El 23 de enero del 2020, pocos minutos después de las 7 a.m., ocurrió una de las peores tragedias viales de Lima. En el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador, una fuga de gas licuado de petróleo de un camión cisterna -y su posterior deflagración- produjo la muerte de 34 personas. Otras 30 resultaron heridas y los incendios consecuentes dejaron afectadas al menos 30 casas y varios vehículos.
El 28 de enero de ese año, peritos e investigadores de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) determinaron los factores principales de la mortal deflagración. El factor desencadenante fue el desnivel de la pista, que produjo la rotura de una válvula. Pero la segunda causa fue la falta de mecanismos de seguridad y el mal estado del camión de placa A2X-847, que cargaba GLP para la empresa Transgas LG E.I.R.L.
Ese día, la PNP señaló a El Comercio que las unidades de este tipo deben tener una barrera protectora debajo de las válvulas y ductos por donde pasa el GLP. También, mecanismos de bloqueo automático de los ductos al detectar fugas. “Nada de esto se encontró en la unidad siniestrada”, afirmó en aquella época el coronel PNP José Gutiérrez Mori.
¿Por qué circulaba este vehículo, entonces? Dos meses antes del siniestro, la empresa Revisiones Técnicas del Sur (Retecsur SAC) le emitió el certificado aprobado de inspección vehicular a este camión. Esta planta, ubicada en Chincha (Ica), fue clausurada por la Sutrán en mayo del 2021 luego de que esta entidad fiscalizadora descubriera que la empresa emitía certificados aprobados sin evaluar a los vehículos, es decir, cobraba para dar certificados aprobados de manera irregular. El fundador de esta empresa de revisiones técnicas es Alberto Falla Avellaneda, un nuevo alto funcionario del MTC designado hace 2 días por el actual ministro de transportes, Juan Francisco Silva Villegas.
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Esta modalidad ilícita, que incluso algunas plantas de revisión técnica realizan por WhatsApp vía ‘delivery’ sin revisar el carro, pone en peligro a choferes y peatones, al pasar por alto posibles fallas mecánicas de un vehículo.
Luego de la explosión del camión, en enero del 2020, agentes de la Sutrán llegaron a la planta de revisiones técnicas Retecsur en Ica para exigir los videos del día en que el vehículo fue supuestamente evaluado. Sin embargo, las imágenes que recibieron los agentes “no correspondían con el vehículo siniestrado”, según fuentes de la Sutrán y una resolución subgerencial de esta entidad a la que tuvo acceso El Comercio.
La fuente de la Sutrán que habló con este Diario sostiene que, cuando se solicitó los videos por primera vez, se adjuntaron grabaciones cuyas imágenes no correspondían a las características del vehículo, por lo cual, se concluía que el video había sido alterado para intentar engañar a la autoridad.
“Esta resolución, que declaró el cierre de la empresa, fue apelada y se le declaró infundada la apelación. La empresa hasta donde sé no accionó en Poder Judicial (contencioso administrativo o amparo). Sin embargo, aun así haya interpuesto esas acciones judiciales, la decisión administrativa llegó a la última instancia (apelación) y debía cumplirse, por ello se cerró la planta inspección técnica que tienen en Ica”, sostiene una fuente de la Sutrán.
“Cuando ocurrió el accidente, nosotros observamos que camión no había venido con la estructura original apta para llevar combustible. Era una unidad modificada, con cambios estructurales. Por eso en el accidente nosotros reclamamos quién había dado revisión técnica a la unidad que, con un simple golpe, produjo la fuga de todo el gas. Ahora nos damos con la sorpresa que esta entidad fue fundada por un algo funcionario del MTC actual”, dice Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial.
Hoy es funcionario del MTC
Esta empresa de revisiones técnicas fue fundada en 2016 por Alberto Falla Avellaneda, un ciudadano de 46 años nacido en Chiclayo y que actualmente vive en Magdalena. El pasado 2 de agosto, Falla fue designado como Director Ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (ProMovilidad), entidad adscrita al MTC encargada de gestionar el transporte público en el país (a excepción de Lima y Callao). Su designación fue realizada mediante la Resolución Ministerial Nº 212-2020-MTC/01 publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el nuevo titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas. Falla tomó el cargo en reemplazo de Ismael Sutta Soto.
El 11 de mayo del 2021, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes (MTC), clausuró la planta de revisiones técnicas vehiculares Retecsur SAC, ubicada en Ica, tras detectarse que cobraba para emitir certificados de inspección técnica a autos que no habían pasado la evaluación. Según documentos del MTC, la Sutrán comenzó a detectar estos actos irregulares desde enero del 2020, precisamente después del siniestro en Villa El Salvador.
Falla Avellaneda, según este documento de Registros Públicos, es uno de los tres fundadores de la empresa involucrada en actos irregulares.
“Esto origina serias dudas sobre un buen comportamiento como funcionario. Las normas indican que cuando alguien es accionista, fundador, gerente de una empresa que es cancelada, no debería formar parte del sistema de transporte (privado), pero lamentablemente sí les permiten ser funcionarios públicos, es decir, es algo contradictorio”, sostiene Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial.
El Comercio intentó comunicarse con Alberto Falla Avellaneda, quien fue parte del equipo de transferencia de la nueva gestión del MTC, tanto por teléfono como por correo electrónico, sin recibir respuesta.
Cabe añadir que el camión que trasladaba GLP fue sometido a diversos cambios estructurales que involucraba el chasis y la carrocería, como se expone en el siguiente gráfico.