¿Qué dicen los 4 principales aplicativos de taxi en el Perú sobre la norma que los regula?

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La iniciativa determina que las compañías deben exigir a los conductores una serie de datos sobre ellos mismos, sus vehículos y el servicio que brindarán. Del mismo modo, establece que las compañías deben compartir con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la relación de sus operadores registrados, la cual deberá ser actualizada cada tres meses.

Casi un mes después, el 25 de junio, dicho proyecto fue observado por el Ejecutivo y regresado a la Comisión de Transportes para que se debata nuevamente y se someta a los ajustes respectivos. Entre las distintas observaciones destaca el hecho de que la norma incorpora al ordenamiento jurídico una nueva modalidad denominada “servicio privado de transporte especial”, de la cual, según se refiere, no establece una definición clara y precisa.

Asimismo, se argumenta que dada la falta de precisión sobre el “servicio privado de transporte especial”, de acuerdo con la Ley General de Transporte Tránsito Terrestre y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, comprendería a todo aquel servicio de transporte terrestre de personas y mercancías en sus diversas modalidades y ámbitos que pueda ser contratado a través de plataformas virtuales. Agrega que dicho concepto incluiría también al servicio de transporte informal.

Respecto a la autógrafa de ley, El Comercio conversó con los 4 principales aplicativos de taxi en el Perú -Uber, Cabify, Didi y Yango- a fin de recoger su opinión. ¿Qué dicen estas empresas intermediarias del servicio de transporte sobre la norma que las regula?

Con mas de 10 años en el país (en 6 ciudades a la fecha), Uber es una de las primeras empresas de taxi por aplicativo en llegar y adecuarse a las características de nuestro mercado. Por ello, César Molina, gerente general de Uber Perú, dijo a El Comercio que la compañía ve con buenos ojos lo que dicta este proyecto de ley pues considera que se trata de un primer paso muy positivo en busca de reforzar los beneficios que la tecnología puede generar en la movilidad de los peruanos.

“La posición de Uber es bastante clara. Creo que es importante tener en cuenta que este proyecto viene como consecuencia de un proceso de más de tres años en el Congreso, donde se ha recibido opiniones de diferentes actores como la industria de aplicaciones de tecnología, por eso consideramos que la norma cuenta con información suficiente para que se concrete un primer paso bastante positivo hacia una regulación moderna de este servicio en el Perú”, indicó.

Molina precisó que el propósito de la ley y su posterior reglamento es conformar un marco regulatorio moderno que ponga el Perú a la par de lo que ya se observa en otros mercados a nivel mundial. En ese sentido, destacó la intención de generar estándares comunes en toda la industria de plataformas digitales y algunos efectos adicionales positivos como el registro de las aplicaciones ante el MTC.

“El objetivo es permitir que los usuarios y conductores sepan que la empresa con la que están utilizando el servicio de movilidad está registrada ante una entidad del Estado. Es por eso que consideramos que el proyecto es positivo porque brinda estabilidad al determinar de manera muy clara cuál es el estándar de servicio y experiencia que deben tener estas plataformas. Para seguir nutriendo la norma de elementos complementarios se debería primero dar la aprobación y a partir de ahí entrar a la reglamentación, la cual debe definir los detalles específicos de estándares de servicios, documentos y otros puntos”, comentó.

El gerente general de Uber Perú también precisó que la búsqueda de mayor seguridad que propone el proyecto es compartida por la empresa. Detalló que cuenta con filtros de seguridad robustos respecto a los registros de socios conductores, dentro de los que están, por ejemplo, la revisión de antecedentes penales o documentos del vehículo; y por el lado del usuario, como parte de la experiencia que se le brinda, han implementado la trazabilidad de los viajes, una identificación exacta del vehículo que lo va a recoger, así como toda la información del socio conductor en la aplicación.

“Por eso consideramos que la regulación del proyecto es importante porque nos lleva a un estado de modernidad que se asemeja con la evolución que hemos venido contribuyendo desde el lado de Uber, por ejemplo, en términos de seguridad. Lo que tenemos actualmente es una aplicación que cuenta con más de 30 herramientas de seguridad disponibles para socios conductores y usuarios, dentro de los que están la posibilidad de compartir el viaje con familiares o estar seguro de que la persona que está subiendo al vehículo es la que aparece en la aplicación”, explicó.

Agregó que la evolución de Uber y la experiencia construida en varios países (opera actualmente en más de 10.000 ciudades) le permite traer la tecnología que allí ha funcionado y adaptarla a las realidades y necesidades del Perú.

Por otro lado, Molina opinó sobre la posibilidad de que otros tipos se servicios, como el informal, pudieran intentar ser parte de estos parámetros que establece el proyecto. Dejó en claro que la norma, en ninguno de esos puntos, hace referencia a un tipo de servicio como el de taxi colectivo. Al contrario, afirmó que esta es muy clara y específica al mencionar que solo regula los servicios privados de movilidad que se prestan a través de plataformas tecnológicas de intermediación, es decir, lo que conocemos como aplicaciones de taxi.

Carlos Andrés Mendoza, gerente general de Cabify, enfatizó en el hecho de que esta ley es un paso importante en beneficio de millones de usuarios que utilizan estos servicios. Resaltó que la promulgación permitirá que los usuarios estén aún más seguros al trasladarse por la ciudad, establecerá reglas de juego claras para la industria y aportará positivamente al bienestar de la población.

Asimismo, señaló que la norma les dará a los usuarios la capacidad de conocer qué aplicaciones están registradas y a las autoridades la capacidad de fiscalizar a las plataformas. “Con la aprobación de esta ley, Perú estará a la par de la mayoría de los países en el mundo que reconocen la naturaleza de las plataformas de movilidad y cuentan con una regulación para el sector”, manifestó.

Mendoza precisó que la ley no le quitará competencias a la ATU porque está pensada para regular el servicio de transporte privado mediante plataformas de movilidad no el servicio público de taxi, “que es el que la ATU regula y fiscaliza”. En esa línea, dijo que indistintamente de cuál sea el organismo a cargo, se necesita una norma que se adecúe a las características específicas del modelo de negocio.

“Lo más importante de esta ley es que trae una serie de beneficios para los usuarios como estándares de seguridad y la opción de conocer qué aplicaciones están registradas. Después de su promulgación, el reglamento de la ley detallará exactamente los mecanismos de fiscalización y requisitos de seguridad”, agregó.

En tanto, el gerente general de Cabify mencionó que en ninguna parte de la ley se menciona al “taxi colectivo”. Aclaró que la norma regula únicamente a las plataformas digitales que intermedian el servicio privado de transporte de personas, diferenciándolo del servicio público de taxi, que tiene sus propias regulaciones. “En Cabify no competimos con el “taxi colectivo”, ofrecemos un servicio muy diferente y con estándares elevados de calidad y seguridad”, afirmó.

En cuanto a los estándares de calidad y seguridad con los que ya cuenta Cabify, Mendoza resaltó los filtros que aplica la empresa para admitir a un conductor. Dijo que no solo verifican los antecedentes y documentos de identidad, sino también la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, la revisión técnica y el récord del conductor. Asimismo, en las etapas finales del registro, los conductores deben validar la información con preguntas de seguridad y pasar un examen psicométrico.

“En caso de que no aprueben el proceso completo, no pueden conducir con Cabify. Rechazamos cerca del 30% de las solicitudes de registro al no cumplir con nuestros estándares. En cuanto a la calidad de nuestro servicio, realizamos los controles más rigurosos del mercado, incluyendo inspecciones del vehículo de manera presencial, entre otros”, acotó.

Christian Soffge, gerente de Asuntos Corporativos para LATAM de Yango, consideró que este proyecto de ley significa un gran avance para el Perú en materia de regulación de este tipo de plataformas, pero también para toda Latinoamérica. Indicó que la norma establece una serie de obligaciones, requisitos, para las apps y conductores de cómo tiene que funcionar este servicio para que se brinde de manera óptima.

“No es algo que esté pasando ni discutiendo en todos los países de Latinoamérica, pero en Perú sí, y creo que es un paso adelante que sirve como ejemplo para los demás países que aún no han regulado este tipo de plataformas. Creo que es una ley positiva y pone al país dentro de los países líderes en regulación de temas de tecnología”, dijo.

Soffge señaló que a las empresas les interesa y preocupa afianzar sus medidas de seguridad pues este aspecto hará que finalmente el usuario las elija por sobre otras. Esa es unas de las principales razones por las que se muestran a favor de la iniciativa. Añadió que incrementar los filtros de seguridad es algo en lo que las aplicaciones continuamente trabajan incluso desde antes que se propusiera una regulación y obligaciones.

“Lo que está haciendo el proyecto es poner un piso mínimo y eso se agradece. Si entra un nuevo actor al Perú sabrá que va a tener que cumplir con ciertas medidas de seguridad y estar registrado. Eso está perfecto. Pero quiero destacar que desde Yango y el resto de las aplicaciones hay medidas de seguridad que en la mayor cantidad de veces es muy superior a lo que hoy el taxi tradicional tiene en la calle”, sostuvo.

Sobre las observaciones hechas por el Ejecutivo al proyecto de ley, el representante de Yango dijo que estas pueden ser trabajadas después cuando se elabore el reglamento, luego de aprobarse definitivamente la norma. Indicó que desde Yango están dispuestos a trabajar con la autoridad y con el resto de la industria y actores para la conformación del reglamento.

“Ceo que no es necesario la observación de la ley. Entiendo que hay cosas que mejorar, ninguna ley es perfecta, pero esas mejoras justamente pueden venir de la mano con el reglamento y creo que ahí es el lugar idóneo para poder seguir trabajando. Lo más importante creo yo es que salga rápidamente esta ley para que podamos tener el servicio regulado y con las reglas del juego claras para todos los actores del mercado, pasajeros y conductores incluidos”, opinó Soffge.

Carlos Castellanos, director de Asuntos Públicos de DiDi Región Andina, señaló a este Diario que las plataformas que ofrecen servicios de movilidad benefician a más de 2 millones de ciudadanos peruanos e impacta positivamente en la economía familiar de 111.000 conductores. Por ello, sostuvo que la empresa se encuentra a favor del proyecto de ley ya que precisó que este busca regular este transporte privado intermediado por empresas de movilidad y elevar sus estándares de calidad y seguridad.

“Por primera vez en el Perú tenemos un proyecto de ley que se adecúa correctamente a las características específicas de este tipo de movilidad, y es una necesidad que tenemos para continuar impactando positivamente en la vida de millones de peruanos. Creemos que es necesario y urgente que se apruebe este proyecto de ley para dar claridad y certezas a una modalidad que ha crecido mucho”, opinó.

Castellanos destacó el hecho de que esta regulación que propone el Congreso hace foco en la seguridad ya que precisa que el 64% de los usuarios de las plataformas prefieren movilizarse de esta manera por su seguridad. Esta norma, agregó, permitirá estandarizar filtros de seguridad y ofrecerá la posibilidad de que los ciudadanos que opten por trasladarse o generar ganancias a través de aplicativos, tengan la seguridad de que la misma es parte de un registro público que administrará el MTC.

“El proyecto de ley exige varios estándares tecnológicos y de seguridad que todas las plataformas de movilidad deberemos incorporar para su cumplimiento. Estos cambios establecerán obligaciones que las plataformas y los socios conductores deberemos cumplir para ofrecer los servicios de intermediación y de traslado privado. Al mismo tiempo, se establecerán competencias para que el MTC reglamente estas obligaciones adicionales y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento”, detalló.

Al igual que las otras empresas, dejó en claro que este proyecto de ley no contempla en su regulación a los colectiveros ni hace ninguna referencia a ese tipo de servicio. Sin embargo, en base a ello, comentó que desde DiDi apoyarán a las autoridades a fin de diferenciar cuando haya un servicio intermediado por una aplicación de movilidad de cualquier otro tipo de modelo informal correspondiente a algún servicio de colectiveros.

Por otro lado, Castellanos mencionó que para lograr un mayor control en el cumplimiento de los requisitos de la norma se valdrán de su tecnología y filtros de seguridad. En ese sentido, comentó que hoy en día cuentan con varias herramientas y modelos de inteligencia artificial que ayudan a mitigar riesgos antes, durante y después de cada viaje. Por ejemplo, contó que en lo que va de 2024 se han rechazado el 13% de los conductores que iniciaron el proceso de registro por no contar con el SOAT correspondiente.

“Nos comprometemos a continuar robusteciendo estos filtros para cumplir con las expectativas de los ciudadanos, en caso de que sea necesario. Sin dudas, este tipo de regulación posiciona al Perú como un referente regional en materia de seguridad y, especialmente, en la búsqueda de la mejoría eficiente de los sistemas de movilidad”, acotó.

Algo que llamó la atención del proyecto de ley se encuentra en la disposición complementaria, pues esta deroga las competencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para regular el servicio de taxi en la capital. Es decir, se elimina la función de supervisión y fiscalización por parte de esta entidad. Tal como alertó El Comercio, ello beneficiaría al transporte informal (taxi colectivo).

Cabe decir que el reglamento de la ATU determina las condiciones de acceso y permanencia, los requisitos, títulos habilitantes y obligaciones exigibles para la prestación del servicio de taxi en la capital, a fin de contribuir a la formalidad. En consecuencia, la ley permitiría que los usuarios de las aplicaciones que brindan el servicio de taxi, así como cualquier persona, no necesiten la autorización del organismo técnico para brindar este servicio. La fiscalización de estas empresas pasarían a estar a cargo del MTC.

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Al respecto, la actual gestión de la ATU se ha mostrado en contra por quitarle facultades a un servicio de movilidad. El vocero de esta entidad dijo que “ya se remitió formalmente un oficio al MTC dando opinión sobre la autógrafa de Ley, considerando que corresponde ser observada (algo que finalmente ocurrió). Por ende, no debería procederse a su publicación”.

Poco después de que la ley fuera aprobada por el Pleno del Congreso, El Comercio reveló que al menos dos federaciones de taxi colectivo en Lima se alistaban en implementar una táctica para evadir la fiscalización de la ATU mediante la utilización de aplicaciones de taxis en sus teléfonos. Ambos grupos habrían estado instruyendo a sus choferes para que instalen estas apps, en la versión destinada a conductores, con el objetivo de simular ser parte de la flota regulada.