Primero fue Donald Trump, luego Joe Biden y, más recientemente, Mike Pence. En los últimos meses, quienes ocupan o han ocupado lo más alto del poder en Estados Unidos se han visto en problemas por su manejo de documentos clasificados, lo que ha abierto un álgido debate sobre la bochornosa forma en la que los políticos manejan los secretos del país.
El martes 24, el exvicepresidente Mike Pence reveló que se hallaron documentos clasificados en su casa en Indiana. No se conoce qué información contienen los papeles o su nivel de confidencialidad, pero el republicano ha expresado su intención de “cooperar plenamente” con cualquier investigación.
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El abogado de Pence dijo que el exvicepresidente no estaba al tanto de la existencia de los documentos, pero ordenó por precaución que se registrara su casa tras el reciente hallazgo de papeles confidenciales en el domicilio del actual gobernante Joe Biden. Tras encontrar los papeles, el equipo de Pence los puso en una caja fuerte, dio aviso a los Archivos Nacionales, la institución que tiene bajo custodia los documentos sensibles, y luego los entregó al FBI.
El bochorno para BIden comenzó cuando se hizo público el 12 de enero en la prensa que sus abogados habían encontrado un “pequeño número” de documentos clasificados en una antigua oficina en el Centro Penn Biden de Washington, poco antes de las elecciones de medio término. Los abogados encontraron después seis documentos clasificados en la biblioteca de la casa de Biden en Wilmington (Delaware). Los documentos datan de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y en la que fue senador (1973-2009).
La Casa Blanca recibió duras críticas por tardar en reaccionar y, finalmente, el gobierno garantizó su cooperación. Actualmente hay una investigación parlamentaria abierta por el hallazgo en casa del presidente.
Aunque Pence y Biden mostraron más predisposición a entregar los documentos, no ocurrió lo mismo con Donald Trump. El exmandatario republicano enfrenta una investigación judicial por haberse quedado con cajas enteras de documentos cuando salió de la Casa Blanca en el 2021.
Con su característico tono beligerante, Trump dijo ser víctima de persecución y se resistió a entregar los documentos. Para recuperarlos, la policía federal realizó hace unos meses un espectacular allanamiento en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Un tema de seguridad
Se trata de un tema muy sensible para Estados Unidos. La orden de allanamiento de la residencia de Trump enumeraba principalmente dos leyes penales vulneradas en el caso. Primero está la Ley de Espionaje, que tipifica como delito la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional, la obstrucción y la ocultación o destrucción de documentos gubernamentales.
En segundo lugar está la Ley de Registros Presidenciales, que data de 1978 y obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
Tanto Biden como Trump enfrentan investigaciones del Departamento de Justicia por manejo indebido de material clasificado.
Del caso de Trump hay más detalles. El Departamento de Justicia anunció que abrió la investigación después de que el expresidente devolviera 15 cajas de material a los Archivos Nacionales en enero. Cuando los archivistas examinaron el material, encontraron más de 150 documentos marcados como clasificados y remitieron el asunto al departamento, recuerda “The New York Times”.
La analista internacional Brenda Estefan afirma que la nueva revelación sobre Mike Pence no hace más que confirmar que, más allá del partido político o de la persona, existe una violación constante a la ley del manejo de información confidencial en Estados Unidos.
“Claramente estas leyes han sido violadas por diferentes personalidades, quizá algunos con ánimos de mantener un archivo personal, otros para esconder cierta información. El tema es que evidentemente hay una vulnerabilidad ante el manejo de esta información que debiera ser altamente confidencial, que debiera ser información de seguridad nacional. Todo esto hoy vuelve al gobierno de Estados Unidos más vulnerable”, dice a El Comercio.
Consecuencias políticas
Para analizar las consecuencias de los hallazgos en los involucrados es clave entender las diferencias entre los casos. “The New York Times” recalca que “en el caso de Trump, los Archivos Nacionales le pidieron que devolviera los archivos faltantes (en última instancia, más de 300) en el 2021. Trump demoró en responder, luego no cumplió completamente con una citación y dijo falsamente que lo había hecho, lo que provocó una búsqueda del FBI autorizada por la corte en agosto del 2022 para recuperar los documentos”.
En tanto, en el caso de Biden, la Casa Blanca ha dicho que los abogados del presidente descubrieron un lote de documentos el 2 de noviembre del año pasado en la oficina de su grupo de expertos, un segundo lote el 20 de diciembre en su casa de Delaware y seis páginas adicionales en enero de este año en la misma residencia. Tras el hallazgo se alertó inmediatamente a los Archivos Nacionales.
Otro detalle crucial, apunta el medio es que Trump parece haber destruido y dañado documentos oficiales; no hay ninguna acusación de que Biden lo haya hecho.
“La reacción de los políticos ha sido muy diferente. Donald Trump se mostró bastante reacio, al grado de que tuvieron que ir a Florida, entrar a su casa y hacer el cateo. Al otro lado están quienes han entregado voluntariamente los papeles, digamos que se han ido ablandando las posiciones. Diría que la reacción de Trump fue más extremista, la de Biden intermedia y la de Pence ha sido la de aportar todo de inmediato”, comenta Estefan.
Aunque Biden ha restado importancia al episodio, el tema se ha convertido en un lastre político mientras el jefe de Estado se prepara para iniciar su campaña de reelección. Algo similar se podría decir de Pence, quien también se está perfilando como uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana.
Estefan cree que el objetivo político de Biden es minimizar el hecho, cooperar con la justicia y mostrar un contraste con Trump, una movida necesaria cuando los demócratas critican constantemente al republicano y cómo gobernó al país.
“Biden busca demostrar que él sí está actuando de buena fe, entregando todo lo que se pide y cooperando con las autoridades judiciales. Yo creo que ese es el mensaje que quiere enviar para que este tema no interfiera con su interés de volver a postular a la presidencia en el 2024″, apunta Estefan.
En cuanto al impacto para Trump, el expresidente republicano hace oído sordos a las críticas, al igual que la base del electorado que le pide que retorne a la Casa Blanca.