Myanmar: la depuesta lideresa Aung San Suu Kyi es inculpada por corrupción

La exdirigente birmana Aung San Suu Kyi, derrocada en un golpe de Estado militar, ha sido inculpada por corrupción, informó el jueves el periódico oficial The Global New Light of Myanmar.

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La exjefa de facto del gobierno civil está acusada de haber cobrado “600.000 dólares y varios kilos de oro” en sobornos.

También se le acusa de haber usado de forma abusiva unos terrenos para la fundación caritativa Daw Khin Kyi, que presidía.

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Aung San Suu Kyi “fue declarada culpable de cometer actos de corrupción aprovechando su cargo. Por lo tanto, fue inculpada en virtud del artículo 55 de la ley anticorrupción”, precisa el periódico.

“Estas acusaciones son absurdas”, denunció a la AFP uno de sus abogados, Khin Maung Zaw. “El objetivo es mantenerla alejada de la escena (política) del país y empañar su imagen”.

La premio Nobel de la Paz de 1991 fue detenida el 1 de febrero por la mañana. Se enfrenta además a otros cargos que van desde posesión ilegal de walkie-talkies hasta incitación a los disturbios públicos y violación de una ley sobre los secretos de Estado.

Si es declarada culpable se le puede prohibir que ejerza cargos políticos y se expone a largos años de prisión.

Ya tiene dos juicios previstos en la capital, Naipyidó. El primero de ellos comenzará el 14 de junio.

La exdirigente de 75 años podría tener que comparecer más tarde en Rangún por la acusación de violación del texto sobre secretos de Estado.

Para justificar el golpe, la junta alegó fraudes masivos en las elecciones legislativas de noviembre de 2020, que ganó el partido de Aung San Suu Kyi.

Desde que el golpe de Estado puso fin en febrero a un paréntesis democrático de 10 años, las manifestaciones son casi diarias, la economía está paralizada por las huelgas y han resurgido los enfrentamientos entre el ejército y las facciones étnicas rebeldes.

Las fuerzas de seguridad reprimen a sangre y fuego el movimiento de protesta, con un saldo de casi 860 civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Casi 5.000 personas han sido detenidas y las ONG han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura o violencia contra las mujeres.

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