El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no decretó quitar los esquemas de seguridad a los diputados de El Salvador, no hay registro de que haya impulsado una ley así en medios de comunicación ni tampoco en los canales oficiales de la Asamblea Legislativa y Presidencia.
Publicaciones en Twitter, Facebook y YouTube con miles de interacciones aseguran que el mandatario salvadoreño promulgó quitar la seguridad personal de los diputados del país.
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“El presidente Bukele de El Salvador ordena que se les quite la seguridad la seguridad privada a los diputados !!! Ahora sabrán como es la vida normal !! Que paguen su comida !! Que paguen su gasolina !! Que paguen su teléfono !! Y si quieren seguridad privada que paguen de su sueldo !! (sic)”, asegura una publicación en Facebook que fue compartida más de 570 veces.
HECHOS: Bukele no ordenó quitar los esquemas de seguridad a los diputados de El Salvador, no hay registro de que haya impulsado una ley así en medios o fuentes oficiales, y una petición de información demuestra que en abril de este año los diputados tenían agentes de seguridad pagados con dinero público.
Sin mención en medios o portales oficiales
Una búsqueda con palabras clave en distintos buscadores demuestra que no hay referencia de este suceso en medios de comunicación o en otros portales digitales, más allá de la publicación viral repetida en redes sociales, que no aporta fuentes o pruebas.
La Asamblea Legislativa del país -con mayoría del partido del presidente, Nuevas Ideas (NI),- tampoco recoge un decreto que incluya la propuesta de eliminar la asignación de agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía salvadoreña, encargada de proveer con agentes de seguridad a los diputados.
Los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tenían en abril de este año 472 guardaespaldas asignados por la PPI, según publicó el medio salvadoreño Gato Encerrado con datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía.
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En concreto, la Asamblea Legislativa tenía asignados 396 agentes PPI para sus diputados propietarios y suplentes, mientras que la legislatura anterior tenía 400 PPI en total, cuatro más que la actual.
Polémica en 2020
El 9 de febrero de 2020 Bukele entró en la Asamblea Legislativa, custodiada por un grupo de militares y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), para llevar a cabo una sesión plenaria extraordinaria que buscaba aprobar un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
El Parlamento no estaba dominado por diputados del partido del presidente, sino por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) junto a los aliados del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano de El Salvador (PDC), con los que Bukele mantuvo tensiones hasta las elecciones legislativas de 2021.
Un día antes de la irrupción del presidente al Parlamento, el medio local la Prensa Gráfica informó que la Policía Nacional Civil (PNC) ordenó que los agentes de seguridad privada de los diputados abandonaran sus funciones, aunque después volvieron a sus puestos de trabajo.
Ninguna autoridad del Gobierno le aclaró al periódico lo ocurrido.
Críticas anteriores
En 2018, el que también fue alcalde de San Salvador (2015-2018), hizo referencia a la seguridad privada de los diputados en un tuit, en el que pedía que “por coherencia deberían aprobar una ley que prohíba el pago de seguridad personal con fondos públicos”.
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El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo dicha medida de excepción se enmarca la llamada “guerra” contra las pandillas y han sido capturados, según las autoridades salvadoreñas, más de 59.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
En resumen, Nayib Bukele, no ordenó quitar los esquemas de seguridad a los diputados de El Salvador, no hay registro de que haya impulsado una ley así en medios o fuentes oficiales, y una petición de información demuestra que en abril de este año los diputados tenían seguridad privada.
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