Director del MTC fundó empresa que emitía revisiones técnicas ‘bamba’ | #NoTePases

El 11 de mayo del 2021, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes (MTC), clausuró la planta de revisiones técnicas vehiculares Retecsur SAC, ubicada en Ica, tras detectarse que cobraba para emitir certificados de inspección técnica a autos que no habían pasado la evaluación. Esta modalidad ilícita, que incluso algunas empresas realizan por WhatsApp vía ‘delivery’ sin revisar el carro, pone en peligro a choferes y peatones, al pasar por alto posibles fallas mecánicas de un vehículo.

Esta empresa fue fundada en 2016 por Alberto Falla Avellaneda, un ciudadano de 46 años nacido en Chiclayo y que actualmente vive en Magdalena. El pasado 2 de agosto, Falla fue designado como Director Ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (ProMovilidad), entidad adscrita al MTC encargada de gestionar el transporte público en el país (a excepción de Lima y Callao). Su designación fue realizada mediante la Resolución Ministerial Nº 212-2020-MTC/01 publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el nuevo titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas. Falla tomó el cargo en reemplazo de Ismael Sutta Soto.

LEA TAMBIÉN: Las papeletas y la denuncia por agresión que persiguen al nuevo titular del MTC

Falla Avellaneda, según este documento de Registros Públicos, es uno de los tres fundadores de la empresa involucrada en actos irregulares.

Según documentos del MTC a los que tuvo acceso El Comercio, la Sutrán comenzó a detectar actos irregulares en esta empresa desde enero del 2020. Finalmente, más de un año después, el 11 de mayo del 2021, Sutrán clausuró de forma definitiva la planta de Retecsur y soldó las puertas de ingreso y salida del local, ubicado en el kilómetro 202 de la carretera Panamericana Sur, zona conocida como Pedregal. También se realizó la cobranza coactiva de una sanción impuesta a la compañía por 2 UIT. La clausura del local contó con la presencia de inspectores de la Unidad Desconcentrada de Ica, personal del área de Ejecución Coactiva de la Sutrán y agentes de la policía.

“Esto origina serias dudas sobre un buen comportamiento como funcionario. Las normas indican que cuando alguien es accionista, fundador, gerente de una empresa que es cancelada, no debería formar parte del sistema de transporte (privado), pero lamentablemente sí les permiten ser funcionarios públicos, es decir, es algo contradictorio”, sostiene Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial.

El Comercio intentó comunicarse con Alberto Falla Avellaneda, quien fue parte del equipo de transferencia de la nueva gestión del MTC, tanto por teléfono como por correo electrónico, sin recibir respuesta.