“El sistema carcelario en Rusia no prioriza los derechos de los presos”

La cobertura internacional sobre el caso Navalny ha puesto el foco nuevamente sobre la situación de las cárceles en Rusia, uno de los sistemas carcelarias más duros y criticados en el mundo.

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Si bien Navalny es un preso mediático, sobre todo fuera de Rusia, hay miles de presos cuyos derechos son vulnerados. La organización Veredicto Público se encarga de darle asistencia legal a los internos que sufren maltratos por parte de las autoridades y personal penitenciario.

Este Diario se comunicó con su directora, Natalia Taubina, para que nos cuente cómo funciona el sistema penitenciario ruso.

A pesar de las denuncias sobre cómo se vive en las cárceles rusas, ¿hay alguna intención de cambiar el régimen en los campos de trabajo?

El sistema penitenciario en Rusia consiste principalmente en colonias correccionales. Constantemente se están produciendo cambios y reformas dentro del sistema, algunos más grandes y tangibles, otros menos significativos. Al mismo tiempo, a menudo se proclama que las reformas tienen como objetivo humanizar o respetar las garantías de los derechos humanos. Sin embargo, el sistema de gestión en sí (los principios en los que se basa) de las instituciones penitenciarias no cambia. Y dado que el actual sistema no prioriza la vigilancia de los derechos de los presos, cualquier cambio no conduce a una mejora en la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es importante señalar que, en las últimas décadas, las condiciones de detención (el problema del hacinamiento, la separación de las zonas de vida y sanitarias en las celdas, calefacción, iluminación, etc.) han experimentado cambios importantes para mejor, pero todavía no cumplen con los estándares, pero son claramente mejores que hace treinta años.

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¿Cuál ha sido el caso más difícil que han defendido?

Es imposible señalar un caso como el más difícil. La experiencia de Veredicto Público muestra que todos los casos de tortura y malos tratos en los lugares de detención son muy complejos. El sistema es cerrado y obtener las pruebas que pueden ayudar en una investigación es una tarea sumamente difícil, a veces imposible. Por ejemplo, en el caso de tortura en la colonia No. 1 de Yaroslavl -en la que un preso fue brutalmente golpeado por casi veinte guardias en el 2018- nuestra organización estuvo durante un año tratando de abrir una investigación y un caso penal. Los investigadores entonces no encontraron fundamento para iniciar una causa penal, ya que se limitaron a entrevistar a los propios empleados de la colonia, se contentaron con la parte de la grabación de video que la colonia consideró necesario proporcionar y no creyeron las palabras del preso. El caso solo se pudo iniciar cuando el video de la tortura cayó en manos de una abogada y ella se lo entregó a los periodistas. Esta es una ilustración muy vívida de cómo funciona el sistema.

¿Existe algún trato diferente hacia los opositores al gobierno detenidos que con los delincuentes comunes?

Como muestra la experiencia de los últimos años, los opositores políticos, una vez en prisión, son sometidos a las mismas penas disciplinarias que los demás presos: son amonestados, encerrados en celdas de castigo, tienen las mismas dificultades para acceder a un abogado, recibir atención médica o comunicarse con sus familiares. Incluso hay casos de tortura contra opositores políticos y activistas civiles, como Sergei Mokhnatkin (que murió el año pasado) o Ildar Dadin, pero esos casos, sin embargo, ocurren ya con menos frecuencia y pueden considerarse situaciones excepcionales.

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