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Evo Morales, sobre quien pesa una orden de arresto en Bolivia tras ser acusado por el delito de trata de personas agravado, no es el único exgobernante de la región que la pasa mal en estos días. En Argentina, Cristina Fernández sigue sumando reveses ante la justicia debido a hechos ocurridos durante sus dos períodos de gobierno, entre el 2007 y el 2015, y del de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007.
A despecho de estas pugnas con la justicia, la expresidenta no se baja del escenario político y en los últimos días les habló así a sus correligionarios: “Es importante que nos comprometamos todos y todas a generar un espacio de discusión y de trabajo, fundamentalmente, para poder debatir esta Argentina que va a ser muy compleja y que va a ser difícil también”, en alusión al gobierno de su acérrimo oponente político Javier Milei.
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A juicio oral
La Corte Suprema argentina acaba de desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández y decidió que enfrente un juicio oral por lavado de dinero y asociación ilícita a través de empresas familiares de la familia Kirchner a cambio de contratos relacionados con el Estado. En la causa, conocida como Hotesur-Los Sauces, también están procesados su hijo Máximo y varios empresarios. La denuncia fue elevada a juicio ral en el 2018, pero tres años más tarde un tribunal sobreseyó a los acusados. A fines del 2023, sin embargo, la decisión volvió a ser revocada por la Cámara de Casación.
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Tras cuernos, palos
Se trata de la segunda bofetada judicial contra la exmandataria en pocos días. A inicios de diciembre, el máximo tribunal también dictaminó que ella deberá afrontar un juicio por la firma de un acuerdo de cooperación con Irán en el 2013, que debía esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994 pero que, según la justicia argentina, intentaba más bien encubrir a cinco altas autoridades de la república islámica. Este es el caso conocido como Pacto con Irán.
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El único con condena
Recordemos que en noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta contra Fernández en la causa llamada Vialidad, en la cual se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos. La exjefa de Estado ha apelado esta sentencia y se espera la resolución última del tribunal supremo.
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Ungida por la oposición
Las desdichas judiciales de Fernández, sin embargo, no parecen ir de la mano con la buena salud política de la que goza. Hace una semana nomás asumió las riendas del peronismo en el Partido Justicialista lanzando ácidas críticas contra Javier Milei (“no nos merecemos esto los argentinos”, dijo) y esbozando la intención de postular a un escaño en el Congreso en las elecciones del 2025. Por edad (cumple 72 años en febrero), Cristina podría librarse de ir a prisión, pero si la Corte Suprema ratifica la condena ya impuesta, quedará inhabilitada para siempre de ejercer cargos públicos.
