“Vamos a demostrar que ahora se reducirá en un 20% la congestión vehicular hacia el distrito”, dijo ayer el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, al lado de las casetas vacías del peaje de la avenida Separadora Industrial, en La Molina.
El último martes, una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima Este dispuso el cese del cobro de ese peaje y el retiro de las casetas por considerar que vulnera el derecho al libre tránsito. El fallo, en primera instancia, se dio a favor de la demanda constitucional de hábeas corpus presentada este año por la comuna de La Molina.
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La disputa por este peaje no es nueva. Desde el 2009, fecha en que se empezó a cobrar el peaje de la avenida –a pocos metros de la Vía de Evitamiento– los vecinos de La Molina protestaron por el pago (actualmente S/5,70) por considerarlo injusto y por generar más tráfico.
Cuatro años después, bajo la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, el panorama se tornó más amigable. Mediante un acuerdo, la Municipalidad de Lima y Lamsac, concesionaria de Línea Amarilla, se dispuso la construcción de un viaducto en la Av. Las Palmeras, en La Molina, para disminuir la congestión.
Sin embargo, en el 2015, cuando Luis Castañeda asumió la alcaldía, el municipio dejó sin efecto el viaducto mediante una adenda al contrato de la línea amarilla.
Los reclamos, entonces, volvieron. Los vecinos junto al entonces alcalde de La Molina, Juan Zurek, marcharon hasta el Congreso exigiendo que se anulara el cobro del peaje.
— La controversia —
La resolución emitida señala lo siguiente: “Queda acreditado en esta sede constitucional que las entidades demandadas [Lamsac, la Municipalidad de Lima y Emape] afectan el derecho a la libertad de tránsito, siendo que de manera injustificada se impide el ingreso de las personas y vecinos de La Molina a través del vehículo”. Se añade que los vecinos y personas que transitan por la zona son perjudicados por la “imposición del peaje”.
Según La Molina, el peaje no solo generaba más congestión en el distrito, sino que, además, estaba en la única vía de ingreso a este. En tanto, la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), adscrita a la Municipalidad de Lima, aseguró que sí existen avenidas alternas para llegar a La Molina [ver infografía] y que la controversia se tenía que evaluar en un arbitraje. Lamsac afirmó que con esta decisión se genera inestabilidad económica.
Para el abogado Luis Lamas, el fallo es contundente porque sí se afecta el libre derecho de tránsito al no existir una vía alterna para los conductores. El penalista Carlos Caro, en cambio, opinó que no basta decir que se afecta el libre tránsito, sino saber si el juez ha ponderado también si se perjudica la inversión privada. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. 
Un juez con investigación
La resolución que ha dispuesto el cese del cobro del peaje en la Av. Separadora Industrial fue emitida por el juez superior Benjamín Enríquez Colfer.
En mayo de este año, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial abrió investigación preliminar al magistrado por ordenar la libertad del exalcalde de Villa María del Triunfo César Infanzón Quispe, condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de corrupción de funcionarios.
Según la denuncia que llegó a la OCMA, el juez habría intervenido para determinar que se vuelva a foja cero el proceso por corrupción contra el exalcalde. El juez, además, es cuestionado por apartar a Luis Castañeda Lossio del Caso Comunicore y ordenar la libertad del gobernador de Pasco, Klever Meléndez.
Solicitamos información actualizada del proceso a la OCMA, pero dijeron que hoy responderían.