El brote de coronarivus registrado en las cárceles de Tailandia ha puesto en el punto de mira el hacinamiento del sistema penal del reino, donde algunos presos tienen menos espacio para dormir que dentro de un “ataúd”.
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Hasta el sábado, más de 25.000 personas han dado positivo en las cárceles, donde se anima a los presos que no pueden guardar distancias sociales a que lleven mascarillas incluso cuando duermen.
Para tratar de controlar la situación y reducir la superpoblación de las cárceles, las autoridades barajan la posibilidad de liberar a los presos enfermos antes del fin de la condena y han anunciado que consagrarán más medios para hacer más test y cuidados médicos.
Los presos alegan que se les ha ocultado el alcance del brote. “Los presos no saben cómo protegerse a sí mismos”, dice Somyot Prueksakasemsuk, un conocido activista que estuvo detenido en aplicación de la estricta ley de lesa majestad.
Somyot fue liberado el mes pasado y dijo a la AFP que no le habían hecho pruebas de COVID-19 durante las diez semanas que permaneció detenido.
No le preocupaba contraer el virus durante su encarcelación porque desconocía el nivel de riesgo.
“Pero después de esto tengo mucho miedo [por los que están dentro]”, “si estás en una cárcel estás en riesgo, es inevitable”, dice.
El brote en las cárceles de Tailandia se ha multiplicado exponencialmente desde los diez casos anunciados hace un mes, generando la preocupación de la población después de que un puñado de activistas contrajeran el COVID-19.
Entre ellos está la líder estudiantil Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, una de las cabecillas de las manifestaciones del año pasado pidiendo reformas políticas en el reino, y que dio positivo tras recobrar la libertad.
“Menos espacio que en un ataúd”
A principios de año había unos 311.000 presos en las cárceles tailandesas, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, más de dos veces y media más de la capacidad oficial del sistema.
Cuatro de cada cinco presos cumplen penas por tráfico de drogas debido a las estrictas leyes antinarcóticos que pueden condenar a personas a años de cárcel por posesión de unas cuantas pastillas de metanfetamina.
El hacinamiento es tal que, en algunas celdas, el espacio vital de un preso es medio metro.
“Hay menos espacio para un cuerpo que dentro de un ataúd”, dijo el ministro de Justicia, Somsak Thepsutin, a la prensa local en febrero.
Más de 36.000 presos han sido sometidos a pruebas de diagnóstico en las últimas semanas y las autoridades han empezado a vacunar a los reclusos y al personal penitenciario.
Somsak dijo que está examinando la forma de liberar antes de tiempo a presos con enfermedades, posiblemente a través de un indulto real.
Aunque sean liberados, los presos tendrán que cumplir una cuarentena antes de regresar a casa.
“Para liberar a alguien o hacer algo, debe hacerse de forma correcta”, dijo Somsak a la prensa el lunes. “No podemos permitir que propaguen infecciones”.
Los grupos defensores de los derechos humanos abogan por que el plan libere también a presos que no tienen delitos de sangre para recudir el hacinamiento.
“Las autoridades deberían reducir la población reclusa (...) de aquellos recluidos por motivaciones políticas o delitos menores”, sostiene Brad Adams de Human Rights Watch.
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