En un Ministerio de Transportes y Comunicaciones liderado por una autoridad con papeletas de tránsito, los últimos meses se han caracterizado por cuestionados nombramientos en altos cargos. No solo el ministro Juan Silva Villegas tiene multas por infracciones graves y muy graves, sino que al menos diez personas que nombró en jefaturas y direcciones cargan con papeletas, denuncias, procesos penales, conflicto de intereses y, en el mejor de los casos, inexperiencia en el sector.
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Todos ellos fueron retirados o renunciaron entre agosto y noviembre luego de que sus casos se hicieran públicos con denuncias periodísticas. En promedio, duraron 39 días en el cargo.
Natali Jiménez, hija de un excandidato al Congreso por Perú Libre, y Alberto Falla Avellanada, fundador de una empresa de revisiones técnicas cerrada por emitir certificados falsos, apenas estuvieron dos días cada uno como directora de Provías y Director Ejecutivo de ProMovilidad, respectivamente. Doris Alzamora Chamorro, que tenía denuncias por robos en supermercados y procesos administrativos en su anterior trabajo, fue por 6 días jefa de Sutrán; mientras que Mario Rubio Uriarte, con una sentencia por daños y perjuicios en un atropello, a las justas pasó la semana: a los 8 días y luego de la polémica dejaron sin efecto su designación.
El más reciente caso involucra a dos exfuncionarias en presunta corrupción. El mismo MTC anunció en un comunicado emitido el último domingo que había separado a Verónica Cáceres y Lisbeth Huamán y abierto investigaciones al respecto. Sin embargo, Cáceres, quien fue viceministra de Transportes por dos meses y medio, ha rechazado la denuncia y exigido una rectificación al MTC de lo contrario iniciaría acciones legales. “Cuando fui retirada del cargo del MTC y hasta la fecha, no se me ha aperturado ningún proceso”, aclaró. En tanto, el nombre de Huamán ha tomado relevancia en las últimas horas por supuestos chats donde se la involucra con el ministro de Salud, Hernando Cevallos.
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Doris Violeta Alzamora Chamorro asumió la jefatura de Sutrán luego de reunión de ministro con transportistas en la que se pactó cambios en entidades. Había sido denunciada por exigir a dos de sus subalternas que hagan trabajos privados para ella cuando se desempeñaba como coordinadora de ProTránsito, entidad adscrita a la Municipalidad de Lima. Duró 6 días en el cargo.
Otro funcionario cuestionado, pero que sigue en el cargo, es Édgar Vargas, nombrado gerente de Obras de Provías el 8 de noviembre, 20 días después de que votara a favor de adjudicar el contrato por S/232,5 millones en la región San Martín al consorcio Puente Tarata III —relacionado a la asesora empresarial Karelim López.
PROBLEMA DE FONDO
Aunque en la mayoría de los casos denunciados hubo marcha atrás por parte del MTC, especialistas en transporte sostienen que la inestabilidad impacta en la elaboración y seguimiento de políticas y proyectos a mediano y largo plazo.
Para Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, la necesidad de contar con personal calificado se sustenta en que el MTC es “eminentemente técnico” y maneja grandes presupuestos. Solo el presupuesto de apertura del 2022 será de S/ 13.705 millones, mayor en 7% al asignado en el 2021.
“El MTC es el ministerio con mayor presupuesto de la República. Siempre se ha mencionado que es un botín. No es solo este gobierno, pero la inestabilidad retrasa mucho. Se pierde la confianza, credibilidad y todas las propuestas son miradas de reojo”, opina El Comercio.
Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, explica que esta inestabilidad se evidencia en el detenimiento de procesos de los cuales dependen planes a nivel de provincia y regiones, un retraso que impacta en las posteriores acciones de evaluación y monitoreo. “Desde la oficina de movilidad en el MTC hay una serie de proyectos en marcha que no pareciera que van a tener continuidad. Eso es grave”, indica.
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Ministro Silva fue interpelado por cuestionadas designaciones, como la del viceministro de Comunicaciones y de la directora ejecutiva de Provías Descentralizado, Carlos Sotelo y Luz Angélica Apolinario, respectivamente.
Adrián Revilla, presidente de la Asociación Automotriz y de la Asociación Cruzada Vial, coincide en que es necesario establecer requisitos mínimos incluso cuando se trata de personal de confianza. “Confianza no significa colocar a alguien que te cae bien sino que es un profesional que conoce del tema y se responsabiliza. Por eso si no cumple con lo que se espera, se le retira la confianza profesional y deja el cargo”, explica.
En su opinión, contar con funcionarios de carrera es clave para garantizar continuidad y especialización en la administración publica. Como ejemplo menciona la importancia de la línea de carrera en entidades como la Cancillería, BCR o Indecopi.
“Incluso en las empresas privadas se preocupan de retener a personal especializado y, si se necesita cambiar, hay líneas de sucesión para preparar a los nuevos. En el MTC hay bastantes niveles de especialización en distintas áreas, se requiere funcionarios que sepan de temas como modelo de vehículos, procedimientos de revisión técnica, combustible, transporte público, etc.”, indica.
Aunque Alegre sostiene que es importante reconocer que los nuevos gobiernos tienen la potestad de convocar a técnicos y especialistas que contribuyan a sus planes, lo cuestionable es que no se realice en función de sus capacidades. “El problema se encuentra en que los nombramientos no cumplen con requisitos técnicos y por tanto eso no permite que el proceso avance”, reitera.
De hecho, dos informes de Contraloría de contraloría que advertían que Apolinario y Jiménez no tenían el perfil para sus cargos se indicaba que dichas designaciones afectaban el “eficaz ejercicio de la función pública”. Pese a ello, Luz Angélica Apolinario fue la que más días estuvo en el cargo, 105 días, hasta que renunció un día antes de la interpelación a Silva. Precisamente, su designación era uno de los cuestionamientos que llevaron al ministro ante el Congreso.
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