El brasileño Jair Bolsonaro, uno de los presidentes que fue más reacio a aceptar la gravedad del COVID-19, que se contagió pese a que se ufanaba de tomar hidroxicloroquina, que siempre estuvo en contra de las cuarentenas y que tampoco quiere vacunarse, ha sido acusado el miércoles por una comisión del Senado de “crímenes contra la humanidad” por su errática gestión de la pandemia en uno de los países más afectados en el mundo por el coronavirus.
Estos números no más bastan para entender la gravedad de la situación: 600 mil fallecidos y más de 12 mil niños menores de seis años (la mayoría apenas bebés) que quedaron huérfanos luego que sus padres perecieran de coronavirus. Brasil es el país con mayor mortandad después de Estados Unidos.
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“Sabemos que no tenemos la culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos las cosas correctas desde el primer momento”, se defendió el mandatario desde un acto público en el municipio de Russas, en el noreste de Brasil.
Después de seis meses de trabajo, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) concluyó que Bolsonaro agravó la crisis sanitaria por una “decisión política”.
“El presidente incentivó en forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarilla, promovió aglomeraciones e intentó descalificar las vacunas”, dice el lapidario informe presentado ante el Senado por el legislador opositor Renan Calheiros.
El documento también denuncia al mandatario por otros ocho delitos, tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público. Además de Bolsonaro, han sido inculpados cuatro ministros y otras 61 personas, entre ellos tres de los hijos del mandatario, estos últimos sobre todo por propagar ‘fake news’.
Las conclusiones del texto serán votadas por los once miembros de la comisión la semana próxima y, de ser aprobadas, serán remitidas a la Fiscalía General y a los tribunales, que tendrán la última palabra sobre los eventuales procesos. “Muchos inocentes pagaron con su vida la irresponsabilidad del Gobierno y del presidente”, afirmó Calheiros en su conclusión, para agregar que “ahora llega el momento en que pagarán los culpables”.
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El alcance de las acusaciones
Aunque el informe final de la CPI es muy duro contra el presidente, esto no significará que se haya marcado el camino para un juicio político o una eventual salida del poder antes de tiempo.
“Desde el punto de vista práctico, este informe afecta muy poco, porque la CPI no tiene ningún poder de juicio, de absolución o de condenación”, afirma a El Comercio el analista político brasileño Carlos Alberto di Franco.
“No obstante el comportamiento conflictivo y problemático de Bolsonaro, la comisión fue bastante teatral y no tiene gran prestigio”, agrega.
Justamente, el propio mandatario criticó al grupo investigador luego de conocer su decisión de denunciarlo: “Sería bueno si aquella CPI estuviera haciendo algo productivo por nuestro Brasil. Robaron el tiempo de nuestro ministro de Salud, de funcionarios, de personas humildes y empresarios, pero nada produjeron, solo odio y rencor”.
Para Di Franco, se trata más de una decisión que puede tener consecuencias políticas ante el proceso electoral del 2022, y que tendrá como protagonistas -por ahora- al ultraderechista Bolsonaro y al exmandatario izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva.
“El Congreso, y el Senado en primer lugar, tiene que tomar una posición y Bolsonaro aún tiene la mayoría, por lo que en términos prácticos yo no creo que haya una consecuencia jurídica mayor, sino más una declaración de los políticos para sus electores”, prosigue el analista experto en medios.
Un presidente que polariza
Desde que entró al poder, Bolsonaro no ha sido un presidente que haya tendido puentes. No lo fue tampoco durante su campaña electoral ni mucho menos durante sus tres décadas como legislador.
Su discurso extremista lo llevó a la presidencia, y el tono no ha bajado. Aunque tiene seguidores fieles -el voto duro de ultraderecha que lo acompaña desde el inicio- la aprobación a su gestión continúa bajando y ya se sitúa en 22%, cuando en febrero del 2021, pese a la pandemia, estaba en 28%, según datos de setiembre de la firma Ipec. Su desaprobación, de la misma manera, ha subido hasta el 53% cuando en febrero de este año rondaba el 40%.
A esto habría que sumar la sombra que sigue significando la figura de Lula, su acérrimo rival, quien no duda en criticarlo constantemente. De hecho, el expresidente ganaría en segunda vuelta para los comicios del próximo año, según todos los sondeos.
“Pese a todo, Bolsonaro tiene un 20% de gente que sigue con él en cualquier situación. Es lo mismo que pasa con Lula. Estos políticos populistas tienen esta marca, de tener gente fiel hasta el final. Pero sin duda, Bolsonaro ha perdido un número considerable de apoyo”, añade Di Franco.
El analista explica que, pese al discurso del presidente en contra de las vacunas, dentro de un mes el país habrá vacunado a más gente que Estados Unidos: “Bolsonaro ha tenido un comportamiento absurdo en la pandemia, pero en la memoria de la gente queda que la plata para las vacunas ha salido del gobierno federal, o sea, con autorización del presidente. De hecho, 6 millones de brasileños ya están vacunados. Bolsonaro es un personaje muy conflictivo y él también tiene un discurso con una mirada política, porque así ocupa los titulares todo el tiempo”.
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