Un juez cautelar dispuso esta madrugada la detención preventiva de Camacho por cuatro meses bajo el proceso “golpe de Estado I”.
Un juez cautelar dispuso esta madrugada la detención preventiva de Camacho por cuatro meses bajo el proceso “golpe de Estado I”.
/ MANUEL CLAURE / REUTERS
Agencia EFE

La dijo este viernes que la detención del gobernador de y líder opositor, , fue un “secuestro con inaudita violencia y saña” como pasó en los “duros tiempos” de las dictaduras.

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Un juez cautelar dispuso esta madrugada la detención preventiva de Camacho por cuatro meses bajo el proceso “golpe de Estado I”, por los hechos ocurridos durante la crisis de 2019, y luego el opositor fue traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, a unos 35 kilómetros de la ciudad homónima.

“Con tristeza e impotencia hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de un secuestro con inaudita violencia y saña de parte de las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia” en contra del gobernador del departamento de Santa Cruz, lamentó la Iglesia católica en un comunicado.

Expresó su preocupación de que “este hecho, además de vulnerar las leyes, la institucionalidad del Estado, los derechos humanos y poner en riesgo la vida del gobernador y de las personas que lo acompañaban, ha traído a la memoria colectiva los duros tiempos de dictaduras militares que se creían vencidas para siempre”.

El pasado miércoles Camacho fue detenido en la ciudad de Santa Cruz y luego fue trasladado a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, en un cuestionado operativo policial.

“Esta intervención abusiva asume una connotación más grave todavía porque en la persona del Sr. gobernador, es un ataque más, entre otras afrentas, dirigidas a la población de Santa Cruz que lo ha elegido legítimamente para guiar la suerte del departamento en este período”, señaló.

El Consejo Episcopal Permanente señaló en la nota que “de parte de autoridades del Gobierno se ha justificado este accionar, argumentando la participación” de Camacho “en el supuesto ‘golpe de Estado de noviembre de 2019′, que nunca existió y que es fruto de una falsa narrativa y de medias verdades”, al igual como afirmaron en un comunicado anterior en junio de 2021.

Para la Conferencia Episcopal de Bolivia lo que pasó en 2019 “fue un levantamiento pacífico de la población de Santa Cruz, ante el evidente fraude electoral en las elecciones del 20 octubre de 2019 por parte del partido de Gobierno”, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Y citó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las fallidas elecciones de ese año en las que la institución multilateral señaló que hubo “manipulación dolosa de los comicios (con) la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de los jurados (…) redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

La Fiscalía acusa a Camacho del delito de terrorismo por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.

La Iglesia pidió a los organismos estatales el “estricto apego y cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el respeto a la autonomía y libertad de acción de los otros poderes del Estado, en particular de la Administración de la Justicia, en varias ocasiones vapuleada. No se trata de derechas o de izquierdas sino de justicia”.

Y al pueblo boliviano lo instó a “no caer en la tentación de la revancha y de la violencia, de la que pueden aprovecharse personas malintencionadas, y velar por la vida, la salud, dones sagrados de Dios, y por los bienes de las personas y del Estado”.

Este viernes en Santa Cruz se cumple un paro de 24 horas, que fue convocado por la “Asamblea de la Cruceñidad”, que aglutina a las principales entidades cívicas de esa región, para exigir la liberación de Camacho.

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