Committee de la Unesco, explicó que la utilización de los criterios de prioridad deben ser respetados, ya que estos se han realizado con el objetivo de establecer preferencias en el uso de vacunas contra el COVID-19 en un contexto de suministros limitados, tal como lo evidencia la hoja de ruta realizada por la OMS, a través del Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra el COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización. En caso un país plantee sus propios criterios, estos deben estar ética y epidemiológicamente justificados.
Desde que se inició la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial, la contraloría ha emitido 230 informes que muestran situaciones adversas. Las regiones más implicadas en esto son Cajamarca, Cusco, Lima y Arequipa, mientras que las entidades con más de estos casos son la policía, Essalud y el Ejército.
Del total de informes emitidos, 17 corresponden a situaciones adversas en la vacunación de la PNP. Además de la vacunación irregular, se identificó que la entidad registra parcialmente información sobre los agentes que se vacunaron en la aplicación del Minsa.
Desde fines de abril, se han identificado 486 personas que no fueron registradas en el aplicativo, lo que genera inconsistencias entre la cantidad de vacunas recibidas y los registros de vacunación de la PNP. “Esta situación afecta la oportunidad, el control de las vacunas, y el monitoreo del avance y el seguimiento eficaz del proceso de vacunación”, se lee en los informes de la Contraloría.
Desde el viernes de la semana pasada, este Diario buscó los descargos de la policía, pero desde su Dirección de Comunicaciones dijeron que no brindarán declaraciones porque los casos estaban en investigación.
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