“Hacia una economía más verde (y más proteccionista)”, por Farid Kahhat

Terminaba la columna de la semana pasada citando el acta para la reducción de la inflación aprobada por el Gobierno de Estados Unidos, y decía que en esta columna vería los problemas que esta implica. Comencemos por decir qué contiene esa acta y por qué ese contenido es problemático.

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Con el argumento de propiciar la transición hacia un crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental, el acta para la reducción de la inflación contiene dos tipos de incentivos que incluso países aliados de Estados Unidos ven como una fuente de competencia desleal. De un lado, provee subsidios y exoneraciones tributarias a productores y consumidores (contempla, por ejemplo, un crédito fiscal de hasta 7.500 dólares por la compra de un auto eléctrico). De otro lado, las empresas solo accederían a esos beneficios si, cuando menos, parte de sus procesos productivos se realizan en Estados Unidos o en países que tengan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (lo cual excluye, por ejemplo, a la Unión Europea [UE], el Reino Unido y China).

La prueba de que esos beneficios son percibidos como una fuente de competencia desleal en la UE es el pronunciamiento conjunto de los gobiernos de Alemania y Francia titulado “Por una política industrial verde europea, una contribución franco-germana”. En él sostienen que “Las reglas existentes de ayuda estatal podrían hacerse más ágiles en el área de las tecnologías de transformación” (las que permitirían la transición hacia un crecimiento ambientalmente sostenible). Por si hubiera duda de lo que ello implica, añaden que “proponemos permitir la experimentación con subsidios y exoneraciones tributarias focalizadas”. Proponen además usar la política comercial de la UE para “preservar el mercado común de las distorsiones que provienen en particular de países que no son economías de mercado y asegurar reglas de juego equitativas”.

Aunque el énfasis está puesto en China (bajo el eufemismo de “países que no son economías de mercado”), la prueba de que esa propuesta también tiene como blanco a Estados Unidos es el hecho de que, al momento de escribir estas líneas, los ministros de Economía de Alemania y Francia se encontraban en Washington precisamente para discutir las implicaciones del acta para la reducción de la inflación. No en vano la agencia de noticias alemana DW titula así su informe sobre el tema: “Francia y Alemania viajan a Estados Unidos para evitar una guerra comercial”.

Al riesgo de iniciar un conflicto comercial con sus propios aliados hay que sumar la prohibición a cualquier empresa en el mundo de exportar hacia China microprocesadores avanzados o los medios y tecnología para producirlos, si estos cuentan con propiedad intelectual o componentes provenientes de empresas estadounidenses. Es decir, además de aplicar políticas que proveen a las empresas estadounidenses de una ventaja competitiva frente a las de sus aliados, les exige a estos últimos dejar de hacer negocios con un país cuyas importaciones representan cerca del 50% del comercio mundial en ciertos tipos de microprocesadores (o de los componentes para producirlos).

Aunque en el corto plazo las empresas con matriz en esos países no pueden sino aplicar esas sanciones, es de suponer que, a largo plazo, intenten producir los mismos bienes sin tecnología o componentes estadounidenses para sortear el efecto de las sanciones y seguir comerciando con China. De hecho, existe un precedente en la industria satelital: después de que Estados Unidos introdujera controles de exportación hacia China en 1999, empresas europeas comenzaron a diseñar satélites libres de componentes estadounidenses para evadir el efecto de esas sanciones y continuar comerciando con China.

Paradojamente, de continuar estas tendencias, podríamos tener cada vez más tecnologías y procesos productivos ambientalmente sostenibles, pero en torno a los cuales se librarían encarnizados conflictos comerciales.